Así como las Fuerzas Armadas de Uruguay y de la región han virado los paradigmas de seguridad nacional y las hipótesis de conflictos a la preservación y protección de los recursos naturales, algunos sectores de la Policía empiezan a poner la mira en las cuestiones ambientales teniendo en cuenta las nuevas competencias que le asignó la nueva ley orgánica en material ambiental, aprobada en febrero, y que empieza a regir en 2016. El artículo 4º de dicha norma le otorga a la Policía Nacional -por intermedio del literal H- el deber de “participar en los operativos que determinen las autoridades competentes, en casos de grave riesgo, catástrofe o en materia de protección del medioambiente y recursos naturales”, como mención más específica.

El jefe de Policía de Durazno, Sergio Guarteche, explicó que la unidad que comanda fijó desde el 1º de marzo uno de sus nortes en esa dirección. “Visto la contaminación ambiental que se acrecienta día a día en nuestras comunidades, la Jefatura de Policía de Durazno procura capacitar sus recursos humanos en la prevención de los daños ocasionados al medioambiente”. Bajo esta premisa comenzó el 21 de abril un ciclo de charlas que apunta a la capacitación permanente en materia ambiental, con la perspectiva de convertir al policía en un triple agente: educativo, receptor y tramitador de denuncias y articulador interinstitucional.

Para alcanzar esos objetivos creó un centro de capacitación permanente para el personal. “La base de todo está en el conocimiento. Yo no quiero cantidad de policías sino calidad de policías. Y la calidad responde justamente a esa capacitación permanente que debe tener el funcionario para responder a las nuevas realidades que se dan día a día”, explicó Guarteche a la diaria. El centro de capacitación permanente no se agota en lo ambiental, aunque sí forma parte de las preocupaciones centrales. Por eso los primeros cursos abordan esta realidad. El evento inaugural fue el 21 de abril en el salón de honor de las jefaturas y se tituló “Manejo Seguro de Productos Fitosanitarios”, un tema “del que la Policía estaba ausente por no tener conocimiento”, remarcó Guarteche. Lo impartieron técnicos de la Dirección General de Servicios Agrícolas y del Área de Tecnologías de aplicación de productos fitosanitarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El próximo estará a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente y el tercero de la Dirección Nacional de Agua.

“En Durazno vemos el mismo panorama que estamos viendo en todo el territorio, que están siendo muy afectadas las aguas por estos productos, por el mal manejo de estos productos, e incluso por los envases, ya que muchas veces por ignorancia la gente los lava en el río o en los afluentes y eso está causando un daño machazo, todo por desconocimiento”, detalló el jerarca. Valoró como “importantísimo” el hecho de que “el policía que está en campaña conozca la normativa y al mismo tiempo trate de educar a la gente, en un trabajo sobre todo preventivo”.

Se aportó información sobre el daño y el alcance que pueden tener estos químicos y las medidas de seguridad que deben adoptarse para el manejo y el acopio, de dónde debería extraerse agua para lavar los envases o las máquinas aplicadoras, conocidas como mosquito por sus largos brazos rociadores de agroquímicos. “Acá se planta mucho la soja, que requiere justamente los productos adecuados” para su siembra, dijo en alusión a los fitosanitarios que están en el centro de las denuncias de decenas de comunidades en todo el país.

Guarteche aclaró que si bien los funcionarios no están habilitados para intervenir, por ejemplo, ante la violación de las distancias mínimas a centros poblados, escuelas rurales o cursos de agua que se exigen para poder fumigar, conocer estas normas los convierte en un actor clave para comunicar rápidamente la situación al MGAP o la institución que corresponda en cada circunstancia.

Una situación de estas características se dio recientemente en Durazno en otra de las áreas que convocan el interés policial, como lo es la deforestación del monte nativo. Guarteche contó que a principios de abril y en el marco de un procedimiento de la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato, se detectó la tala sin autorización de aproximadamente una hectárea de monte nativo en un establecimiento ubicado en paraje La Curva, y un depósito con unas 40 toneladas de leña, en su mayoría coronilla y guayabo. Se dio intervención a la Dirección General Forestal, cuyo personal continuó con el operativo y dispuso que la leña no pueda ser movida del predio, al tiempo de aplicar las multas correspondientes al propietario. “La deforestación nos impacta muchísimo: hay una demarcación del río que va acercándose a la ciudad”.