Una semana después de que calificara de “enfermitos” a quienes “permanentemente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares”, el ministro difundió el documento que presentó al presidente Tabaré Vázquez el lunes durante el Consejo de Ministros como respuesta a los “ataques sistemáticos (y genéricos) que ha sufrido”. En el documento Fernández Huidobro señala que entre 2011 y 2015 su cartera dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos.
Consultados por la diaria, integrantes de organizaciones sociales que cuentan con numerosas copias de estos expedientes indicaron que la mayoría de estas respuestas sostienen: “Esta sede carece de información”. “Pareciera que para el ministro, responder es tipear la carta. Tipear es una cosa, responder es otra”, agregaron. Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, remarcó: “El tema no es si contesta los oficios o no, sino qué información aporta en esas respuestas, y si los datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. El MDN cumple tarde y mal”.
El ministro excusa las “demoras en la tramitación” de los oficios por “la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida”, y se remite a un mensaje que envió en 2013 a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que dice haber “ofrecido” a las sedes penales correspondientes “coordinar” para que los jueces se dirijan a los comandos militares, analicen allí los legajos originales y soliciten copia de las “fojas relevantes para la causa”.
Tanto abogados patrocinantes de diversas causas de derechos humanos como algunos jueces no recordaban una circular de la SCJ que diera cuenta de esta “coordinación”. Sin embargo, existe. Es la 48/2013 y fue girada el 13 de mayo de 2013 a los jueces con competencia penal de todo el país. Remite a una comunicación de Fernández Huidobro en la que expresa las “dificultades” para aportar el listado (nombres y legajos) de los funcionarios del MDN en causas que abarcan el período dictatorial. En dicha comunicación, el ministro establece que “corresponde” que el legajo personal de los oficiales o sus hojas de servicio “permanezcan en la Unidad Militar correspondiente” y subraya la falta de “recursos financieros (en fotocopias, tóner, hojas, etc.) y humanos, no previstos a tal fin” y lo “difícil” que es “desafectar de su labor normal” a los funcionarios “para cumplir esta tarea que es cada vez más demandante”. En esta misiva, Huidobro no habla de “coordinar” con la SCJ sino de “intentar arbitrar medidas alternativas” que permitan superar las dificultades “a través de la determinación concreta y acotada de la información que se requiere”. “Es un ofrecimiento tramposo porque no existe capacidad del Poder Judicial para revisar toneladas de expedientes, sin el auxilio de especialistas en criminología o de funcionarios del MDN”, opinó el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia.
“La imposibilidad de ubicar los legajos a partir de alias de posibles implicados en delitos de lesa humanidad” es “preocupante”, expresó Chargoñia. “Las víctimas estaban encapuchadas, como parte del método del terror aplicado. Los represores no se presentaban con su cédula”, añadió, y consideró que Fernández Huidobro “banaliza la tragedia”, “ofende décadas de investigaciones realizadas por los familiares, que son quienes más han aportado datos”, y brinda “una insólita aclaración que oscurece”. “Está concluyendo que no hay forma de localizar a aquellas personas que torturaron. El comunicado del MDN es una declaración de negación institucional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y marca una desprotección absoluta a las víctimas. No hay voluntad política ni capacidad para resolver las investigaciones”, agregó.
“Fernández Huidobro ha mostrado una sintonía fina con los militares condenados”, manifestó el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien aseguró que, además de que las respuestas de esta cartera “demoran meses”, “no han aportado nada sustantivo” a las causas.
Otro de los puntos cuestionados es que el MDN afirma que no han encontrado registros del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), mientras que el equipo coordinado por Álvaro Rico accedió a documentos, como expedientes de la Justicia Militar, en los que se nombra dicho organismo.
Ayer los sectores del Frente Amplio Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo pidieron, en sendos comunicados, la “inmediata remoción” del ministro, sumándose al reclamo de la Vertiente Artiguista.
