Fue por la indignación de una madre que empezó todo. A principios del año lectivo, Michéle Barbé fue a acompañar a su hija de seis años a su primer día de escuela, y cuando se subió al ómnibus de Sol Antigua (una de las dos empresas de transporte colectivo urbano de la ciudad) se vio sorprendida cuando le quisieron cobrar el boleto de la niña. Se negó a pagar el boleto de su hija “porque los niños no deben pagar para ir a la escuela”, y tomó asiento. El chofer llamó al dueño de la empresa por celular y se lo pasó a ella mientras le espetaba “tomá, resolvelo vos”. Michéle le pidió una entrevista al responsable de la empresa, pero también se dirigió a manifestar su indignación ante el director de Transporte de la Intendencia de Colonia (IC), Mario Leiva, ante los ediles de la Comisión de Tránsito y Transporte y ante la Inspección Departamental de Primaria de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

A pesar de que existe una ley, la Nº 14.254, que en su artículo 1º consagra como “obligatoria la conducción gratuita de los escolares públicos y privados hacia la escuela y su regreso, por medio del transporte colectivo de pasajeros”, un decreto municipal vigente desde 1990 que reglamenta dicha ley para el departamento establece que las empresas sólo están obligadas “a transportar a los beneficiarios al primer centro docente que se encuentre sobre la ruta de su recorrido”. El General es un barrio humilde de trabajadores donde viven unas 12.000 personas y que cuenta con una sola escuela, que, evidentemente está saturada, al igual que la del aledaño barrio Los Nogales, por lo que, por causa de dicha reglamentación, unos 500 escolares abonan diariamente 42 pesos para ir y volver de las escuelas del barrio Real de San Carlos o del centro de la capital departamental, a pesar de que el artículo 5 de la ordenanza también establece que en caso de que los niños no puedan inscribirse en la escuela de su barrio “por estar cubierta su capacidad locativa, acreditados tales extremos mediante documentación expedida por la autoridad competente, el beneficiario tendrá derecho a ser trasladado hasta la escuela que le corresponde”. Es de notar que esta excepción no fue informada a la población en 26 años de vigencia de la reglamentación, y que tras 26 años, recién la semana pasada las autoridades municipales se enteraron de la problemática.

La loca de los boletos

Pese a golpear muchas puertas institucionales, lejos de encontrar respuestas o soluciones, Michéle más bien era vista como “la loca de los boletos”, que otra vez volvía para estropear la dulce siesta de las oficinas públicas. Nuevamente se subió al ómnibus con su hija rumbo a la escuela, nuevamente se negó a pagar el boleto de la niña; encaró a una treintena de padres que también llevaban a sus niños a la escuela, les preguntó si estaban de acuerdo con pagar el boleto y ahí mismo comenzó a juntar firmas. Esas primeras 30 firmas que juntó en el ómnibus pronto fueron 602, y las entregó a un grupo de ediles a los que había solicitado una reunión para encontrar una solución.

Se empezó a juntar con otros padres para “colectivizar la indignación y hacer más fuerza”, y se puso en contacto con los trabajadores de la otra empresa de transporte colectivo de la ciudad: ABC Coop, una empresa recuperada de “gestión obrera” (como se definen ellos mismos), los que en asamblea decidieron sumarse a la causa y con Barbé se establecieron como “comisión”. Los trabajadores de ABC Coop decidieron dejar de cobrar el boleto a partir del lunes 26, y juntos llamaron a concentrarse en la explanada de la Junta Departamental para solicitar que se trate el tema. Luis Toto Rivas, cooperativista de ABC Coop, manifestó al respecto que “la ordenanza municipal dice que los niños pueden viajar gratis hasta un kilómetro de distancia para concurrir a la escuela de su barrio, pero es de la época en que El General tenía menos de 500 habitantes. Hoy, con el crecimiento del barrio, la escuela está superpoblada y los niños deben viajar a escuelas de otros barrios, con el costo que ello implica para familias trabajadoras de bajos recursos”. “Sol Antigua factura medio millón de pesos mensuales cobrándoles pasaje a niños con túnica y moña” denunció Rivas.

Ante la insistencia de la Comisión de Vecinos por el Boleto Gratuito, el martes la Junta Departamental comenzó a tratar el tema mientras algunas decenas de padres y madres con sus hijos, trabajadores y vecinos, muchos con tambores y guitarras, que se concentraron autoconvocados en la explanada municipal, se trasladaron a las barras, en las que colgaron una pancarta que decía: “educación gratuita es igual a boleto gratuito”.

