Son 1.600.000 las personas que están en condiciones de cambiar de prestador de salud. De todos modos, las autoridades calculan que los cambios no serán significativos, tal como ha ocurrido en los últimos años, que han demostrado la “gran estabilidad del sistema”, dijo Basso. El corralito mutual se impuso en 2000 y fue levantado diez años después, en períodos y en condiciones específicas; en 2011 se creó el decreto 03/2011, que continúa vigente. Basso comentó que en 2011 cambió de prestador alrededor de 6,5% de los habilitados, y que desde 2012 en adelante ese porcentaje se mantuvo en el entorno de 4%.
En el correr de estos años, Basso comentó que 200.000 personas han sido afiliadas de oficio en ASSE y que de ellas sólo 13% ha decidido cambiar de institución durante la apertura del corralito.
Aclaró que durante el resto del año pueden cambiar de prestador, cuando lo deseen, quienes hayan cambiado de domicilio -por año son unas 8.400 personas- y quienes tengan “situaciones fundadas de disconformidad” con la institución en la que se atienden y cuyas quejas hayan sido evaluadas por la Junta Nacional de Salud (Junasa). Mencionó que cada año hay unas 700 situaciones de ese tipo; cerca de 50% han sido reconocidas por la Junasa y el resto está siendo evaluado.
Al igual que el año pasado, a partir del lunes podrá consultarse el portal atuservicio.uy, una herramienta lanzada por la organización DATA y el Ministerio de Salud Pública (MSP) que permite comparar los datos de los prestadores de salud en cuanto a tiempos de espera, grado de satisfacción de los usuarios, precios de tickets y órdenes, cumplimiento de las metas asistenciales, el número de afiliados y recursos humanos cada 100.000 usuarios.
El usuario que quiera cambiar debe ir personalmente a la institución a la que se quiere afiliar. Está prohibida la intermediación lucrativa, práctica que si bien se sospecha que existe no ha sido comprobada por el MSP. Las instituciones deben enviar la historia clínica al nuevo prestador de salud, “sin costo y de oficio”, aclaró el ministro.
Gastar en lo necesario
“En los últimos días hay una fuerte presencia en los medios de propaganda que hacen las instituciones; no les puedo negar que es un tema que me preocupa, porque en realidad buena parte de las discusiones que tenemos con las instituciones es la falta de recursos”, expresó Basso. Consideró “lógico que en un sistema de competencia entre prestadores por captar socios Fonasa [Fondo Nacional de Salud] haya dinero destinado a la propaganda”, pero criticó los costos “excesivos”. “Nos gustaría, sinceramente, que estuvieran orientados a mejorar la calidad de las prestaciones”, dijo, y recordó que el MSP intentó limitar la publicidad de las instituciones, algo que no prosperó porque algunas de ellas reclamaron ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, que terminó anulando los artículos limitantes.
El ministro refirió a las discusiones que se dan en la Junasa, y dijo que para determinar si las instituciones incorporan una nueva prestación “se hace un estudio muy concienzudo desde el punto de vista económico” y del impacto que puede tener en las instituciones. Pidió que “se utilicen lo más racionalmente posible los recursos existentes para evitar gastos superfluos e innecesarios”. “Si no logramos que el sistema sea cada vez más sistema, cada vez vamos a precisar más plata para alimentar algo que no necesariamente es a lo que aspiramos en términos de reforma sanitaria”, recordó.
Basso hizo énfasis en fortalecer la complementación de las instituciones más que la competencia. Sabe que ese proceso no sucederá por arte de magia. Por eso, la sobrecuota de inversión se destinará a que las instituciones inviertan en la implementación de la historia clínica electrónica, y a “estimular el desarrollo de convenios de complementariedad entre diferentes instituciones”.