La eficiencia energética es un objetivo que persiguen los gobiernos de casi todo el mundo desde hace varias décadas. Pero en los últimos años ha tomado mayor impulso, debido, sobre todo, a los altos precios de la energía, sus impactos ambientales y los efectos sobre el cambio climático.

El objetivo final es reducir el consumo de energía sin afectar los servicios energéticos que nos permiten realizar las actividades productivas y domésticas del mundo moderno. Así, por ejemplo, cambiamos las lámparas incandescentes de 100 watts por las modernas lámparas compactas de 20 watts sin perder potencia lumínica.

Pero uno está dispuesto a hacer el esfuerzo -pagar un poco más, comprar una lámpara que no necesita para cambiar la que ya tiene, entre otras cosas- pues tiene la promesa de gastar un quinto de la energía que gastaría en caso de no hacer el cambio. No obstante, seguramente no estaría tan dispuesto a hacer el esfuerzo si le prometieran que la nueva lámpara es de 97 watts en lugar de 100. Sencillamente, no parece que vaya a cambiar mucho nuestra particular economía doméstica.

Algo así, pero a escala nacional, es lo que ocurre con el nuevo Plan de Eficiencia Energética que presentó el 3 de agosto el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM): hacer un gran esfuerzo en medidas de eficiencia para obtener 3% de ahorro energético en diez años.

Según dicho plan, “se pretende evitar el consumo de 1.690 kilotoneladas equivalentes de petróleo [kteps] en el período 2015-2024, lo cual representa 45% de la matriz de energía total en 2012”. Presentado de esta manera, parece que el ahorro obtenido es muy importante. Pero analizado un poco más en profundidad, puede observarse que con el nuevo plan de eficiencia el país aumentará 47% su consumo de energía en los próximos diez años, y que el ahorro logrado apenas alcanza 3%.

Veamos. El último balance energético publicado en el país expresa que el consumo energético uruguayo fue de 3.860 kteps en 2013. Y el escenario tendencial para 2024 pronostica que el consumo de energía para esa fecha alcanzará los 6.000 kteps. El Plan de Eficiencia propone una serie de medidas para que en 2024 el consumo no sea de 6.000 kteps sino de 5.700. Es decir, habrá un ahorro, o una “energía evitada”, como prefiere llamarla el documento, de 300 kteps. Pasar de los 3.860 kteps de 2013 a 5.700 kteps en 2024 significa 47% de aumento en el consumo de energía con el nuevo plan. Los 1.690 kteps que se ahorrarán -como se expresa en el párrafo citado más arriba- se obtienen en el transcurso de todo el período. Es la suma de los ahorros producidos en los diez años que van de 2015 a 2024. Pero en esos diez años, el consumo de energía uruguayo rondará los 50.000 kteps, comenzando con 4.000 kteps consumidos en 2014 y terminando con 6.000 kteps a consumirse en 2024. Por lo tanto, el ahorro durante todo el período (1.690 kteps) representa 3% del consumo total.

Es muy loable que el MIEM se ocupe de la eficiencia energética, y eso no está en cuestión. El problema es que el objetivo es demasiado corto. No sólo comparado con las metas de otros países -incluso de la región- sino con las propias metas que el MIEM se había planteado anteriormente.

El documento “Política energética Uruguay 2030” (disponible en www.dne.gub.uy) tenía como meta para 2020 disminuir 20% el consumo energético en relación al escenario tendencial, mediante acciones de eficiencia energética. El nuevo plan apenas alcanza una disminución de 5% (300 kteps en 6.000) del consumo respecto del escenario tendencial, y casi triplica el consumo de 2005 (2.352 kteps), año de formulación de la política energética. Bajo esta perspectiva, el nuevo Plan de Eficiencia Energética parece más un “saludo a la bandera” que la expresión de una verdadera convicción respecto de la necesidad de reducir el consumo de energía.