El último discurso de asunción del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estuvo cargado de anuncios. Dijo que una de las primeras medidas que su cartera iba a implementar para erradicar la violencia y el crimen era el control de motos y “el combate franco y directo” a las bocas de drogas. Ayer la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) difundió su balance anual de la lucha contra el microtráfico. El saldo: 865 bocas cerradas en 2015; 508 de ellas se encontraban en la zona metropolitana (Montevideo, Canelones y San José).
Consultado por la diaria, el director de la DGRTID, Walter Menéndez, aseguró que aunque no se dejó de atacar a los grandes proveedores, se “le dio más importancia” al microtráfico porque “las bocas influyen más en la ciudadanía, en los barrios”.
Sostuvo que el cambio de estrategia surgió por la necesidad de “hacer algo más rápido y visible” contra la “inseguridad”. Agregó que “alrededor de las bocas la gente está insegura, y cuando una se cierra el impacto en el barrio es importantísimo”. “Ahora un vecino hace una denuncia, y a más tardar cuatro días después está la Brigada allanando”, afirmó. Explicó que en los puntos de venta de drogas se encuentran, en un solo lugar, varios “tipos de delito”: además de narcotráfico, receptación de celulares y elementos robados, por ejemplo.
Duplicar esfuerzos
De los datos recogidos entre el 2 de marzo y el 31 de diciembre de 2015 surge que las Brigadas Departamentales Antidrogas “desarticularon” 548 puntos de venta de drogas y la Brigada Nacional Antidrogas, con sede en Montevideo, 317.
La droga más incautada “sigue siendo” la marihuana; el año pasado llegaron a confiscar 2.521,19 kilos. Le siguen la cocaína, con 134,8 kilos, y la pasta base, con 67,6 kilos. Estas intervenciones conllevaron 2.554 detenciones. Menos de la mitad de los detenidos terminaron en procesamientos judiciales: 763 con prisión, 470 sin prisión, y 23 adolescentes “internados” en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
Menéndez señaló que si se compara lo confiscado con los datos de 2014, la cantidad de marihuana incautada es mayor, pero disminuyó la cantidad de cocaína y pasta base. El jerarca aclaró que el hecho de que el año pasado se haya incautado más marihuana pero menos cocaína y pasta base que en 2014 se debió a que ese año interceptaron “dos operaciones grandes”, con cargamento destinado al exterior.
Por otro lado, en 2015 las detenciones y procesamientos se duplicaron. En 2014 se habían embargado 1.457 kilos de marihuana, 430,286 kilos de cocaína y 208 kilos de pasta base. Las detenciones afectaron a 1.723 personas y de ellas se procesó a menos de la mitad: 538 personas. 18 adolescentes fueron internados en el Sirpa.
El gran trecho
El discurso del Frente Amplio respecto de qué políticas de drogas se debe tener (la no criminalización de los consumidores, el fortalecimiento y generación de medidas alternativas a la prisión, la reducción de la violencia relacionada con las economías ilegales, dista de la realidad si se miran los números. Los delitos vinculados a estupefacientes ocupan el segundo lugar en la tabla de procesamientos, con 10,9%; primero está el hurto, con 37,2%. Según los datos publicados el 4 de enero por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del MI, en 2015 aumentó 56% el número de procesados por estupefacientes en Montevideo, 9% en Canelones y 26,1% en el resto del país. 75,5% de los procesados fueron hombres.
Una investigación realizada por Alejandro Corda, integrante del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), publicada a fines del año pasado, indica que se envía a prisión a cada vez más personas por delitos relacionados con drogas. Según datos del informe, en 1999, 2% de los presos había caído por drogas; en 2013, 13%. Las cifras evidencian que en cinco años (2009-2013) la cantidad de enviados a la cárcel por delitos relacionados con drogas aumentó 39%, mientras que la población carcelaria creció, en el mismo período, menos de la mitad, 15%. Corda hace hincapié en que en Latinoamérica los “enviados a prisión suelen ser los actores menores del tráfico de drogas, fungibles y asociados a economías de subsistencia u otras condiciones de vulnerabilidad”.
Los delitos relacionados con estupefacientes son los que tienen el mayor porcentaje de mujeres presas: 24,5%, según el informe citado del Observatorio. En otro informe del CEDD, también del año pasado, Luciana Boiteux concluye que el encarcelamiento de mujeres por drogas “tiene un impacto mayor sobre la destrucción de lazos familiares y genera mayores afectaciones sobre el interés superior de niños y niñas, sin desconocer los impactos sobre las propias mujeres”. La investigadora cita a la criminóloga feminista Meda Chesney-Lind, quien sostiene que “la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres”.