La organización Mujer y Salud Uruguay (MYSU) y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) aseguran que existen casos de explotación sexual de mujeres en las cárceles de adultos. Coinciden en que se da como forma de “intercambio”, pago de deudas o “arreglos” entre reclusos y/o familiares de reclusos, o como trabajo sexual. Crisoldo Caraballo, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), afirmó que “para decir que eso pasa debería haber denuncias, pero no las hay”.

Mauro Tomasini, de Serpaj, sostuvo que son casos muy difíciles de visibilizar, que se “entretejen de formas distintas”, y que, por ejemplo, una de ellas es así: “Una amiga va a acompañar a la hermana de un gurí privado de libertad, y probablemente la amiga quede con él o con alguno del mismo módulo”, aunque también es cierto que puede ser consensuado. Además, señaló que hay visitas íntimas en las que los reclusos reciben a trabajadoras sexuales. Esto mismo también fue indentificado por madres de reclusos, quienes aseguraron que los hombres privados de libertad “contratan a prostitutas y las hacen pasar por novias, porque es la misma que va, o el mismo travesti que va siempre”, y aunque menos, también les consta que “pidan que se les pague [deudas] con sexo”, por ejemplo “acostarse con la madre o la hermana del que debe”. En esa misma línea está MYSU; Lilián Abracinskas, su directora, aseguró que “hay explotación sexual, prostitución y manejo de poder por medio de los cuerpos de las mujeres”. Sobre el tema, Caraballo sostuvo que existen “controles” en las visitas conyugales y que para que un recluso obtenga el permiso para recibirlas, el INR debe verificar “un vínculo establecido”.

Tomasini explicó que son situaciones que ocurren fuera de la cárcel y se reproducen dentro: “En muchos barrios, y en general en el universo del delito, las mujeres entran al delito por un hombre: el novio, un primo, etcétera; son un objeto de mercancía, de intercambio. Eso tiene que ver con cierto statu quo construido muy precariamente, porque, básicamente, en muchos de los barrios de bajos recursos se establece un tipo de orden distinto del orden institucionalizado y de clase media. Entonces, cuando no hay presencia del Estado, los intercambios son mucho más precarios y los conflictos se desarrollan de forma mucho más violenta. Eso se reproduce en la cárcel”. A su vez, como es un problema que no se ha estudiado, “habría que ver cuáles son los circuitos para que eso se reproduzca con la anuencia de la institucionalidad”.

Por otro lado, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, aclaró que aunque su oficina no ha recibido denuncias al respecto, tiene “la impresión de que en los sectores donde está ausente el Estado, puede pasar cualquier cosa”. En ese sentido, dijo que le han llegado “versiones no confirmadas”, y que “lo que siempre preocupa es no tener programas socioeducativos estructurados; cuanto más programas haya, menos formas de violencia, manipulación y explotación va a haber de la forma que sea: desde el peaje y la amenaza hasta la explotación sexual”.