La pancarta quedó colgada en el ingreso al edificio ubicado en José Martí 3077: “Gavazzo: a donde vayas ¡¡te iremos a buscar!!”. Estaba dirigida al vecino del cuarto piso que quizá estaba de visita por dos días, luego de que el juez penal Martín Gesto dispusiera que la primera tobillera electrónica para un caso de salida transitoria especial domiciliaria fuera otorgada el viernes a José Gavazzo, privado de su libertad desde 2006 tras ser condenado por delitos de lesa humanidad.

“Es muy simbólico que se decida otorgar una tobillera electrónica a Gavazzo, que no es cualquier torturador. Nos parece que es una provocación importante, una chicana jurídica que se enmarca en la estrategia de la impunidad. Es un oprobio, un insulto a la memoria del pueblo”, dijo Irma Leites, integrante de la organización Plenaria Memoria y Justicia, que convocó ayer un escrache frente al domicilio del represor. En conversación con la diaria, Leites calificó la decisión judicial como una “tomadura de pelo” a la sociedad y una “incitación a la fuga” del militar, vinculado a causas como la desaparición y el homicidio de Julio Castro, la denuncia por violencia sexual de 28 ex presas políticas, el secuestro de Simón Riquelo, el acribillamiento de las “Muchachas de Abril” -como se conoce al caso de Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes-, entre otros.

Gesto, juez letrado de 1ª Instancia en lo Penal de Ejecución de 1º Turno, dispuso la medida y concedió a Gavazzo una salida transitoria “especial y única” de 48 horas para este fin de semana, informó este sábado el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por medio de la página web del Ministerio del Interior.

Las tobilleras se utilizaban para casos de violencia doméstica. Hace dos meses se dictó una acordada que habilita que jueces penales hagan uso de la herramienta en casos que contemplen la prisión domiciliaria. El monitoreo de quien porta la tobillera se hace a distancia desde el Centro de Comando Unificado (CCU) y la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, dependiente del INR. El dispositivo supone un protocolo de respuesta inmediata si se llegara a emitir una alarma por violar los límites establecidos para transitar.

El director del CCU, Robert Taroco, declaró en mayo que las tobilleras no se colocarían en forma indiscriminada, “sino que sólo podrán ser implementadas en procesados que revistan determinadas características”, como “delincuentes primarios” y aquellos que presenten “problemas de salud debidamente justificados”. “Todo ello queda a criterio de los juzgados competentes”, aclaró. Desde el INR indicaron que el caso de Gavazzo “se asemeja a las condiciones establecidas y sirve para probar plenamente el instrumento en un caso real”, reemplazando el control de una custodia sobre el cumplimiento de la medida judicial.

Mostrá la tobillera

La convocatoria al escrache comenzó a última hora del sábado y decenas de personas se concentraron a las 14.00 de ayer en Libertad y Soca, para marchar entre bombas de estruendo y bocinas hacia el edificio donde vive el militar retirado. Los manifestantes alertaron al barrio: “¡Al lado de su casa hay un vecino asesino!”. El escrache se hace para que “en el día en que liberan a los represores, ellos tengan la memoria viva frente a sus casas”, explicó Leites. “Gavazzo fue uno de los artífices de una lucha contra el movimiento popular y sigue torturando”, añadió.

Óscar Urtasún, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, opinó que a decisiones judiciales como la de Gesto “hay que hacerles frente y denunciar si hay connivencia entre el poder político y el judicial. Si es necesario llegar a denuncias ante la Corte Internacional, lo vamos a hacer”. “La Justicia no existe”, se lamentó Beatriz Benzano, quien denunció a Gavazzo por violencia sexual durante la dictadura. “Era violador de adolescentes, de mujeres. Rio cuando castraron a Roberto Gomensoro”, recordó a micrófono abierto.

Desde Plenaria propusieron al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia hacer un “juicio de excepción”, con un tribunal especial que incluya a organizaciones sociales, aclaró Leites. “Hay 551 torturadores libres en las calles”, expresó la militante, mientras las persianas del cuarto piso se subían apenas para ver cómo la movilización se iba, subiendo la cuesta.