El Código Penal será el centro de atención de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes una vez que finalice el plazo para presentar propuestas de modificación o sustitución de sus artículos, previsto, para los diputados que no integran ese ámbito legislativo, para el 11 de agosto. Según confirmó el vicepresidente de la comisión, el diputado Gerardo Amarilla (Todos hacia Adelante, Partido Nacional), únicamente se han presentado tres asuntos para analizar: la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito; la posibilidad de encarcelar a los padres o tutores de niños y adolescentes que cometan delitos, por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad; y la creación de delitos contra el ambiente. Por otro lado, desde el Frente Amplio (FA) un grupo de trabajo bicameral creado hace dos meses está estudiando “en profundidad” el Código Penal y sus posibles modificaciones, que una vez listas serán presentadas a la comisión por su presidenta, Cecilia Bottino, de la Lista 609 del FA.

El Código Penal estuvo a punto de ser aprobado en diciembre del año pasado, pero más de 40 organizaciones sociales lograron frenar la votación argumentando que implicaría “un retroceso en la agenda de derechos que el país se jacta de haber incorporado”, ya que “conserva una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades y no respeta los derechos humanos”. Bottino aseguró que las críticas recibidas serán utilizadas por el grupo bicameral como insumo, aunque no hayan “recibido ninguna modificación específica ni proyecto de redacción” de las organizaciones. La diputada explicó que todavía no han “definido las modificaciones que presentarán ni sus posibles redacciones”. Tampoco han fijado una fecha límite de trabajo, pero Bottino cree que llevará “bastante” tiempo porque esperan “trabajar intensamente en el proyecto, hay muchas modificaciones y no va a ser un trabajo sencillo”, afirmó. Explicó que por ese motivo crearon subgrupos para analizar los distintos tipos de delitos; por ejemplo, “unos trabajan sobre delitos económicos, otros sobre delitos relacionados con los derechos de las personas”, entre otros.

Por otro lado, en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores hay varias modificaciones presentadas por parlamentarios colorados y blancos, que serán estudiadas una vez que la Cámara de Diputados apruebe las enmiendas. El senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) fue el más activo en la presentación de proyectos: entre ellos, la tipificación del delito ciberacoso, pornografía de venganza, disposiciones sobre legítima defensa policial, una regla penal que duplica o triplica la pena según la reincidencia en delitos graves y la imprescriptibilidad de delitos de corrupción en el ejercicio de la función pública.

Por lo bajo

Respecto de los proyectos presentados en la comisión de la Cámara de Diputados, en abril de 2011 el ex diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky presentó el proyecto para crear el delito de enriquecimiento ilícito, que prevé que quien “no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta cinco años después de haber cesado su desempeño, siempre que el hecho no constituya otro delito más grave”, será castigado con entre 18 meses y seis años de prisión, y una multa de entre 50 y 20.000 unidades reajustables e inhabilitación especial de dos a cinco años.

Por otro lado, en mayo de 2015 diez diputados nacionalistas presentaron la modificación que refiere a la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y que prevé que quien, “culposa a dolosamente, ocasione un perjuicio a los derechos de los demás habitantes o provoque un trastorno en la seguridad pública como consecuencia de la acción u omisión de un menor infractor que delinque, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”; la pena podrá ser sustituida por medidas alternativas. En la exposición de motivos, los diputados afirman que su iniciativa “responde a una situación de alarma generada en la sociedad debido a la conducta delictiva de los menores infractores, y a la imposibilidad concreta de encontrar los mecanismos a corto plazo que den las soluciones que la sociedad en su conjunto está reclamando”. Este proyecto también fue presentado en comisión de la Cámara de Senadores por los nacionalistas Sergio Botana, Carlos Enciso, Luis Alberto Heber y Daniel Peña; en esta iniciativa se pena también a las instituciones estatales que “tienen a cargo la guarda o custodia de los menores infractores”.

El proyecto para tipificar los delitos contra el ambiente fue presentado este miércoles por la bancada de diputados de Todos y por la senadora Carol Aviaga, también de ese sector. Se propone penar con cárcel de entre seis meses y dos años a quien “contamine, deprede o deteriore de manera grave la composición y calidad del suelo de forma que pueda perjudicar la salud humana, animal, vegetal o del medioambiente”. Amarilla explicó que, por ejemplo, quien contamine el suelo tendrá una pena de cinco meses de prisión a cinco años de penitenciaría, y que eso dependerá de si se trata de áreas naturales protegidas, de si se daña a la fauna y flora, etcétera. Según el proyecto, la pena también variará dependiendo de la “responsabilidad” de quien delinca; si se trata de un funcionario público, por ejemplo, será mayor.