Los 77 hechos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que el Ministerio del Interior (MI) detectó entre el 1º de enero de 2012 y el 30 de noviembre de 2014 están subregistrados. Así lo detalló el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, durante una jornada de reflexión sobre esta problemática, que se llevó a cabo ayer en el Auditorio Nelly Goitiño del SODRE. La falta de capacitación y sensibilización de gran parte de los operadores policiales, además de la naturalización de este tipo de situaciones sociales complejas en la comunidad donde ocurren, dificultan la visibilización y el abordaje interinstitucional de estos casos.

Las intenciones de cambio y mejora fueron manifestadas por las distintas partes involucradas. “El MI busca trabajar con otros. Estos temas tan complejos no los podemos abordar sólo desde la Policía. Tenemos que generar horizontalidad con las demás instituciones que tienen competencia”, afirmó July Zabaleta, directora de la División de Políticas de Género del MI

El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) lleva adelante numerosas capacitaciones con diversos equipos de instituciones y de la sociedad civil para prevenir, detectar, abordar y denunciar estos hechos, bajo una perspectiva que permita pensar “qué posibilidades de sortear el trauma y generar resiliencia tiene una víctima de explotación”. “¿Qué posibilidades tienen el niño, la niña o los adolescentes para dejar de ser una mercancía y volver a ser sujetos de derecho?”, preguntó Luis Purtscher, titular de Conapees. Para responder este interrogante sostuvo que quienes trabajan en estos temas deben hacerlo desde la “esperanza de transformación”, cuestionándose qué visión sobre los niños tiene “una sociedad que cree que sus jóvenes son peligrosos, que deben ir a la cárcel antes de determinada edad sin asumir qué responsabilidad tiene en esto el mundo adulto”. “Es esencial ajustar la mirada”, remató.

La abogada Diana González exhortó a que los textos de las leyes sean más claros, para que no se dificulte la interpretación de la norma “en función de lo ideológico”, actitud que ha producido que no se consideraran casos de explotación sexual “si no había contacto físico”, ejemplificó.

El MI profundizará en este quinquenio su línea de trabajo en violencia doméstica y fortalecerá el plan de acción en casos de trata, tráfico y explotación sexual. Aunque esto último no surgió como una demanda desde los policías para mejorar su capacitación, Zabaleta sostuvo que “va a estar en el currículum institucional” de la Escuela Nacional de Policía. “Necesitamos generar sensibilización y capacitación que transversalice nuestra formación, y protocolos de actuación más claros y operativos para no revictimizar en el trato a niños, niñas y adolescentes”, detalló la jerarca en diálogo con la diaria.

En el acuerdo marco que la Suprema Corte de Justicia y el MI firmaron el lunes se estableció la creación de un equipo que “se encargará de diseñar y elaborar los protocolos de articulación interinstitucional para la respuesta a víctimas de violencia sexual y para la respuesta a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual”.

Además de la capacitación “en la temática y en la identificación del problema”, Zabaleta enfatizó que se debe “mejorar la captación y el registro de información” que luego se carga en el Sistema de Seguridad Pública, para producir “estadísticas que impacten” en la opinión pública y permitan sensibilizar al respecto, y que haya un “acercamiento” al tema. “Todavía nos producen más conmoción los delitos contra la propiedad que aquellos contra la integridad de las personas”, reflexionó.