Hace un año que trabajo en un archivo, el del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos, ubicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. No es cualquier archivo, sino uno que posee documentación relacionada con la historia reciente de Uruguay, sobre partidos y organizaciones políticas, organismos de derechos humanos, sindicatos, el exilio; esto lo podemos encontrar en soporte fotográfico, sonoro y audiovisual, además de la documentación en papel. He colaborado en la reorganización del archivo, en pos de facilitar su acceso.
A su vez, desde hace un año participo en el equipo interdisciplinario que ha venido llevando a cabo la investigación “Archivos y derechos humanos”, cuyo objetivo es recopilar y difundir información sistematizada sobre los archivos y repositorios documentales referidos al pasado reciente, así como mejorar las prácticas de acceso público y uso responsable de dicha documentación, mediante la promoción de iniciativas para la aplicación de las leyes existentes. Para esto último convocamos a personas que trabajan en esos repositorios, así como a usuarios y otros especialistas, a talleres en los que se puede compartir información y plantear alternativas a futuro(1).
Ahora bien, este trabajo se entrecruza con mi otra función, que está relacionada con que integro el equipo interdisciplinario que lleva a cabo la investigación histórica sobre asesinados políticos y detenidos-desaparecidos en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Claramente, el uso de los archivos es transversal a estas ocupaciones, pero no se restringe únicamente a estos ámbitos. Para quienes investigamos el pasado reciente, la documentación de la época es fundamental para analizar, entender y reconstruir ese período.
No solamente algunos historiadores -cuyo fetichismo exacerbado por la documentación supera las propias ganas de investigar- ni solamente algunos archivólogos -que piensan que son los únicos capacitados para determinar el acceso y el uso de la documentación- deberían monopolizar las funciones de acceso y uso de la documentación, ni en el ámbito investigativo, ni en el ámbito práctico.
En este punto me surgen dos tipos de reflexiones en torno a una misma problemática: el uso y acceso de documentación acerca del pasado reciente uruguayo y el considerar la interdisciplinariedad para el abordaje de estos documentos.
Voy a empezar en desorden. Con respecto a la interdisciplinariedad para el abordaje de los archivos, me refiero a que el ámbito académico se vería enriquecido por abrirse a las diferentes posturas con respecto a los usos, enfoques, análisis y tratamiento de la documentación en las investigaciones acerca del pasado reciente de Uruguay. En la academia uruguaya, quienes han podido integrar de forma pionera el uso de los archivos como fuente de investigación han sido mayoritariamente los historiadores, aunque no serían los únicos.
Considero que debe haber una mayor apertura hacia todas las ciencias sociales y humanas (sociología, antropología, etcétera), para el intercambio y el enriquecimiento de las investigaciones, en torno al tratamiento y abordaje de la documentación. Pero esto sólo se lograría si dentro del ámbito académico se generara un genuino intercambio y diálogo entre los diferentes conglomerados de intelectuales o profesionales que trabajan sobre este período. Es decir que para conocer avances en torno a la apertura de archivos o al uso de determinados archivos o a la realización de investigaciones, debe producirse un diálogo entre la academia y otros ámbitos que, tal vez, no son propiamente académicos, aunque no dejan de producir conocimiento que es académico.
Este año la prensa comunicó que un equipo de personas de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente estaba trabajando en dependencias de la Armada Nacional, específicamente en Fusileros Navales (Fusna), en busca de archivos de Inteligencia de la época de la dictadura. Esto salió en la prensa, pero no fue objeto de debate en el ámbito académico; más bien, diría que no se le dio pelota.
¿Cómo podemos mirar más allá de las competencias y, en lugar de estar divididos frente a la tarea de investigación en este tema, aunar esfuerzos e intercambiar posturas que ayuden a enriquecer el campo y a intercambiar recursos? Tal vez sea una pregunta un poco utópica para el ámbito académico uruguayo.
Esto, en mi perspectiva, está relacionado con el otro punto que planteé más arriba: el uso y acceso de la documentación acerca del pasado reciente de Uruguay. Este aspecto es más que problemático, dado que estamos a poco más de 40 años del período que se intenta esclarecer y, luego de haber pasado por ya casi tres gobiernos de izquierda, el acceso a la documentación no debería ser un problema, pero lo es.
Considerando que hay diferentes niveles de usuarios, voy a enfocarme en los investigadores, ya que es el ámbito que me compete. En este caso el tema del acceso depende de muchos factores; entre ellos, uno de los más importantes son las propias trabas burocráticas de las instituciones que poseen estos archivos: dado que no siempre el personal a cargo es el idóneo para la tarea, depende de la voluntad de quienes poseen la documentación que se habilite su acceso o no. Esto muchas veces determina que cada institución haga “su manejo” y empleo de las leyes vigentes en torno al acceso a la información (Ley Nº 18.381) como le parece, y a veces sin mucho criterio.
Muchas veces, los archivólogos no son los más idóneos para definir y determinar el acceso a determinada documentación, dado que, aunque posean conocimiento técnico acerca de cómo debe estar organizada o cómo debe ser preservada o tratada, deberían apoyar su trabajo en equipos interdisciplinarios en los que varios saberes y experiencias dialoguen en torno a cuáles son las mejores opciones para el acceso y uso de este material. En algunos casos, estos especialistas pueden poseer un conocimiento específico acerca del documento que no necesariamente sea acorde con su experiencia respecto del uso y abordaje de los documentos.
Por otro lado, el uso que se les da a los archivos no lo pueden determinar ni imponer los archivólogos ni los funcionarios que estén a cargo de la atención al público en las instituciones poseedoras de estos archivos, sino que el uso depende de una ética del investigador. No somos periodistas sino investigadores; por ende, los criterios de abordaje de los documentos son distintos, pero el acceso no puede estar supeditado al uso. El acceso debe ser abierto; los investigadores deben tomar las precauciones necesarias para no exponer a las víctimas ni revictimizarlas, pero los documentos deben poder ser accesibles y utilizables.
Una versión previa de esta nota fue publicada en Razones y personas.