A una semana de que se cumpliera el primer aniversario de la Ley de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó ayer en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) una puesta a punto de la ley que “sacudió” el sistema financiero local.
La primera etapa de reglamentación se concretó con la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras que se realicen con tarjeta de débito o de crédito, hecho que produjo “un movimiento del statu quo del sistema financiero”, dijo Vallcorba. Uruguay partía de un estado de “reducida profundidad financiera”, así como de “baja cobertura” de los servicios y “escasa intensidad” en el uso de los instrumentos, en parte, porque había “ineficiencia en el sistema de pagos”. Antes de la ley, las tarjetas de débito se usaban fundamentalmente para sacar efectivo de los cajeros, y eso cambió “significativamente” desde la rebaja del IVA.
Hoy en día se hacen unos dos millones y medio de transacciones mensuales por este medio, cifra que quintuplica los niveles de un año atrás. También aumentaron 10% las compras realizadas por débito en relación con el efectivo. En cambio, los niveles de transacciones por tarjetas de crédito se han mantenido constantes, en línea con lo que el MEF esperaba, ya que aumentar el endeudamiento “no era uno de los objetivos de la ley”, explicó Vallcorba.
Los descuentos vigentes regirán hasta agosto de 2016, cuando sólo quede fijo el de las compras por débito, de 2%. Consultado sobre la posibilidad de expandir estos descuentos, Vallcorba afirmó que no está previsto, ya que “si los resultados dependieran exclusivamente de estos descuentos, no estaríamos hablando de transformaciones efectivas en el sistema financiero”.
En POS
Otras reglamentaciones de esta primera etapa incluyen el Programa de Ahorro Joven para la adquisición de una solución habitacional, la interoperabilidad de las redes de POS y el fomento a la inversión en éstos. El POS (por su sigla en inglés, de Point-of-Sale) es el aparato que corrobora las transacciones realizadas por débito o crédito. El número de terminales instaladas viene en aumento desde antes de la aprobación de la ley, pero el MEF estima que ésta produjo “un salto cuantitativo”: mientras que en 2011 alcanzaban las 13.157 unidades, en 2014 pasaron a ser unos 37.285, y se expandieron “sobre todo en los comercios más chicos y del interior”.
La segunda etapa a reglamentar comprende el pago de remuneraciones, beneficios sociales, honorarios, pasividades y jubilaciones por medio de dinero electrónico, un instrumento representativo de un valor monetario almacenado en medios electrónicos. Normalmente, se representa con tarjetas que son convertibles a efectivo en cualquier momento y no generan intereses.
Si bien esta etapa está reglamentada por el MEF desde diciembre, está pendiente su aprobación por parte del Banco Central, que habilitará a diez agentes interesados en ofrecer este servicio para que puedan comenzar a operar. El MEF espera que esto suceda antes de junio, cuando se lanzaría la tercera etapa, que reglamentará disposiciones específicas en las que no se podrá usar efectivo o cheques comunes. Se trata de las operaciones que superen las 40.000 Unidades Indexadas -unos 4.500 dólares- y también comprende los arrendamientos y la enajenación de bienes inmuebles, el pago de tributos nacionales, de los proveedores del Estado, así como la compra de vehículos motorizados.