Hace tiempo que se vienen implementando medidas para restringir las compras online de los uruguayos, en parte respondiendo, a mi entender, a demandas de un sector empresarial específico, vinculado al comercio. En este marco, algunos aspectos del fenómeno de compras por internet no han sido contemplados. En concreto, las compras online son un ejemplo de situaciones en las que las potenciales ganancias en términos de bienestar de los consumidores son mayores que las pérdidas en puestos de trabajo o los beneficios de los empresarios vinculados, pero como estos grupos tienen mayor capacidad de acción y voz en el debate social, logran bloquear los cambios.

¿Cuáles son los argumentos para flexibilizar o restringir las compras online? Primero, pensemos en la disponibilidad de bienes y servicios: si quiero comprar una boquilla de trompeta Selmer, porque me dedico a la música o el Classroom in a Book de Adobe, porque me dedico al diseño gráfico, probablemente sólo pueda hacerlo online. Parte de estas compras, entonces, no sustituyen ventas que se realizarían de forma presencial en territorio nacional, sino que representan el acceso a bienes y servicios no disponibles en el país. Estos casos son una mejora inequívoca en el bienestar del consumidor.

Segundo, pensemos en los precios. Un motivo para comprar online es el precio; acceder a los mismos bienes a menor precio claramente incrementa el bienestar del consumidor. De hecho, los economistas miden este bienestar (llamado “excedente del consumidor”) calculando la diferencia entre el precio que uno está dispuesto a pagar y el que finalmente paga. Se argumenta que este diferencial de precios es injusto porque las compras online no pagan impuestos o pagan menos, por lo que resulta competencia desleal. Complejicemos un poco. Las compras en persona tienen un conjunto de ventajas sobre las online: testeo de productos, garantías de más fácil acceso y servicios posventa. Los objetos comprados online, además, pueden dañarse en el camino y ser difíciles de devolver o de reparar. El diferencial de precios tiene que compensar eso para que la compra online valga la pena.

Sin embargo, una fracción del diferencial de precio puede deberse al mayor margen de ganancia del vendedor en plaza. Investigaciones periodísticas recientes demostraron los altísimos márgenes sobre varios productos, y hay quien argumenta que “Uruguay es caro” por la falta de competencia en los mercados y la existencia de oligopolios. Si éste es el caso, entonces las compras online incrementan el bienestar de los consumidores y disciplinan a los vendedores en plaza; además, podrían inducir a las empresas locales a mejorar el servicio a los clientes (que tengan su web, vendan online, den precios por teléfono).

Tercero, pensemos en los puestos de trabajo. Se plantea que las compras online desplazan compras en plaza, lo que afecta la rentabilidad de los comerciantes y amenaza puestos de trabajo. Esto es relativizable. Primero, comprando online, los consumidores muchas veces ahorran dinero que es de esperar que se gaste en otros bienes y servicios dentro del territorio nacional (lo que genera beneficios y empleo en otros sectores). Segundo, la demanda online puede contribuir a desarrollar un mercado local para los bienes aún no disponibles. Tercero, y más importante, las compras online también implican la dinamización de la actividad en varios sectores, entre ellos el logístico y el financiero, con la consiguiente creación de puestos de trabajo.

Para medir la magnitud del fenómeno: el director de Aduanas, Enrique Canon, estimó, en declaraciones a Subrayado, que las compras online ascendieron a 40 millones de dólares entre abril de 2013 y el mismo mes de 2014. Esto representa unos 11 dólares por persona y 0,0007% del Producto Interno Bruto, en dólares de 2013.

Finalmente, pareciera que un conjunto reducido de comerciantes está agitando el cuco de la pérdida de puestos de trabajo y la amenaza a la rentabilidad por montos reducidos. En todo caso, las compras online serían un problema menor en comparación con el contrabando, los viajes a Buenos Aires en busca de bienes más baratos o inexistentes en plaza, o los encargos al que viaja a Europa o Estados Unidos.

El tema de las compras online es un caso particular de un fenómeno quizá más general que aparece al discutir problemas económicos: el foco excesivo en los puestos de trabajo en detrimento del bienestar de los consumidores (o sea, de la población). Esto resulta de un problema clásico de economía política: frente a un cambio equis, muchas veces los perdedores son un grupo compacto, identificable, organizado, con capacidad de lobby, en tanto los potenciales ganadores son un grupo más grande, disperso, no organizado. Por supuesto que es importante preocuparse por los puestos de trabajo, pero tenemos que reconocer que en ciertos casos existen tensiones (“trade-offs”, diría un economista) entre puestos de trabajo y mejoras en el bienestar.

El problema de economía política que señalé implica que, en varios casos, los potenciales perdedores bloquean cambios potencialmente beneficiosos. El Estado es un actor privilegiado que podría ayudar a coordinar a los ganadores y asegurarse de que los perdedores sean razonablemente compensados; sin embargo, algunas veces pareciera que la primera reacción es la de proteger los puestos de trabajo, incluso a costa del bienestar de los demás. Un ejemplo es el corredor Garzón: tras la reforma, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo señala que no hubo beneficios para los consumidores (los pasajeros), producto de la presión de empresarios y trabajadores. Asimismo, en mi (lejano) recuerdo, la discusión pública sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos también se centró en industrias en jaque y pérdidas de puestos de trabajo, o en el acceso a mercados nuevos y la dinamización de nuevos sectores de actividad; no así en los potenciales beneficios para los consumidores. Algo similar parece estar sucediendo con el TISA, o con el TLC Mercosur-Unión Europea. No quiero discutir pros y contras de los acuerdos, sino señalar que “los consumidores” son también trabajadores, desocupados, empresarios, cuentapropistas, estudiantes, jubilados, amas de casa. El bienestar de ellos también vale y no podemos utilizar los puestos de trabajo como vara única para evaluar las cosas.

Paradójicamente, si bien los partidos tradicionales son los que ideológicamente están más cerca de realzar las virtudes del mercado, el gobierno del Frente Amplio contribuyó con legislación clave en el área (por ejemplo, la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia, de 2007), que efectiviza la lucha contra prácticas anticompetitivas y permite, por ejemplo, desbaratar un cartel de vendedores de pomarola y reducir su precio sensiblemente. Aun así, queda camino por recorrer, por ejemplo, actualizando la legislación sobre fusiones y adquisiciones para evitar mayor concentración en los mercados. Si bien escalar desde el ejemplo de las compres online a temas más complejos puede ser aventurado, vale la pena insistir con esta idea de que los consumidores, al final de cuentas, somos todos.

Una versión previa de esta columna fue publicada en el blog Razones y Personas.