Esta semana, Uruguay abrió el debate institucional en torno a incorporar la figura legal de feminicidio. La directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mariella Mazzotti, afirmó a la diaria que buscarán incorporar esta figura en el Código Penal y en el anteproyecto de una ley integral contra la violencia basada en género que presentarán al Parlamento a fines de este mes.

“‘Feminicidio’ implica el compromiso del Estado en la lucha contra la violencia basada en género y que se asuman las falencias en las respuestas estatales”, graficó la jerarca tras el cierre de la primera jornada del seminario internacional “Debate sobre marcos normativos en materia de violencia basada en género y generaciones” (VBGG), en el que participaron autoridades, funcionariado y operadores de Inmujeres, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior y del Poder Judicial.

Mazzotti subrayó que Inmujeres está trabajando con consultoras y expertas nacionales e internacionales para formular un anteproyecto de ley integral contra la VBG que “tiene que avanzar en conceptos hacia un cambio cultural”. La nueva normativa, que la funcionaria espera que se debata y resuelva durante 2016 en el Parlamento, derogaría la actual Ley de Violencia Doméstica (17.514) y permitiría “explicitar las causas que sostienen las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres y los crímenes que se cometen por razones de género”.

El debate de ayer contó con la presencia de dos expertas internacionales: la abogada Paloma Galaz Lilla, del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, y Dora María Ramírez, del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Mazzotti valoró el conocimiento de las propuestas que existen en América Latina en torno a la incorporación de la figura de femicidio o feminicidio en la región: “Nos ayudó a esclarecer los términos, las características de las figuras y sus formas de aplicación”. “Fue útil conocer las experiencias, porque en el caso de Chile se ajustó la figura de homicidio de mujeres a femicidio. En cambio, México creó una ley específica pero, al ser de carácter federal, tiene que ajustarse a leyes estaduales y actualmente está en ese proceso de promulgación para que se aplique en leyes locales”.

El proceso mexicano está directamente vinculado con un profundo trabajo que la antropóloga y política Marcela Lagarde hizo para dar respuesta a la masividad de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que causaron conmoción en todo el mundo. La experta tomó la palabra del inglés “femicide”, concebido en 1976 por la feminista estadounidense Diana Russell y revisado en 1992 junto a Hill Radford, definido como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”. Lagarde lo tradujo y reformuló “femicidio” (que se refiere a cuando las víctimas de homicidio son niñas y mujeres, pero no explicita que el móvil intrínseco del delito sean las relaciones de género ni las acciones u omisiones del Estado) por “feminicidio”, que sí explicita lo anterior, y de ese modo resalta la responsabilidad del Estado en resolver estos crímenes. En 2007, México introdujo el feminicidio como delito en el Código Penal y sancionó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo la forma de “violencia feminicida”.

Esta ley impone penas penitenciarias para feminicidas y penas económicas para compensar a las víctimas. “Me parece interesante pensar en la reparación de víctimas de violencia basada en género. Queremos revisar y evaluar cómo funciona actualmente la reparación para las víctimas de delitos comunes, para ver qué especificidad tendría cuando el crimen supone razones de género”, señaló Mazzotti. “La ley integral permitirá un enfoque más inclusivo de la VBG, porque no sólo se refiere al vínculo de parejas o ex parejas, sino que incorporaría otros aspectos, como la violencia contra las mujeres en la calle y la lucha contra la trata y explotación sexual, aunque quizá esta problemática requiera una ley específica”, añadió.

Si bien desde el Poder Judicial hubo expresiones de reconocimiento a la VBG como un problema de seguridad pública, tanto el ministro de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique como el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se han referido a que en el Código Penal vigente ya existe la figura de “homicidio agravado por el vínculo”, que a su criterio podría ser evaluado como feminicidio. “En todos países existe la figura de ‘homicidio agravado por el vínculo’, pero ahí queda escondida la causa de género que produce estas muertes. Lo que se busca al hablar de ‘feminicidio’ es explicitar que las relaciones de dominación de un género sobre otro y la división binaria femenino-masculino son la causa de los asesinatos de mujeres”, añadió Mazzotti.

“Cuando uno legisla y dice que esto es un delito, tiene un elemento ejecutivo para sancionar conductas sociales y marca un consenso social que sanciona explícitamente que eso no debe hacerse. Es un mensaje a la sociedad en su conjunto sobre qué está bien y qué está mal”, sostuvo Mazzotti.