El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) le solicitó ayer al Poder Ejecutivo información sobre cuándo se va a reanudar la construcción del Antel Arena. Ayer, el grupo conformado para estudiar el futuro laboral de los trabajadores de la obra decidió crear una comisión bipartita entre el gremio y la empresa constructora a cargo del proyecto, Teyma, para negociar qué pasará con los trabajadores mientras la obra esté paralizada.
“Si son ocho meses [de paralización] no nos vamos a sentar a discutir nada con Teyma, pero si la suspensión es mucho más breve, sí es posible buscar una alternativa para los trabajadores”, dijo el secretario general del sindicato, Daniel Diverio. De los 150 obreros que trabajan en el Antel Arena, cerca de 100 son empleados permanentes de Teyma, por lo que serían reubicados en otras obras de la empresa. Otros cobrarían seguro de paro y, por último, se buscaría una suerte de indemnización para aquellos que no cumplieron con los jornales suficientes para acceder a este subsidio. Por lo pronto, las obras no se detendrán hasta el 31 de julio.
Horas antes de ese encuentro en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el Ministerio de Economía y Finanzas comenzó a funcionar la comisión que en 15 días deberá presentarle una propuesta a Tabaré Vázquez sobre la forma de financiamiento del Antel Arena. El gobierno baraja distintas opciones, aunque las que cobran fuerza implican el aporte de privados, ya sea por medio de contratos de participación público-privada o de la creación de un fondo fiduciario, expresaron fuentes de Presidencia de la República. Las alternativas que se manejan son la participación de la Intendencia de Montevideo (IM) en la financiación o apostar a la colaboración de un organismo internacional, pero en el Poder Ejecutivo consideran que estas posibilidades no parecen viables, porque la IM no cuenta con recursos para financiar la obra y porque, entienden, ningún organismo internacional estaría interesado en la financiación del complejo, explicaron fuentes de Presidencia. De hecho, el secretario general de la IM, Fernando Nopitsch, aseguró que la comuna no está en condiciones de asumir ese costo: “Haremos un esfuerzo para ayudar, pero sumar esas cifras es imposible”, dijo a la diaria.
Entre tantas discusiones, el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, defendió la política de las empresas públicas llevada adelante por el gobierno y sostuvo, en diálogo con la diaria, que estarán “al servicio del desarrollo económico” y no al revés. También opinó sobre los comentarios del ex presidente José Mujica acerca de que las inversiones anunciadas para este período iban a ser pocas: “Las empresas públicas, que son responsables de parte de la inversión pública -parte importante pero parte al fin-, hicieron en el período pasado importantes inversiones que, una vez realizadas, no tiene sentido replicar. ¿ANCAP va a construir una segunda planta desfulsurizadora? ¿Antel va a dar una segunda vuelta alrededor del territorio nacional con fibra óptica? ¿UTE va a continuar invirtiendo en generación como lo hizo para recuperar los severos atrasos que teníamos pero que ya no tenemos?”.