Un negocio difícil de explicar

El 24 de julio de 2014 la IM puso fin al contrato que la unía con la empresa ATT Ambiental desde hacía más de una década. El vínculo había quedado formalizado el 28 de abril de 2003 cuando Mariano Arana, en su calidad de intendente, y María Julia Muñoz, como secretaria general, firmaron la Resolución Nº 1607/03, concediéndole el arrendamiento del predio denominado Nº 2, ubicado en Camino Oncativo y Camino Cepeda, por un precio mensual de 215.000 pesos, a los efectos de instalar una planta para el tratamiento de residuos sanitarios contaminados (RSC) con tecnología de microondas.

En el mismo acto, la IM adjudicó a la empresa Aborgama (Ducelit SA) el predio Nº 1, contiguo al de ATT, por un precio mensual de 166.500 pesos, en su caso para la construcción de una planta con tecnología autoclave. Ésta consiste en someter los residuos “a altas temperaturas mediante la inyección directa de vapor saturado a presión para destruir todas las formas de vida”, tal como lo define la web institucional de la firma. Con el paso del tiempo y los ajustes respectivos, cada una de estas empresas abona a la IM unos 500.000 pesos mensuales. La planta de Aborgama sigue habilitada, y de hecho, según lo comprobaron las sucesivas inspecciones de la IM, es la única que funciona desde 2003.

Entre los fundamentos para la rescisión del contrato figura que ATT “incurrió en importantes demoras, primero en la construcción de obras, luego en la puesta en operación de las instalaciones, así como en la obtención de las diferentes autorizaciones correspondientes; a modo de ejemplo, la Autorización Ambiental Previa fue obtenida recién en diciembre de 2006, siendo aprobada la Autorización Ambiental de Operación en 2009, además de solicitar cambio de tecnología, escritos varios justificando sus atrasos, etcétera”, según se lee en la resolución 3171/14 rubricada en julio por la intendenta Ana Olivera y el secretario general, Ricardo Prato.

El documento aporta otros datos que evidencian que ATT se embolsó casi tres millones de pesos entre 2012 y 2014 (precio que pactó con ASSE para recolectar los residuos en el hospital Piñeyro del Campo, el Portal Amarillo y el Instituto de Reumatología) sin realizar el servicio. Eso surge de la resolución de clausura, en la que la IM consigna que la planta de ATT “operó durante un mes en 2010 (del 14 de abril al 14 de mayo) procesando un volumen pequeño de residuos, debiendo detener su funcionamiento y cumplir con requisitos exigidos por el Ministerio de Industria, Energía y Minería; una vez superada dicha instancia, la planta siguió sin operar a pesar de los plazos comprometidos y las multas aplicadas”.

La IM ya la había intimado a que iniciara los trabajos bajo apercibimiento de dejar sin efecto el contrato. Pero salvo durante ese mes en 2010 no cumplió lo convenido, aunque sí abonaba el alquiler del predio, cifra que, incluso sumando todos los meses desde 2003 a 2014, supera ampliamente lo recibido por ASSE. ATT procuró por todos los medios administrativos impedir la clausura, pero no lo consiguió y ésta se concretó en agosto. Terminó entregando el inmueble en setiembre, “pasando esta Intendencia a ser titular de pleno derecho de todas las mejoras, construcciones e instalaciones”. En custodia del bien quedó el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Juan Canessa, quien a mediados de enero le dijo al informativo de Tevé Ciudad que en febrero seguramente se llame a licitación para adjudicarla a otra empresa, luego de que ASSE declinara hacerse cargo. (Ver “Cuadro clínico”).

La información recabada por la diaria indica que en las inspecciones que efectuaron distintas dependencias de la IM se comprobó no sólo que ATT estaba inactiva, sino además que el predio que le correspondía y la planta de tratamiento eran usufructuados por Trenal SA o Aborgama, y que las tres estarían asociadas para repartirse el mercado, complementándose para regular los precios y complicando por esta vía la participación de nuevas compañías en el negocio. Este punto está siendo investigado por la IM para determinar si estos hechos configuran también una violación del contrato por parte de Aborgama.

Rastros de la coordinación entre estas compañías se detectan en varias situaciones. Por ejemplo, Aborgama y ATT recurrieron sin éxito una modificación realizada por la IM al pliego original que habilitó la construcción de otras plantas en Montevideo, lo que antes estaba prohibido. El 25 de enero de 2010 la comuna dio por laudado el tema apoyándose en un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y concluyó que “no asiste razón a los impugnantes”, ya que en el pliego se dejaba constancia de que debían “operar en el mercado dentro de la libre competencia y no tienen derecho a reclamar la subsistencia de la prohibición establecida”.

