El aplauso duró más de lo previsto. Los dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentes en la sede de su sindicato festejaron una declaración leída por su secretario general, Joselo López, poniéndose de pie y haciendo chocar sus palmas por casi un minuto. La suerte del vicepresidente en el PIT-CNT se define hoy en el Secretariado Ejecutivo de la central.
López anunció ayer de tarde, durante una conferencia de prensa que convocó COFE, que le exigirá hoy al Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores la creación de una comisión investigadora que incluya a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, a su equipo de abogados y a representantes de todas las corrientes representadas en el Secretariado. Esta comisión, sostuvo, tendrá como objetivo “evaluar a fondo el accionar de nuestro sindicato y el mío, durante los hechos que se dieron en todo el 24 de julio en el Hogar Ceprili [Centro de Privación de Libertad]”. Ése fue el día en el que se registró el video que evidencia cómo fueron reducidos dos jóvenes recluidos en el centro. La metodología utilizada para reducir a los adolescentes fue cuestionada por organizaciones políticas y sociales, y por dirigentes del PIT-CNT.
Además de la conformación de la investigadora, hoy se discutirá en el Secretariado Ejecutivo si López debe continuar siendo vicepresidente de la central, al menos mientras sesione la comisión. Algunos dirigentes consideran que debería dar un paso al costado. Uno de ellos es Richard Read, de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida. Su agrupación, la 5 de Marzo, es la única que tiene una postura definida con respecto a este tema, aunque el único miembro con voto en el Secretariado es Read. La lista 41, cuyo principal dirigente es López, apoya a este dirigente y tiene tres votos en el Secretariado, aunque uno de ellos es quien está en cuestión. Según pudo saber la diaria, la corriente sindical Articulación -que tiene cuatro votos en el organismo- no propondrá que López se aparte de su cargo. En tanto, la lista 1, integrada mayoritariamente por dirigentes afines al Partido Comunista del Uruguay, definirá hoy, antes del encuentro, su postura, y entre sus dirigentes hay posiciones divergentes. El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud Jorge Bermúdez dijo que se reservará su opinión en el debate del Secretariado, aunque sostuvo que no está de acuerdo con “tomar la cabeza de alguien, ponerla en una bandeja y decir ‘acá está la solución de un problema’”. En cambio, Daniel Diverio, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), dijo que si bien “se puede investigar todo lo que se quiera, este tipo de actitudes no requieren investigación, no son de trabajadores y no tienen dos lecturas. Aquel que no rechace la situación del Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente] no merece estar en una responsabilidad gremial”.
La defensa
La declaración leída ayer por López buscó transmitir el compromiso de su gremio, el Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), con las condiciones de reclusión de los adolescentes en los centros del Sirpa. Según dijo, el único sumario del que fue objeto data de 2008 y fue a causa de “haber mostrado públicamente las condiciones deplorables en las que estaban los adolescentes privados de libertad, después de haber recorrido muchos ámbitos del sistema político sin tener respuesta”.
López ya había sostenido la semana pasada que el accionar de los funcionarios estuvo “dentro del protocolo”. No obstante, ayer cuestionó al funcionario que le pega a uno de los menores algunos puntapiés mientras está siendo reducido en el suelo, y sostuvo que a esa persona se la sancionará y se le retirará la asistencia legal si pertenece al sindicato. Según agregó más tarde el secretario general del SUINAU, Carlos Salaberry, el agresor aún no fue identificado. “Nunca vi lo sucedido en ese momento, pero se insiste en obviar el detalle”, justificó López, que aparece por primera vez en la filmación una vez que las agresiones ya fueron consumadas.
El dirigente tampoco perdió la oportunidad de cuestionar a varias organizaciones sociales que lo criticaron, y sostuvo que éstas “respaldan el accionar de una persona que tiene un pasado con más sombras que luces en ámbitos de conducción del Estado: empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura, siguió como jerarca en los gobiernos blancos y colorados, donde, según expresa la prensa de la época, tuvo un sumario administrativo con pedido de destitución por conjunción del interés público con el privado”. De este modo hacía referencia a la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, quien denunció los hechos ocurridos el 24 de julio en el Ceprili y que, según el SUINAU, fue la responsable de la filtración del video. López sostuvo que el enfrentamiento de esta jerarca con el sindicato surge debido a que éste salió “al cruce” de la propuesta de la jerarca de “pasar a jóvenes privados de libertad que cumplen la mayoría de edad a las cárceles de adultos”, y también de reabrir el hogar Ser de la Colonia Berro. “No vemos a ninguna de estas organizaciones cuestionar nada de esto. Todo lo contrario”, sostuvo el jerarca. Agregó que “seguramente lo hacen motivados por mantener los recursos económicos que el INAU les destina a las ONG”.
