-¿Cómo evalúa la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador?
-En general contribuyó a que mejoraran las medidas en materia de salud y seguridad. Logramos poner en la agenda un tema que estaba enterrado, y cuando los temas están enterrados no movilizan. No es suficiente, pero es indiscutible que la situación cambió positivamente. Durante el debate se decía que iba a crear encarcelamientos a mansalva por cualquier circunstancia, un trabajador se tropieza y alguien va preso. Se asociaba el proyecto al accidente, un componente muy malintencionado; del otro lado estábamos los que decimos que se asocia a casos graves de incumplimiento de la normativa [de seguridad y salubridad]. No hay duda de dónde está la razón. También se decía que si se aprobaba no se iban a tomar más medidas. Por favor, para dejar de tener sed tengo que tomar agua, para retroceder la siniestralidad hay que tomar más medidas.
-¿Qué otras medidas?
-Durante el debate, todos, empresarios y trabajadores, estuvimos de acuerdo en que la legislación está muy atrasada, que es necesario avanzar en una Ley Integral de Salud y Seguridad del Trabajo. En Uruguay hay 50.000 accidentes al año registrados, otro tanto sin registrar, sigue muriendo casi un trabajador por semana. Colocar el tema arriba de la mesa nos va a ayudar a generar conciencia de la relación íntima que existe entre trabajo precario y accidente y siniestro, y poder combatir la idea absurda de que el accidente es resultado de la fortuna y el azar. Tendría como puntos principales la educación, que obligatoriamente haya cursos al ingreso, con nociones básicas en materia de salud y seguridad. También queremos que el tripartismo tenga un papel central, garantizar que haya delegados en todos los centros de trabajo y formación en un plazo breve, aumentar las facultades inspectivas para que el delegado pueda detener la tarea ante circunstancias de determinada gravedad.
-¿Tiene pensada alguna normativa relacionada a la seguridad social?
-Pienso que ensanchar jurídicamente la cobertura social es lo que mejor te prepara si un ciclo económico cambia, tenés mayores herramientas para dar respuestas sociales y que no suban los indicadores de pobreza. Uruguay merece una revisión de las actividades bonificadas. La cátedra de Salud Laboral de la Universidad de la República [Udelar] está teniendo una discusión profunda acerca de las actividades bonificadas y las tasas de reemplazo por sector. En la pesca, por ejemplo, se sufre de envejecimiento precoz, en Argentina establecieron un mecanismo a la hora de fijar las tasas de reemplazo: 25 años valen como 35. También estamos viendo la posibilidad de ampliar el seguro de desempleo, para que haya menos exigencias a la hora de acceder a él. Las ramas de actividad doméstica, la pesca, la construcción tienen una altísima rotación en el trabajo. La tecnología hace que si antes construías una torre en seis meses, ahora lo hacés en tres. Hay que generar condiciones que acoplen las circunstancias del seguro de desempleo a los procesos de trabajo, que en vez de que tengas que cubrir 150 jornales y contar dos años para atrás, sean 120… eso se verá con la negociación. También hay otro tema: los mayores de 50 años tienen una enorme dificultad para conseguir trabajo, y queremos abrir la discusión sobre si pensamos en una sociedad para el varón de 25 a 40 años o una sociedad inclusiva. Lo mismo pasa con el tema de la discapacidad. 16% de los uruguayos tiene alguna discapacidad, es el sector que más dificultad tiene para acceder al trabajo. Hay legislaciones, en Brasil desde los 90, en Ecuador más recientemente, que establecen que no solamente deben habilitarse cupos de acceso al trabajo para la actividad pública, sino también para la actividad privada. En Uruguay tenemos establecido para la obra pública 4%, que además incumplimos, apenas rozamos 1%. Debemos desafiarnos a pensar la organización del trabajo de forma tal que abramos espacio para los que tienen discapacidad. También estamos pensando en licencias especiales para los padres que tienen hijos con discapacidad. Estamos viendo con Inefop [Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional] si será posible que cubra esas horas para que no sea un tema económico de fondo y no sea una circunstancia que termine generando medidas en contra de tomar personas con hijos con discapacidad. Hay que redondear.
-¿Qué piensa sobre el decreto del Poder Ejecutivo sobre el Fondo para el Desarrollo [Fondes]?
-Partimos de la base que tenemos un problema. [El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio] Lula da Silva decía que cuando los recursos del Estado van para el pobre se le dice gasto, y cuando van para una empresa internacional se le dice inversión. En general existe la tendencia de que a cualquier proyecto asociativo autogestionario se le pone la lupa arriba para ver si diez pesos más o diez pesos menos, y si hay una gran empresa, como Fripur [que elabora comidas congeladas con productos del mar], que tiene las deudas que tiene con el Banco de la República Oriental del Uruguay [BROU], hay menos intensidad en la discusión acerca de qué hacemos con esa empresa, si nos la quedamos, por ejemplo. Cuando una cooperativa tiene problemas, generalmente se la carnea. Es un debate político. El Fondes se está debatiendo de manera pésima, la percepción pública es que de un lado hay una manga de locos que son tan irresponsables que les encanta tirar la plata del Estado en cualquier emprendimiento que se funda, y por otro lado parece que estuvieran los neoliberales enemigos del cooperativismo. Se ha desfigurado la discusión. El decreto no fue oportuno, hay que discutir sobre el proyecto de ley alejándonos del debate absurdo. Si uno parte del razonamiento de que hay que darle estatus legal al Fondes, lo que es una garantía para que exista independientemente de la administración, sería contradictorio no darle un mínimo de recursos para que exista.
-¿Qué establece la propuesta sindical?
-Que tiene que haber un porcentaje del BROU y del Fondes para las economías autogestionarias, para habilitar a otros componentes de la economía nacional que no accedan al crédito del banco a que se puedan establecer. Yo comparto esa opinión. Es cierto que muchos de los recursos que tiene el Fondes no se han volcado porque no tenemos suficiente cantidad de proyectos como para hacer frente al porcentaje de la utilidad del BROU, pero ojalá tengamos una discusión mañana en que pidamos más porque no nos alcanza ese porcentaje de utilidades, porque generamos la condición organizativa de la sociedad de propuestas de mayor intensidad.
-¿Qué piensa sobre el ingreso de Uruguay a las negociaciones del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés)?
-Los problemas de Uruguay son de base productiva, no comerciales. Para pensar sustentablemente tiene que dejarse de pensar en las ventajas comparativas estáticas, y pensar en cambios en la matriz productiva. Es muy difícil pensar esto en la base de la economía de libre comercio, porque la experiencia dice que se termina profundizando la matriz primarizadora. El Pepe [Mujica] decía “libre comercio para vendernos, pero no para comprarnos”. Sí es necesario profundizar la integración regional; debemos ver las relaciones internacionales desde el Mercosur y pensar otros mecanismos. El debate sobre el TISA es de comedia, la información ha sido muy poca. Partimos de la base de que a nivel de direcciones de los partidos se sabe poco, y de ahí para abajo es chino básico. El canciller dijo que las negociaciones más exitosas son las que no se conocen. No ha existido el debate nacional suficiente para un tema que involucra una cuestión muy pesada. Es sensato reclamar el debate. Tiene que estar claro que estamos negociando en un ámbito donde lo que está arriba de la mesa es la normativa nacional. Para los países pequeños termina profundizándose la dependencia.