Todo lo mismo

De los datos reunidos por la diaria, las denuncias judiciales de Ecotecno y las resoluciones del TCR, surge que tanto ATT como Trenal serían empresas satélites de Aborgama. Antes de desembarcar en Montevideo, Trenal tenía su asiento en Salto, donde en 2007 le clausuraron la planta por reiteradas irregularidades, que iban desde el mal funcionamiento del horno incinerador hasta contrabando en los camiones. Desde entonces sólo está autorizada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para realizar el transporte de RSC, aunque en su página web ofrece un servicio integral, describiéndolo desde “la capacitación, pasando por el retiro, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos”.

Distintas fuentes coinciden en que el grupo concentraría cerca de 80% de la recolección de residuos hospitalarios públicos y privados, siendo Aborgama la cabecera. “Son la misma cosa”, resumió, por su parte, una fuente del Ministerio de Salud Pública (MSP). La existencia de acuerdos, a veces explícitos y otras no, es lo que Ecotecno califica como conducta monopólica y competencia desleal, ya que siempre se presentan a las licitaciones con propuestas económicas que pactarían previamente para asegurarse una parte del mercado gane quien gane. Por otro lado, en varios centros se constataron irregularidades tales como que Aborgama le facturaba el doble a ASSE que a una mutualista, pese a que ambas atendían una población similar y generaban cantidades parecidas de residuos.

Inspecciones llevadas a cabo por el MSP establecieron que en centros a los que debería concurrir ATT para retirar las tarrinas con los desechos contaminados, en realidad pasaba Trenal o Aborgama. Detalles sobre este tipo de maniobras también son consignados en informes internos del MSP, en resoluciones sucesivas del TCR -como las aprobadas el 21 de noviembre de 2012, cuando observaron por primera vez el gasto de las dos licitaciones convocadas por ASSE, una para el Área Metropolitana (43/12) y otra para el interior del país (27/12)-. Los ministros señalan que las ofertas de Trenal y ATT incluyeron “notas que manifiestan acuerdos con Aborgama-Ducelit SA y Trenal SA, respectivamente”, que implican que en todos los casos Trenal “realizará el transporte de los residuos en caso de ser adjudicataria”, o si lo fuere ATT, “Trenal asumirá dicha prestación”.

Té para tres

En este contexto, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC), que funciona desde 2009 como organismo desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encontró motivos suficientes para investigar si las tres firmas conforman un monopolio e incurren en prácticas de competencia desleal. El caso fue aceptado en abril de 2014 tras analizar la demanda de Ecotecno.

Las firmas cuestionadas interpusieron un recurso de revocación y un recurso jerárquico contra la Resolución 29/014 de la comisión, pero sus objeciones de fondo no fueron contempladas. Así se desprende del informe 65/014 del 8 de julio, en el que Luciana Macedo y Adriana Riccardi, presidenta y comisionada de la CPDC, respectivamente, reafirman que “existe mérito” para continuar con las actuaciones tendientes a dilucidar si las “recurrentes incurren en las prácticas presuntamente anticompetitivas” detalladas en los literales E y G del artículo 4º de la Ley Nº 18.159. El literal E prohíbe “coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados” (algo que para el TCR está demostrado), mientras que el G impide “obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo”.

El 26 de octubre, Gimena Martínez García, de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Secretaría del MEF, elevó un memorándum al titular de la cartera, Mario Bergara, con varias recomendaciones, entre ellas la conveniencia de revisar la pertinencia de las pruebas solicitadas por Ecotecno para demostrar que “se ha visto impedida de competir” en el rubro. El ministro compartió ese punto por entender que algunos de los datos pedidos eran “cuestiones sensibles a la privacidad” empresarial, y ordenó un nuevo examen de valoración con “estricta racionalidad a la determinación del caso”.