El dirigente aseguró que el sindicato le pedirá a la Justicia que se investigue “por qué en un día tan complicado, en el que sucedieron varios hechos de violencia, los asesores de la presidenta [Fulco], que fueron designados para brindar una supervisión permanente, no se hicieron presentes en el centro”. Luego los dirigentes mostraron una serie de fotos que ilustraban la agresión que sufren los funcionarios del Sirpa por parte de los reclusos. “Somos plenamente conscientes de que la violencia no se combate con más violencia, pero tenemos la necesidad de mostrar en qué condiciones trabajan nuestros compañeros. A nuestras compañeras los jóvenes les tiran orín, materia fecal, semen, las queman con jugos hirviendo, agua caliente, las atacan con golpes de puño y con puntas que pueden herir de muerte”. “Mucho de lo que ha pasado en estos días se enmarca en un operativo político a varias puntas, entre otras, para descentrar la atención de lo que fue el paro más grande de los últimos años que haya realizado el PIT-CNT”, aseguró.
La otra versión
Salaberry dijo que con el video que se filtró se armó una “versión” de los hechos que explota “una situación que naturalmente impresiona a quienes están fuera del sistema”. Según dijo, más temprano en el Ceprili había habido un intento de fuga de seis internos, que fue controlado, pero dejó como saldo cuatro trabajadores lastimados. A partir de eso se resolvió el traslado de 32 jóvenes. En ese marco fue que llegaron “distintos apoyos para ese operativo de traslado”. Eso derivó, aseguró Salaberry, en la cantidad de gente presente en la reducción de los menores. Además, López y otros integrantes de la mesa del sindicato del Sirpa estaban en “una reunión con el equipo de dirección del Ceprili al momento del intento de motín”.
“Es falso que en ese momento se estuviera realizando una asamblea”, dijo Salaberry. Sin embargo, el propio López había dicho la semana pasada a El Observador que “en ese momento hay una asamblea funcionando. Muchos de los que estábamos ahí entramos porque no estaban las autoridades”. Según Salaberry, el único hecho reprobable fueron los puntapiés. Lo demás fue “un procedimiento que para nosotros es habitual: tratar de aplacar un motín mediante la reducción”. Incluso, sostuvo el dirigente, el voluminoso número de funcionarios que participaron en la “reducción” terminó por “favorecer que fuera un procedimiento menos violento”. “El uso de la fuerza que se hizo fue bastante disminuido”, señaló.
Nombre por nombre
Fulco llegó ayer al juzgado penal con un conjunto de hojas impresas con los fotogramas del video de lo sucedido en el Ceprili el 24 de julio. Junto a la imagen de cada funcionario, detalló su nombre y apellido, para ponerlos a disposición del juez Gustavo Iribarren. La directora del Sirpa llegó acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la presidenta del INAU, Marisa Lindner. Ambas la esperaron el tiempo que duró el interrogatorio, y cuando salió se marcharon con ella en el mismo auto, como una señal de respaldo político. El juez pidió a Fulco detalles de lo sucedido el 24 de julio, “casi el minuto a minuto de lo que pasó”, explicó la directora del Sirpa, quien agregó que está a disposición “por si nos llaman de vuelta”.
También declaró ayer Mirtha Guianze, del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, quien también presentó una denuncia penal por el mismo hecho. Guianze explicó la función de la INDDHH y contó la visita que realizaron técnicos del Mecanismo al Ceprili el 28 de julio. Los técnicos, un psicólogo y una abogada, también declararon ante la Justicia ayer. Contaron que algunos de los jóvenes recluidos en el centro no quisieron hablar, pero que otros declararon que los habían “picado” (golpeado). Ahora el juez citará uno por uno a los funcionarios identificados en el video.
