Percatados de lo “trancada” que está la negociación, los tres frenteamplistas que integran la comisión de Legislación de Trabajo de Diputados, Núñez, Daniel Placeres (Movimiento de Participación Popular) y Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo), convocarán al Poder Ejecutivo a llevar a cabo “instancias de conversación”.

Núñez consideró que “hay un problema político de fondo” que tiene que ver con la inflexibilidad y negativa del Poder Ejecutivo de generar instancias de diálogo de verdad, en vez de imposición”, y sostuvo que esta actitud está “erosionando parte de lo que para nosotros es la alianza estratégica entre el bloque político y social”. “Tenemos que intentar resolverlo como fuerza política, porque el tema supera los aspectos netamente institucionales. Nosotros queremos generar un debate político de fondo sobre el tema porque se están asumiendo riesgos muy costosos para el proyecto popular, y esto no puede pasar totalmente desapercibido”, afirmó.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se expresó en la misma línea el martes, durante una conferencia de prensa a raíz de la visita de la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff y el paro parcial de mañana. Dijo que “por la vía de los hechos, lo que está existiendo es una negociación bipartita luego de diez años de negociación tripartita”, y criticó la “rígida” posición del Poder Ejecutivo. Para él, “lo más grave no es que no se hayan alcanzado acuerdos, sino que aún no haya empezado la negociación”.

Efecto dominó

Consultado por la diaria, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, se mostró “preocupado, porque el tiempo está transcurriendo”. “Entramos en el mes de noviembre y la ronda está bastante atrasada, sobre todo en dos sectores que, donde se mantengan atrasados, generan el mismo efecto en muchos de los subgrupos que negocian ahora”. Se trata de los supermercados en el sector de comercio y servicios y de la industria de la construcción.

Hoy de mañana se reunirán los delegados de los sindicatos en el PIT-CNT para hacer “una evaluación más detallada” de la situación, y mañana se llevará a cabo la movilización en el centro con paro parcial de las actividades entre las 9.00 y las 13.00.

Castellano dijo que “todos sabemos que se entra en la recta final” y recordó que en diciembre resulta muy difícil acordar, producto de “las fiestas”, y que se encuentran las liquidaciones de aguinaldos, y en muchos casos -como en el de la construcción-, del salario vacacional. Agregó que los resultados de la negociación en curso son retroactivos al 1º de julio.

Hasta ahora, de la tercera fase sólo han acordado seis grupos pequeños, hace aproximadamente un mes, y en todos los casos en convenios bipartitos, dejando por fuera al Poder Ejecutivo.

El director del Cuesta Duarte consideró que sigue habiendo una “actitud del Poder Ejecutivo que no permite promover una discusión más abierta”, y estimó que de acordar el grupo 1 de la construcción, así como los supermercados, los demás subgrupos dentro de la construcción y de comercios y servicios “salen rápido”.

En el caso de la primera fase, de los 57 grupos cuyo convenio venció entre junio y julio de 2015, las negociaciones se extendieron hasta avanzado este año, con sectores como el gastronómico, el taxi, la educación privada y la industria gráfica entre los más complicados. Finalmente, se terminó acordando en tres cuartas partes de los casos -31 convenios tripartitos y 11 bipartitos- y votando en el resto, con la particularidad de que en ningún caso coincidieron el gobierno y los trabajadores.

“Inalcanzable”

En diálogo con la diaria, el dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) Daniel Diverio sostuvo que la situación de la negociación colectiva en su rubro “sigue incambiada”. Hace más de un mes que no se convocan instancias tripartitas, por lo que el sindicato decidió ir en busca de “un escenario de negociación” mediante la “profundización de medidas en todas las obras del país así como en los peajes”, afirmó.

En este caso, el conflicto primario de los trabajadores es con el Ejecutivo, ya que el empresariado le ha manifestado que acompañaría su propuesta -de un correctivo anual con ajuste también anual- sólo en caso que el gobierno también lo haga, y esto no se encuentra dentro de los planes previstos.

Diverio valoró el papel “regulador” del convenio en la industria y sostuvo que el escenario es “cada vez más complicado, no sólo para los trabajadores y para la industria, sino también para el país, porque si llegamos al punto de que el gobierno legítimamente decrete, quedaríamos con las manos libres para ir a pelear obra por obra para generar las condiciones que nosotros creemos que corresponden. En este sentido, la ausencia de compromiso, además de dejar a cada trabajador a la deriva, “complicaría especialmente a la obra pública, ya que el empresariado aumentaría sus costos en las licitaciones en base a expectativas y especulaciones superiores a las que finalmente se dan, como la experiencia lo ha demostrado”.

Para el dirigente, el gobierno está incurriendo en un “error” al ponerse en contra de la firma del planteo: “Nosotros estamos ubicando la plataforma a la mínima, es decir que no estamos reclamando incrementos salariales, pero sí dijimos que queríamos asegurar una fórmula que no nos deje pérdida salarial, y la fórmula del gobierno es realmente inalcanzable”. “Nadie puede entender que en un convenio a 24 meses el primer correctivo sea a los 18, sino que es lógico que sea a la mitad, a los 12 meses, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta técnica ni argumentos económicos que nos lleven a entenderlo: por eso no compartimos”, explicó.

Cuanto más comprás, menos pagás

El secretario de organización de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, Carlos Báez, dijo a la diaria que la situación no sólo es “brava” sino que incluso tuvo “retrocesos muy grandes” en los últimos días. El lunes, durante una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las empresas hicieron una propuesta que los trabajadores consideraron “una tomada de pelo”.

“Si bien en nuestra plataforma no teníamos avances en los salarios, porque la patronal se plantaba en el sector con problemas, sí destacábamos que por lo menos habíamos conversado de hacer un convenio a dos años y un correctivo anual, pero durante la reunión de ayer se nos presentó un convenio a 20 meses y un correctivo a 18, y de beneficios, nada. Entonces, sin duda es un retroceso”, afirmó. Los trabajadores apuntan a bajar las horas de trabajo por semana de 44 a 40, piden un salario mínimo de 20.000 pesos y la eliminación de las partidas por presentismo, algo con lo que la patronal se ha mostrado en desacuerdo.

Empresarios y trabajadores también discrepan acerca de la situación del sector; mientras los primeros lo definen en el primer año como “un sector con problemas” y durante el segundo año en “intermedio”, los segundos consideran que al día de hoy “se está creciendo” y el nivel de empleo así lo demuestra.

El giro en las conversaciones motivó medidas: el lunes los trabajadores ocuparon nueve locales de la cadena Tienda Inglesa en Montevideo, Maldonado, Mercedes, Treinta y Tres y Punta del Este, y el martes hicieron una cortada en la línea de caja del supermercado Devoto de Portones Shopping. Báez dijo que hoy se definirán nuevas medidas y que les sorprendió “la cantidad de clientes” que apoyan sus reclamos, algo que valoró, ya que “la medida no es contra ellos y es bueno que lo comprendan”.

Los trabajadores de los supermercados preparan una asamblea general para “la próxima semana”, mientras que el SUNCA ya tiene fijados lugar y fecha: será el 16 de noviembre en la plaza 1º de Mayo.