El presidente Tabaré Vázquez presentó el domingo en cadena nacional de radio y televisión los primeros pasos que dará su gobierno basándose en tres áreas: política y gestión de gobierno, diálogo social, y derechos humanos.

En cuanto al primer punto, anunció que la descentralización “tendrá un nuevo impulso” en los departamentos y municipios, y que para lograrlo se elaborará un plan quinquenal para trabajar en conjunto. En el programa del Frente Amplio figura explícitamente la necesidad de generar un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las intendencias sobre el “monto y los compromisos de gestión” del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y tiene como objetivo financiar proyectos de desarrollo territorial y descentralización. Además, el programa estipula que se definirán por ley “las transferencias de recursos económicos [del gobierno nacional] a las ciudades capitales que presten servicios al país en general”, que el traspaso será “acompañado de la capacitación adecuada”, y que no se dejará “liberado a la decisión política de cada gobierno departamental”.

Con respecto al ámbito judicial, en el programa sólo figuran un par de líneas que plantean “fortalecer la capacidad institucional de las instancias judiciales, policiales y de las fiscalías”, y la necesidad de reformar el Ministerio Público y Fiscal para garantizar “la carrera profesional de los magistrados fiscales”. Del papel al hecho, Vázquez anunció que enviará un proyecto de ley al Parlamento para convertir las fiscalías en un servicio descentralizado con control parlamentario.

En el área de diálogo social, el presidente aseguró que convocará a la sociedad civil a participar en el Foro Uruguay 2050 durante el segundo semestre de 2015, que pretende generar una agenda global para el país. No habló sobre lo estipulado en su programa de gobierno, una reivindicación de años de la sociedad civil: que “el Frente Amplio plantee la sanción de las leyes necesarias para hacer su histórico postulado de integrar los directorios y de los entes autónomos y servicios descentralizados con la participación de representantes de los trabajadores y usuarios como hoy sucede en el Banco de Previsión Salud y la Administración de los Servicios de Salud del Estado”.

En cuanto a las políticas públicas y sociales, Vázquez reiteró que entregará tablets gratuitamente a los jubilados; pero no habló de reinstaurarles el aguinaldo, ni de rever la tasa de reemplazo jubilatorio, ni la modificación del sistema de aumentos a los jubilados, todas propuestas de su programa.

El presidente también habló sobre el Sistema Nacional de Cuidados, y confirmó que enviarán proyectos de ley en ese sentido. Aunque no los especificó, el plan de gobierno establece que se incluirá el financiamiento del sistema en el presupuesto quinquenal 2015-2020 y se considerarán las fuentes privadas y mixtas “que se comprometerán en el marco de un modelo de financiamiento que sea progresivo, solidario y sistémico, promoviendo su gestión unificada a través de un fondo”.

A su vez, en el ámbito de cuidados se establece la ampliación de la cobertura de los servicios públicos sociales, formalizar por ley la tarjeta Uruguay Social, etcétera. Entre otros planteos, se estipula “generar un protocolo de actuación y toma de decisiones en caso de incumplimiento [de las condiciones que se exigen para obtener las Asignaciones Familiares] que refuerce el objetivo de revinculación a los sistemas educativo y de salud. En ese sentido, se entiende necesario considerar la adecuación de la oferta de servicios con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento de las exigencias de controles y asistencia”. Meses atrás, la nueva ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, declaró al diario El País que rechaza las contrapartidas en los planes sociales porque “culpabiliza” a los beneficiarios.

Acerca del 6% del Producto Interno Bruto que prometió destinar a la educación durante la campaña electoral y que establece su programa de gobierno, Vázquez no dijo nada. Tampoco habló sobre la recuperación edilicia del sistema educativo. Sí confirmó que creará un sistema integrado que englobará a niños y jóvenes desde los tres a los 14 años, que cambiará el marco curricular y que monitoreará los resultados con el objetivo de que en 2020 el 100% de los menores de 17 años estén en el sistema educativo y que 75% de ellos haya terminado la enseñanza media.

En el terreno de la salud, el presidente anunció que combatirá al alcohol, no precisó qué políticas desarrollará, pero el programa de gobierno plantea la promoción de “la aprobación de una nueva normativa en materia de drogas, mediante un marco legal general sobre la producción, acopio, distribución, expendio y uso de sustancias psicoactivas (incluyendo tabaco y alcohol) potencialmente riesgosas y dañinas para la salud”.

En materia de derechos humanos, Vázquez confirmó la creación del Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura y velar por el cumplimiento de las sentencias contra el Estado. “La sociedad no admite ni medios ni dobles discursos: es nuestro deber moral darle a la sociedad la paz y la seguridad que necesita para desarrollarse con confianza. Para ello debemos asumir la responsabilidad de buscar con la mayor energía para encontrarlos”, se asegura en las bases programáticas frenteamplistas. También se estipula reforzar con “recursos humanos y materiales las instituciones” implicadas.