La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) interpela: “Tenés derecho a que te chupe un huevo” lo que ocurrió en el pasado. ¿Ocurrió en el pasado? ¿Sigue pasando?

Referentes de la cultura y la academia uruguaya, entre los que se encuentran Alejandro Balbis, Mariana Percovich, Gabriel Calderón, Rafael Cotelo y el ex rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, convocan a la 20ª Marcha del Silencio mediante un spot de la FEUU y reflexionan sobre la importancia de pensar que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado, aunque advierten: “De la verdad no hay retorno”.

Además, exhortan a “no construir la historia desde el olvido” y explican por qué la movilización de los 20 de mayo se sigue haciendo en silencio: “Podríamos juntarnos a gritar, pero no alcanzan las palabras”.

Lo mucho que falta

El video fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), antes del comienzo de un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.

“La tragedia no es sólo morir sin saber la verdad”, dice otro tramo del reclame; también podría ser que el Poder Judicial no haya hecho “el menor esfuerzo para abrir los caminos” hacia la verdad y la justicia, sostuvo Zaffaroni, ante decenas de estudiantes que colmaron el salón 5 de la FIC.

La militante destacó que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nacional, en marzo de 2005, hubo un “cambio sustancial” respecto de la actitud para buscar justicia, pero “lamentablemente se fue a menos”. “Pensamos que iba a haber una resolución profunda y abarcativa del Estado. Se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.

En estos años, “los familiares se fueron haciendo un poco investigadores y abogados”, agregó. Ante esto, Mota sostuvo que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos”, además de la creación de una unidad especializada.

La magistrada, que en 2013 fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la órbita penal a la civil, consideró que desde el Estado “se debe brindar asistencia jurídica a las víctimas” y señaló que los magistrados necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, además de “aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.

Consultados sobre las expectativas que genera la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado por el presidente Tabaré Vázquez días antes de asumir su mandato, desde Familiares, que cuenta con un representante en ese ámbito, aclararon que se trata de un espacio que “está en formación” y que su decreto reglamentario “todavía no está firmado”.

También sostuvieron, por otra parte, que es “una amenaza a la democracia” que las Fuerzas Armadas “no hayan aceptado sus delitos” cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), y criticaron el reciente fallo de la SCJ que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, “dando lugar al argumento de la obediencia debida”.

Al respecto, la jueza Mota afirmó: “No es cierto cuando un militar dice que no sabía” qué pasaba en las unidades militares. En este caso específico “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión”. “No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, continuó.

Emitir una sentencia así, según su punto de vista, “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” judiciales, y concluyó enfatizando que “esto es un tema de todo el Estado”, en referencia a que “se destrabe” la impunidad.