En otra parte del informe, la asesora desestima lo sostenido por Ecotectno sobre que Dinama y ASSE también promueven prácticas anticompetitivas. La firma afectada fundamentó que Dinama no “realiza los controles en forma ecuánime” y que ASSE, al no contratarla, le obstaculiza el acceso al mercado. Para la funcionaria, los organismos no son alcanzados por la regulación de la ley. Se espera que en los próximos meses esta pesquisa finalice y se conozca el dictamen.

la diaria no pudo obtener la versión de ninguna de las empresas sobre estos hechos. Annel Garmendia, de Aborgama, se excusó en el bajo perfil que ha desarrollado la empresa desde que comenzó a operar en 1997. En cuanto a ATT, el teléfono de contacto que figura en la web institucional -correspondiente a una oficina en la capital- es atendido desde hace semanas por la contestadora y no fue posible comunicarse con su representante legal. Lo mismo ocurrió con los propietarios de Trenal.

Ponele precio

“Y mirá que nosotros no dejamos de ganar, no estamos en esto para hacer caridad”, dijo a la diaria Ariel Lezaeta, uno de los directores de Ecotecno, firma que integra el grupo Macri de Argentina. Lezaeta aseguró que lo que les está pasando ya les ocurrió a otras empresas antes que a ellos. Afirma que le cuesta entender cómo la empresa puede quedar afuera a pesar de ofertar “hasta 600% menos que Aborgama”. Todo esto, sostiene, les está dificultando insertarse en el circuito. “Donde no tienen competencia cobran a ASSE 50 a 80 pesos el kilo, siendo que donde nos descalificaron injustamente (licitaciones 43/12 y 27/12) cotizan 11 a 24 pesos”, cuestionó el entrevistado.

Ecotecno dice poseer unos 140 clientes en todo el territorio, a los que brinda el servicio completo, desde la recolección hasta la disposición final, previo tratamiento de los desechos por autoclave en la planta que posee en Las Piedras.

Lo sucedido en torno a ese proyecto canario incluso es colocado por el empresario como uno de los ejemplos del lobby que ejercerían las empresas en ámbitos públicos y privados, con el aparente fin de obstaculizarles la entrada al negocio. Lezaeta atribuye a “presiones” la decisión que en su momento tomó el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, cuando el 16 de octubre, cinco días antes de la fecha de inauguración de la planta procesadora, contradijo las resoluciones de dos divisiones de la comuna -Dirección General de Gestión Territorial y Vivienda y de Acondicionamiento Urbano, además de contar con la habilitación para operar de la Dinama- que habían dado el visto bueno a la puesta en marcha de la planta de Ecotecno.

Dos meses después, y por orden de la jueza de Las Piedras Rosario Sapelli, la comuna canaria tuvo que dar marcha atrás, y desde entonces Ecotecno empezó a convertirse en competidora real de Aborgama al ofrecer “el mismo tipo de tratamiento pero a un costo mucho menor”, sintetizó Lezaeta. La magistrada sentenció que la resolución de Carámbula “lesionó con ilegitimidad manifiesta derechos fundamentales” de rango constitucional “sin motivos” al negarle el inicio de la operación a una planta en la que había invertido un millón de dólares, luego de capacitar a su personal y adecuarse a la normativa.

Según cuenta Lezaeta, en cada ocasión en la que se abre una licitación pública o privada convocada por los principales generadores de RSC, tras la apertura de ofertas se activan mecanismos que terminar desplazándola a un segundo lugar y la adjudicación queda para alguna de sus rivales, o para las tres. Sin embargo, el vocero de la empresa considera que el mercado se está abriendo de a poco. Una prueba sería que aumentó su demanda por parte de pequeños y medianos generadores de RSC, por ejemplo veterinarias y odontólogos, quienes vieron reducido a la cuarta parte el costo mensual del servicio.

De acuerdo con los datos aportados por el empresario, también se encargan de las policlínicas de la IM, de ocho cárceles, y desde el 29 de enero del hospital central de las Fuerzas Armadas; en este caso sí se impusieron a Aborgama y Trenal, con un precio de 15 pesos más IVA el kilo de RSC.

Así lo hace

Para el TCR, ASSE mantiene desde 2000 contratos fuera de la ley con Aborgama, Trenal y ATT. En sucesivas resoluciones, el organismo marca su punto de vista sobre el proceso licitatorio y las razones de ASSE para desechar en 2012 la oferta de Ecotecno, la mejor desde el punto de vista económico, pero que, por ejemplo, no tenía autorización ambiental operativa al momento de la licitación. El TCR admite que esto era así, pero añade que las empresas que resultaron ganadoras tampoco contaban con este aval, al no haber actualizado su operativa al nuevo decreto de 2009.

