En una maratónica sesión, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió ayer a representantes de avícolas denunciados por persecución sindical; al empresario Diego Ortiz, propietario del Frigorífico Durazno, donde se accidentó un operario por falta de condiciones de seguridad; y a delegaciones de la Comisión Directiva del Colegio Gabriela Mistral, del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU) y de funcionarios de la Intendencia de Maldonado (IDM) que fueron cesados el 31 de diciembre.

Los delegados del SUGHU dejaron en claro que continuarán con medidas de paro y movilizaciones hasta que se firme el convenio colectivo del sector, uno de los pocos que restan de la primera etapa de la VI Ronda de Consejos de Salarios. La secretaria general de ese sindicato, Fernanda Aguirre, explicó a la diaria que “las negociaciones están trancadas” porque el salario mínimo en el sector es de 11.420 pesos nominales y “los empresarios pretenden otorgar un aumento para llevarlo a unos 16.000 pesos dentro de tres años, sin considerar distintas alternativas que propuso el SUGHU, como presentismo, aguinaldo complementario o la entrega de boletos, para alcanzar al fin del período un mínimo equivalente a media canasta familiar, es decir, 25.000 pesos”.

“Este salario no garantiza la subsistencia de ningún trabajador, en un sector que genera una riqueza que no justifica que se cobre la miseria que se está cobrando. Son realidades muy contrastantes, que no son admisibles. Hay suficiente riqueza en el sector para que se paguen salarios dignos, y por ello vamos a seguir luchando”, agregó la dirigente. Aguirre informó que “hace más de un mes” que no tienen instancias de negociación, “cuando la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay rechazó la propuesta del SUGHU”, y luego hubo gestiones de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para intentar que cambiara la posición de los empresarios.

Cuentos de la selva

La delegación del SUGHU también planteó a los legisladores su “preocupación” por la actitud que tomó una jueza de Salto que intimó verbalmente a los trabajadores a que levantaran el piquete que realizaban frente al Parque Acuático del hotel Horacio Quiroga, como parte de las medidas adoptadas por el SUGHU durante el pasado fin de semana. Ricardo Machado, delegado sindical del hotel, dijo que los propietarios presentaron una denuncia ante la Prefectura Nacional Naval y los efectivos de la Armada llegaron al piquete “con una intimación verbal” de la jueza penal Grecia Goncalves para que se retiraran del lugar, porque si eso no ocurría, “iban a actuar”. “Creemos que es un problema sindical, laboral, y las autoridades no tenían nada que hacer, menos con una orden verbal. De todas maneras, paramos sábado y domingo y obstruimos la entrada al parque, para que la patronal entienda que no puede seguir pagando salarios de menos de 10.000 pesos”, dijo Machado. La intervención personal del titular de la Dinatra, Juan Castillo, permitió que la situación se superara sin que “pasara a mayores”, según contó el jerarca a la diaria. Machado denunció que hace 25 años “la familia Safi recibió en concesión por 99 años el complejo turístico”, que fue construido junto con la represa de Salto Grande, y que “no paga luz ni agua”, “porque eso lo hace la Comisión Técnica Mixta” del emprendimiento binacional. “Eso representa unos 600.000 pesos al año que se embolsan, mientras que a los trabajadores les pagan el salario mínimo del sector”, agregó.

Los legisladores también recibieron a una delegación de los 18 funcionarios cesados a fin de año por la administración del intendente de Maldonado, Enrique Antía, en su mayoría mujeres, dos de ellas embarazadas. Lourdes de León, representante del grupo de cesados, dijo que todos ingresaron por concurso de oposición y méritos o por sorteo, y que tenían “una buena actuación, un buen puntaje y ningún antecedente negativo en los legajos”. “Se aduce una reestructura que no surge de ninguna resolución, los memorandos a partir de los cuales se decide desvincularnos no están adjuntos al expediente, lo que no da garantías al proceso, y en las funciones que estábamos desempeñando hoy están trabajando otras personas que no ingresaron por concurso de oposición y méritos”, explicó. Consultada sobre la legalidad del cese de una mujer en estado de gravidez, la delegada dijo que están haciendo las consultas pertinentes, pero que constituiría una ilegalidad, ya que, entre otras cosas, perdieron la cobertura de salud y el beneficio de la licencia maternal.

El presidente de la comisión parlamentaria, el diputado frenteamplista Óscar Andrade (Partido Comunista), dijo que intentarán “reinstalar un ámbito de negociación” con la IDM, “en lo posible en las condiciones previas” a los ceses. “Parece sensato que, antes de tomar una decisión tan radical, primero se agoten todas las instancias de diálogo”, explicó. Andrade informó que la comisión está trabajando en la reglamentación del Convenio 150 de la Organización Internacional del Trabajo sobre “la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, que “prohíbe expresamente el despido sin causa justificada” y contempla la situación de las mujeres en estado de gravidez.