En la ronda de visitas a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para fundamentar artículo por artículo la Ley de Presupuesto 2015-2020, el jueves le tocó a la delegación de Presidencia, integrada por su prosecretario, Juan Andrés Roballo, más 21 jerarcas de confianza y técnicos. Uno de ellos fue a defender un solo artículo: Gabriel Lombide, ingeniero industrial y electrónico, y presidente de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec). Se trata del artículo 65, que agrega al Código Penal el delito de tener, distribuir o vender sin permiso del organismo sistemas inhibidores de señales de celular, que hoy se usan para incomunicar a los reclusos, bloquear alarmas para cometer delitos y controlar a empleados adictos al Whatsapp.

“Hace varios meses venimos detectando interferencias provocadas por ese tipo de dispositivos, que son absolutamente nocivos para la red de comunicación telefónica”, dijo a la diaria Lombide, quien propuso a Presidencia que se incorporara el delito. El Observador dio cuenta ayer de este artículo. También conocidos como jammers, los inhibidores son artefactos que generan interferencias en las ondas de radio de una zona determinada para que los celulares se queden sin señal. No son una novedad para el Estado: a fines de 2012, el Instituto Nacional de Rehabilitación instaló uno en el Penal de Libertad, que fue calibrado por técnicos de Antel para que no afectara a los vecinos del predio (los de los guardias sí quedaban bajo el efecto, por lo que prisioneros y carceleros por igual tuvieron que pasarse al teléfono tarjetero, informó en su momento Radio Uruguay).

Ese año, el entonces comisionado parlamentario penitenciario del Parlamento, Álvaro Garcé, defendió la medida ante la Asamblea General: “Creo que fue saludable ese primer paso de regularizar las comunicaciones, no con el ánimo de cortar la comunicación entre el privado de libertad y la familia, sino de encauzarla por la vía que legalmente corresponde y no por celulares cuya tenencia es, de hecho, vinculada a situaciones de corrupción”. Hoy hay un jammer instalado en la cárcel de Canelones y se está trabajando para colocar otro en la cárcel de Santiago Vázquez, adelantó a la diaria el inspector Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación: “Es un trabajo complicado. Santiago Vázquez es una ciudad”. En enero, desde una celda de esa cárcel, un preso amenazó de muerte a la jueza penal Dolores Sánchez, que lo había procesado.

Si el artículo se aprueba sin modificaciones, se podría imputar penas de entre seis meses de prisión y cinco años de penitenciaría, que se duplicarían si el uso del inhibidor es un medio para cometer otro crimen. Lombide fundamentó la pena prevista en la comisión: “Han sido utilizados por delincuentes a los efectos de impedir el uso de telefonía en el lugar donde se piensa cometer un delito”, dijo el ingeniero, quien añadió, en diálogo con la diaria, que estos equipos también pueden interferir las señales de los equipos de radiopatrulla y las de algunas alarmas. “Sin duda se trata de un equipamiento accesible, que incluso se puede comprar en Mercado Libre o en comercios del rubro de la seguridad informática”, aseguró. Según publicó El País en 2011, se pueden comprar jammers de origen israelí en Buenos Aires por precios que van desde 500 a 700 dólares. Con la tecnología disponible, la Ursec es capaz de detectar el uso de jammers buscando el origen de ciertas frecuencias de radio, cuenta su presidente, que agrega que de todas formas no es un proceso sencillo, y no necesariamente conduce a usuarios con fines delictivos. “Hay empresas que consiguen estos aparatos para evitar que los trabajadores usen sus celulares, pero eso puede ser peligroso porque, por ejemplo, pueden impedir a esas personas realizar llamadas de emergencia al 911”. Con la normativa actual, en esos casos el organismo sólo puede confiscar los aparatos y poner multas.

Al diputado del Partido Independiente Iván Posada no le pareció que la Ley de Presupuesto fuera el ámbito apropiado para introducir esa nueva pena: “Como es público y notorio, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración está abocada a la reforma del Código Penal. Aunque ya se cumplieron los plazos para presentar modificaciones, en la medida en que este artículo refiere a una norma penal, creo que correspondería”.