Actualmente estarían sin servicio los tres centros generadores de RSC que tenía asignados desde 2012 ATT (Piñeyro del Campo, Reumatología y Portal Amarillo) y que eran parte de la licitación 43/12 de ASSE para el área metropolitana, que, junto con la 27/12 para el interior del país, encierran el fondo del asunto. Cuando se conocieron las ofertas, en 2012, Ecotecno fue descalificada a pesar de tener la mejor opción económica.

De acuerdo con los documentos a los que accedió la diaria, una comisión asesora creada por el directorio de ASSE para analizar las propuestas de todos los oferentes concluyó que lo mejor era declarar el llamado desierto, de alguna manera dándole razón a Ecotecno en lo que hace a la sobredimensión del precio por kilo de basura.

A principios de agosto de 2012, un mes después de entrar en funciones, los cuatro integrantes de la comisión apelaron a un informe del Departamento Asesor Contable Financiero para alertar que no surgía “una correlación razonable entre los precios ofertados, los kilogramos de residuos y las frecuencias solicitadas en el pliego”. Asimismo, dejaron constancia de que “se establece un sistema de actualización de precios que no se corresponde, a nuestro juicio, con los gastos de funcionamiento de los distintos oferentes”. “Dada la ambigüedad y amplitud de la terminología empleada en el pliego licitatorio” y que “ninguno de los oferentes ha cumplido cabalmente los requisitos”, los asesores sugieren “la anulación total de las presentes actuaciones, dejando sin efecto los procedimientos objeto de estos obrados”.

El directorio de ASSE decidió avanzar y formó otro grupo, en este caso para negociar ambas licitaciones con Trenal, Aborgama, Olecar (empresa radicada en Cerro Largo) y ATT para que mejorasen su propuesta económica, lo que finalmente ocurrió. Este proceso desembocó el 22 de agosto de 2012 en la adjudicación del servicio y las empresas en cuestión.

Con la adjudicación de la licitación 27/12 para los centros del interior del país, por un lapso de dos años, el reparto del negocio fue de 40.520.046 pesos para Aborgama; otros 38.994.662 pesos para Trenal, mientras que Olecar obtuvo 40.412.818 de pesos. La otra licitación, la 43/12 del área metropolitana, implicó para Aborgama 43.405.962 de pesos, para Trenal 25.441.267 de pesos, para Olecar 10.530.412 de pesos y para ATT 2.938.819.

Estas dos convocatorias tienen como antecedente inmediato la licitación pública 110/08, mediante la cual ASSE llamó a interesados para cubrir los mismos servicios. El proceso fue casi idéntico, aunque sin la participación de Ecotecno, que todavía no había desembarcado en el país. En aquel entonces el TCR también observó el gasto que se plasmó en la resolución de fecha 12 de noviembre de 2008, mediante la cual ASSE adjudicó el servicio en todo el país a las mismas empresas que en 2012 volverían a ganar. El tribunal objetó, entre otras cosas, que en el marco de las negociaciones posteriores a la apertura del llamado el organismo estatal modificó los plazos de concesión de uno a dos años, prorrogables por igual período, alegando haber obtenido descuentos sustanciales.

Cumplidos los cuatro años establecidos, ASSE licitó nuevamente los servicios. Actualmente, y a raíz de la clausura de ATT por parte de la IM, ASSE debió hacer un nuevo llamado para atender a los tres centros que tenía asignados la empresa: Piñeyro del Campo, Reumatología y Portal Amarillo. En agosto de 2014 lo hizo mediante la licitación 437877, a la cual se presentaron, según la información reunida por la diaria, Trenal, Aborgama y Ecotecno, habiendo sido esta última la que propuso el precio más conveniente. Sin embargo, ese pliego nunca fue adjudicado, y ASSE puso a circular uno nuevo (443475) que en realidad es igual al anterior. Ninguna de las dos ha sido completada aún. En la página web de compras estatales figuran en trámite, por lo que no queda claro quién se está haciendo cargo de la recolección y tratamiento en los centros mencionados.

Salvo estos dos últimos llamados, producto del cierre de ATT, todas las demás cuestiones están siendo investigadas por la Justicia de Crimen Organizado. Ecotecno presentó dos denuncias en junio y julio: una por competencia desleal y otra por sobrefacturación. Las pesquisas fueron ratificadas por la parte interesada, pero entraron en un impasse -como tantas otras hacia fines del año pasado por el conflicto salarial que se desató en el Poder Judicial-, que terminó ayer, al finalizar el receso de verano.