En 2007, el primer gobierno de Tabaré Vázquez reglamentó la Ley de Inversiones 16.906, que había sido aprobada en 1998. Se estableció como requisito para promover las inversiones mediante exoneraciones tributarias, entre otros, el cumplimiento de metas en materia de generación de empleo productivo, la mejora del proceso de descentralización, el aumento de las exportaciones, el incremento del valor agregado nacional, la utilización de tecnologías limpias y las inversiones en investigación. Un decreto posterior, en 2012, eliminó criterios que se consideraban de difícil medición, incorporó indicadores nuevos, como el de la calidad del empleo, y estableció beneficios para las pequeñas y medianas empresas. El concepto de “inversión” tiene un sentido amplio: incluye bienes corporales e incorporales, la realización de mejoras, plantaciones, etcétera.

Para solicitar el beneficio, las empresas deben presentarse ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Un equipo de funcionarios de distintos ministerios resuelve si el proyecto presentado cumple con las condiciones establecidas en la normativa y eleva un proyecto de resolución al Poder Ejecutivo, que finalmente aprueba la inversión. La Comap dispone de 60 días para pronunciarse sobre el proyecto de inversión, y si no lo hace, se considera aprobado. El seguimiento de la inversión se realiza por medio de declaraciones juradas de los beneficiarios, y la Comap puede además efectuar controles en cualquier momento del proceso de ejecución del proyecto.

Al analizar la evolución del monto destinado a exoneraciones tributarias en aplicación de la Ley de Inversiones entre 2005 y 2015 -las cifras figuran en dólares, y por lo tanto puede haber variaciones por el tipo de cambio- se observa un crecimiento en el volumen de dinero destinado a este mecanismo. En 2005 se destinaron 295 millones de dólares, y en 2015, 2.413 millones de dólares. En el período, hay dos saltos pronunciados: de 2007 a 2008 creció más de 100% el monto destinado a exoneraciones, y entre 2011 y 2012 también hubo un crecimiento marcado (ver gráfico).

En cuanto a las exoneraciones por sector, puede observarse que en 2016, de los proyectos aprobados por la Comap, 73,3% se destina a la industria, 12,3% a los servicios, 8,9% al agro y 5,5% al comercio. No obstante, hay superposiciones y datos llamativos en la clasificación que hace la Comap de la inversión por sector. Por ejemplo, en las inversiones catalogadas como “industria” se pueden encontrar proyectos tales como “cría de ganado vacuno”, “venta de productos químicos”, “producción de huevos”, “alquiler de equipos de cine y video”, “almacenaje de granos”, “freeshop”, “consultoría informática”, “servicios contables”, “intermediación en compraventa y arrendamiento de inmuebles”, “comercio de juguetes”, “servicios jurídicos” y “call center”.

En los restantes sectores parece más clara la clasificación. Dentro del sector de “servicios”, los proyectos presentados en 2016 incluyen una amplia variedad de actividades.

En cuanto a las empresas beneficiadas por exoneraciones en base a la Ley de Inversiones en 2016, surge que los cinco proyectos con mayores montos de exoneración están destinados a la producción, transmisión y distribución de energía eléctrica (ver tabla). Si se toman los 20 mayores montos de exoneración, vemos que hay nueve empresas de generación de energía eléctrica beneficiadas. También entran en el ranking de los 20 proyectos más beneficiados tres empresas y un club conocidos: los supermercados Devoto, el operador portuario privado Montecon, la empresa de telecomunicaciones Claro -que está en juicio con el Estado- y el Club Nacional de Football.

Este año, la Comap resolvió además que correspondía beneficiar tributariamente a la AFAP privada Integración, que compite con la estatal República AFAP, en un monto de 0,6 millones de dólares. La Compañía Industrial de Tabacos Monte Paz, productora de las marcas Nevada y Coronado, también resultó beneficiada, con una exoneración de 4,7 millones de dólares.