Técnicos y ex directores comunales pertenecientes al Partido Colorado (PC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) presentaron ayer ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera una denuncia penal por la “comisión de hechos con apariencia delictiva cometidos” contra la Intendencia de Rivera (IR) y “por ella, a través de sus gobernantes”, el intendente colorado Marne Osorio (Propuesta Batllista, Proba), y su “equipo directriz”. Según las encuestadoras, Osorio, que se presenta a la reelección, es uno de los candidatos con mayor popularidad del país y retendría la IR sin mayores inconvenientes. Dos de los denunciantes ocuparon la titularidad de la Dirección General de Obras (DGO) de la comuna en distintos períodos. Se trata del colorado Francisco Iriondo (Vamos Uruguay, VU), que fue jerarca durante la primera administración de Tabaré Viera, y del frenteamplista Ariel Valmaggia (Casa Grande), director comunal durante la administración de Asdrúbal Vázquez, que asumió tras la renuncia de Walter Riesgo, en 1995. También firma la iniciativa el nacionalista Mario Cúparo.

Los denunciantes manifiestan que se sienten “con el derecho y la obligación de llevar a conocimiento” de la sede “hechos y dudas que de no aclararse” consideran que constituirían “un cúmulo de apartamientos a normas legales y de conducta en la función pública”, que ocasionaron “notorio perjuicio” a la IR, “en favor de sociedades anónimas; a título de ejemplo, Ramón C Álvarez SA y Coral Safiro SA, que serían parte de un mismo grupo económico”. Pero agregan que “existen muchas otras empresas que forman el ‘equipo’ que utiliza la IR en su tercerización generalizada”.

Entre los hechos que se denuncian está la intervención en la confección de las bases del llamado a licitación para la rehabilitación del Autódromo Municipal de un profesional que “actuó en la licitación de referencia como representante de la firma Ramón C Álvarez SA”, que terminó siendo la adjudicataria; que el mismo profesional representó a Coral Safiro SA, “que contrataba con la IR, como concesionario del Abasto Municipal, mientras realizaba dichas tareas al servicio de la administración”; y que existen “múltiples incumplimientos” de ese contrato por parte de la empresa que son “tolerados por la administración municipal”. También se denuncia que Ramón C Álvarez utilizó “bienes y predio” del Abasto “sin costo alguno” y que no están claras las razones que llevaron a demoler el viaducto que existía en el Autódromo, realizado en el año 2000 por la IR “por administración”, para en su lugar realizar otro, “sin llamar a licitación, por empresa particular que casualmente es la empresa RC Álvarez SA”.

Además, se denuncia una serie de irregularidades en el Presupuesto Quinquenal, en el que se presentaron dos planes de inversión en obras, uno de la Dirección General de Hacienda por un monto de 1.383 millones de pesos y otro presentado por la DGO por 1.551 millones de pesos. Los denunciantes se preguntan: “¿Sobre cuál se rinde cuenta? La diferencia de 168 millones de pesos entre ambas resulta que es el 14% del presupuesto de sueldos”. El escrito contiene una docena más de denuncias concretas en materia presupuestal y sobre lazos familiares incompatibles dentro de la administración.

Valmaggia dijo a la diaria que se sumó a esta iniciativa multipartidaria luego de constatar en 2012 que el viaducto del Autódromo que él hizo construir fue “destruido sin ninguna razón” y que se hizo un llamado a licitación para remodelar la obra con “varias irregularidades”. El ingeniero civil explicó que ya había realizado una denuncia penal similar en 2013.

Por su parte, Iriondo contó que la IR puso a consideración de la Junta Departamental un fideicomiso de 200 millones de pesos que “hipoteca” 40% de la recaudación de la patente de rodados hasta 2035. Los entonces ediles de VU pidieron a un equipo técnico del PC, integrado por Iriondo, que analizara la propuesta de Osorio, y los técnicos recomendaron que votaran en contra. Sin embargo, los cuatro ediles de VU cambiaron su voto en medio de la sesión de la Junta Departamental y apoyaron el fideicomiso. Luego abandonaron VU y ahora acompañan la candidatura a la reelección de Osorio con listas propias.

Iriondo, que conoció la IR por dentro, es parte de un grupo de colorados de VU que apoya la candidatura del nacionalista Gerardo Amarilla (Todos hacia Adelante), a pesar de que el sector que lidera el senador Pedro Bordaberry presentó a Mauricio González como candidato. “No queremos darle un voto a Osorio, ni directa, ni indirectamente”, argumentó Iriondo. Según el ingeniero agrimensor, la presentación de la denuncia, a siete días de las elecciones departamentales, es la culminación de un proceso que comenzó en octubre de 2014 con un pedido de informes en la Junta Departamental.

Iriondo hizo hincapié en que el actual gobierno departamental dejó de hacer obras “por administración” y pasó a realizar llamados a licitación, que encarecieron las obras 40% y “demoran mucho más tiempo”. Los denunciantes también plantearon que miembros de la Junta Departamental intentaron solicitar asesoramiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero esta iniciativa “no fue votada por la mayoría de ediles” del cuerpo. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Osorio.