Después de dos semanas de receso veraniego tras la votación del proyecto de capitalización de ANCAP, hoy vuelve la actividad al Parlamento. Por primera vez en esta legislatura sesionará la Comisión Permanente. Si bien en el orden del día sólo está la aprobación de la venia para destituir a un funcionario de la Dirección Nacional de Aduanas, la principal actividad pasará por las mociones que presentarán los legisladores que integran el cuerpo, tanto en la oposición como en el Frente Amplio (FA).

El Partido Nacional (PN) presentará mociones para llevar adelante nada menos que tres interpelaciones, y en todas ellas contará con el respaldo del Partido Colorado (PC). El Partido Independiente y Unidad Popular no tienen representantes en la Comisión Permanente.

Dos de estas tres interpelaciones serán realizadas por el diputado Pablo Abdala (PN). Una de ellas será, nuevamente, a la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, por la regasificadora. La jerarca ya había asistido a la cámara baja dos veces a solicitud de Abdala: una por este mismo tema, el 2 de setiembre, y otra el 1º de julio, por la situación de ANCAP.

Esta vez el anuncio del presidente Tabaré Vázquez tras la reunión que mantuvo el 7 de enero con su par argentino, Mauricio Macri, en Anchorena fue lo que motivó el llamado. “El acuerdo Vázquez-Macri de venta de gas no es un dato nuevo. Sigue pendiente que digan cómo, dónde, y quién va a construir la regasificadora”, escribió Abdala en Twitter el día de la reunión entre ambos mandatarios. El diputado buscará saber bajo qué condiciones se realizará el proyecto de la regasificadora, ahora que Argentina declaró su interés en comprar gas a Uruguay, aunque considera que esta condición no es suficiente para que el proyecto sea sustentable. Además, Abdala explicó a la diaria que el senador Pedro Bordaberry (PC) propuso oportunamente incluir el tema del aumento de las tarifas de las empresas públicas en la interpelación, que “está en boga” y también será tratado en la sesión.

Otra de las interpelaciones, también a cargo de Abdala, será al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por las denuncias que han realizado miembros de la Guardia Republicana sobre acoso moral y laboral dentro de esta fuerza. La preocupación del diputado se generó tras la visita de una delegación de funcionarios de la Guardia a la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja. En esta instancia varios funcionarios dijeron ser sancionados luego de que fueran a visitar a un compañero suyo que había sido expulsado tras denunciar al director de esta fuerza, Robert Yroa, por realizar prácticas de disparos con arma de fuego en lugares inadecuados. Los funcionarios dicen haber sido castigados por esta fuerza, dado que tras la visita se los envió a trabajar al Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se encontraron con reclusos que habían sido detenidos por ellos mismos. Al igual que con Cosse, Bordaberry propuso sumar otro tema a la interpelación: la evolución de las cifras de los delitos violentos.

El tercer llamado estará a cargo del nacionalista Alejo Umpiérrez y será al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre. El motivo de esta comparecencia serán los negocios que el país lleva adelante con Venezuela. Concretamente, se apunta a la deuda que Venezuela tiene con las empresas lácteas y avícolas uruguayas tras el incumplimiento de este país del acuerdo que el gobierno uruguayo realizó con su par caribeño en julio de 2015, que implicaba la compra de alimentos uruguayos por un valor de 300 millones de dólares. Venezuela debía depositar los montos de las compras en la sucursal uruguaya de Bandes, pero no se concretó la totalidad del pago, ya que se envió sólo una primera partida de 50 millones de dólares y la segunda, que debía llegar en diciembre, todavía no fue recibida, lo que motivó el enojo de los productores lácteos (ver nota en página 3).

El PN apunta más lejos en este tema y busca llevar adelante el mismo mecanismo que parece haberle dado frutos en ANCAP: crear una comisión investigadora que se encargue de los negocios del gobierno con Venezuela. La propuesta tiene el respaldo de toda la oposición salvo de Unidad Popular, pero para discutirla es necesario levantar el receso parlamentario en alguna de las cámaras, por lo que el pedido no se formalizará hasta marzo.

La bancada del FA definirá hoy de mañana, antes de la sesión, qué postura tomará ante las interpelaciones, pero algunos legisladores ya adelantaron su parecer. Uno de ellos es el diputado Pablo González, que dijo ser partidario de no votar ninguna de las convocatorias: “No hay ningún hecho de urgencia que amerite una interpelación. Hay otras herramientas para llevar adelante nuestro trabajo parlamentario. No podés convocar una interpelación para informarte. Se trata de una cuestión de generar un hecho político en verano”. Agregó que incluso en el caso de que hubiera mérito para una convocatoria, se debería haber convocado en cada caso a la comisión respectiva que trabaja el tema.

Preocupados

En tanto, la bancada del FA también tiene una carta para jugar. Varios legisladores frenteamplistas están preocupados por la detención en Jujuy, Argentina, de Milagro Sala, diputada del Parlamento del Mercosur y militante de la organización barrial jujeña Tupac Amaru. La reunión de la bancada previa definirá qué camino tomar y las opciones entre los legisladores frentistas son dos: la primera, la más suave, que un legislador realice una expresión de preocupación en la media hora previa y pida enviar sus palabras a la cancillería argentina; la segunda, la más pesada, declarar el tema como asunto político y aprobar una declaración de la Comisión Permanente, para lo cual el FA tiene mayoría.