La posibilidad de que las intendencias obtengan recursos para financiar obras de caminería mediante la eliminación de una rebaja de 18% a la contribución inmobiliaria rural comienza a debilitarse. La propuesta había sido incluida en el artículo 628 del Presupuesto, tras un acuerdo entre el gobierno y el Congreso de Intendentes, de mayoría nacionalista. El artículo, sin embargo, no era del agrado del equipo económico, según expresó su titular, Danilo Astori, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que estudia el proyecto, y que ayer recibió a la mesa del Congreso de Intendentes.
Con el pretexto de no apoyar nuevos impuestos, los legisladores de Todos hacia Adelante, sector del Partido Nacional (PN) liderado por Luis Lacalle Pou, ya manifestaron su postura negativa a votar la iniciativa, mientras que en Alianza Nacional, el sector comandado por Jorge Larrañaga, es posible que haya varias posturas sobre el tema. En tanto, entre los legisladores del Frente Amplio (FA) hay algunos que creen que no hay que acompañar la iniciativa si los blancos no votan el texto, aunque el oficialismo comenzará a discutir hoy en su bancada qué hacer. “Si hay un acuerdo entre el Congreso de Intendentes de mayoría nacionalista y el gobierno, y el PN no lo vota, no vamos a ser más realistas que el rey”, dijo el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti. Otros legisladores oficialistas se mostraron dispuestos a discutir la quita de la exoneración más allá de lo que haga el PN. Los blancos, por su parte, trabajarán para buscar una alternativa a la situación, aseguró el diputado Gustavo Penadés tras el encuentro.
“Nos vamos con la sensación de que el cuerpo legislativo tiene un compromiso sincero con la necesidad de estos recursos para el mantenimiento de la realidad rural del país”, dijo a la salida de la comisión el presidente del Congreso de Intendentes, el arachán Sergio Botana, que no profundizó en el debate sobre de dónde deberían provenir esos recursos. Pero esa búsqueda no parece ser considerada una necesidad por algunos legisladores en el FA, que interpretan que las intendencias pueden hacerse cargo de la inversión correspondiente a caminería rural. Asti recordó que las intendencias se llevan más 13.000 millones de pesos anuales del gobierno central, por lo que la partida que derivaría de la eliminación de la rebaja de 18% de la contribución rural, de unos 400 millones de pesos, es “casi insignificante”. “Acá en comisión hicieron un dramático apelativo como para que se pueda mantener la caminería rural, pero creo que tienen recursos suficientes”, sostuvo. Antes de ingresar a la comisión, Botana había asegurado que de no concretarse esta fuente de ingresos, la capacidad de inversión en caminos rurales “iría a una cifra cercana al cero”.
En tanto, el Partido Colorado y el Partido Independiente anunciaron que no apoyarán la propuesta. El diputado colorado Conrado Rodríguez cuestionó al gobierno: “Derivar su responsabilidad al Congreso de Intendentes no se ajusta a su potestad jurídica y política”.
Sacámela
Mientras la delegación del Congreso de Intendentes visitaba la comisión parlamentaria, autoridades de la Agrupación Universitaria del Uruguay y de la Asociación de Profesionales Independientes, que agrupan a diversas organizaciones de profesionales, realizaron una conferencia de prensa en la que pidieron que se eliminen los artículos correspondientes a los cambios del Fondo de Solidaridad del proyecto de ley de Presupuesto y que se posponga su discusión.
La iniciativa establece modificaciones en la forma de contribución al fondo, obligatorio para todos los egresados de la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica y las carreras terciarias de la Universidad del Trabajo del Uruguay. El mínimo no imponible para contribuir al fondo se duplica de 12.200 pesos a 24.400, pero el período de obligatoriedad de aportes cambiará: en lugar de hacerse durante 25 años ininterrumpidos, de aprobarse el proyecto, los aportes continuarán hasta que el contribuyente cumpla 70 años, a menos que se jubile antes.
Los profesionales también cuestionan que el artículo 698 del presupuesto deje sin efecto la coparticipación que actualmente existe en la Comisión Administradora del fondo, ya que se elimina al representante de la Agrupación Universitaria del Uruguay que actúa allí.
Además, cuestionan que la presidencia del nuevo consejo directivo, hasta ahora honoraria, pase a ser una labor remunerada. “Mientras acabamos de vivir un conflicto por remuneraciones de funcionarios, profesores y maestros, se siguen creando cargos de elevada remuneración”. El sueldo de este jerarca, designado por el Ministerio de Educación y Cultura, será de 130.000 pesos.
Más allá del desglose de los artículos correspondientes al Fondo de Solidaridad, los profesionales reclaman mantener su representación en la administración, que los aportes sean considerados como anticipos al IRPF, IRAE y IASS y que se derogue el adicional al fondo, una cláusula que duplica los aportes anuales de quienes realizaron carreras universitarias de cinco o más años, ya que “cesaron las condiciones excepcionales que les dieron origen”, durante 2001.