En sus intervenciones, los ediles de los tres partidos con representación en la Junta, 18 del PN, 12 del Frente Amplio (FA) y uno del Partido Colorado (PC), manifestaron su voluntad de dar solución inmediata al tema planteado antes de pasar a cuarto intermedio, para acordar una moción sobre la derogación de los artículos 4 y 5 de la ordenanza, lo que generó algarabía entre los manifestantes. Otro fue el cantar tras una hora de cuarto intermedio.

El espejismo nacionalista

La bancada del FA junto al edil colorado presentaron una moción para “suspender por 30 días la aplicación de los artículos 4 y 5 del decreto departamental [...] hasta la resolución definitiva al respecto”, lo que permitía el cese temporal del cobro del boleto, pero no fue votada por los representantes blancos, que hicieron valer su mayoría, dejando todo igual que al principio. Esto fue pasada la medianoche e hizo hervir la presión de los padres y madres que se encontraban en las barras, muchos con sus gurises dormidos. Algunos comenzaron a increpar e insultar a los nacionalistas, lo que derivó en la suspensión de la sesión por parte del presidente de la Junta Departamental, Mario Colman (PN). “Fue muy preocupante por el problema que se planteó, pero también debimos hacer valer las normas de comportamiento que se deben tener en una institución como esta; teníamos dos opciones, una era desalojar las barras, que estaban llenas de madres y niños, o suspender la sesión, porque no se podía hablar”, declaró al respecto Colman al programa 30 minutos de Canal 3 de Colonia. De todas maneras, mientras los manifestantes abandonaban el recinto fueron esperados y escoltados por la Policía, aunque no se registraron mayores inconvenientes. “¿Nos hicieron esperar siete horas al pedo?” gritó una niña. “Quedamos indignados, porque a la salida de la sesión nos estaba esperando la Policía: las madres saliendo con los niños y nos ponen a la Policía, como si fuéramos unos delincuentes”, manifestó Michéle Barbé al mismo programa de televisión.

En cuanto a la postura nacionalista, Colman manifestó al semanario La Colonia: “Acá hay un problema mayor y es el crecimiento de la zona de El General y la falta de previsión de ANEP, algo que hay que solucionar ya, pero la reglamentación es clara; si la escuela no tiene cupo, la directora de esa escuela le tiene que dar al padre del alumno una constancia que le permita ir gratis a la otra escuela”.

El saco roto

Al día siguiente a la sesión de la Junta, la filial departamental de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes-Colonia) hizo pública una declaración en la que denuncia “enérgicamente la política del partido de gobierno departamental de Colonia de atentar contra los derechos constitucionales de los estudiantes de educación primaria”, denuncia “el afán de lucro de la empresa Sol Antigua al exigir el cobro de pasajes a escolares”, a la vez que se interroga “cómo una ordenanza departamental está por encima de un decreto ley y de la Constitución de la República”. El dirigente de Fenapes-Colonia Martín Rethemías manifestó: “Este no es el único caso donde las empresas lucran con los hijos de los trabajadores: también pasa en Juan Lacaze, Carmelo y otras localidades del departamento de Colonia, donde empresas como Moreira, Tab y Berruti cobran pasaje a los escolares”.

Tras el levantamiento de la sesión, Rivas adelantó que la Comisión de Vecinos, junto a ABC Coop y Fenapes-Colonia, están organizando para el correr de este mes “una gran marcha” por la avenida General Flores “en defensa de la educación pública, por el boleto gratuito y por la construcción del liceo Nº 3 en el barrio El General”, que no cuenta con instituto de secundaria alguno. “Sólo hay una escuela de tiempo completo y un CAIF [Centro de Atención a la Infancia y la Familia]que no cubren la demanda, y estamos esperando la construcción del liceo, como se anunció en el Consejo de Ministros que se realizó en Carmelo”, dijo el dirigente de Fenapes-Colonia.

Por otra parte, el viernes trascendió por intermedio del semanario departamental El Eco que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados intervendrá en la situación. El diputado del FA Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular, MPP), que integra dicha comisión, declaró a El Eco que le parece “insólita la interpretación que hacen de la ley, ya que en Uruguay los escolares hace muchos años que no pagan para ejercer su derecho a la educación”, por lo que “vamos a tomar cartas en el asunto como Comisión de Educación del Parlamento, y convocaremos primero a la Comisión de Transporte de la Junta Departamental, para que nos explique la situación, y luego a las autoridades de Primaria”. Cuestionó que “una intendencia se ponga por arriba de la normativa de carácter nacional”.

También el viernes, de tarde, integrantes de la Comisión de Vecinos por el Boleto Gratuito y de ABC Coop fueron contactados por la diputada frenteamplista por Colonia Mercedes Santalla (MPP) para coordinar una reunión extraordinaria con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados que se llevará a cabo hoy a las 10.30, lo que augura que en estos días este departamento será objeto de atención política e informativa.