En balneario Arazatí, en el kilómetro 72 de la ruta 1, en el departamento de San José, donde las barrancas y las arenas bañadas por el Río de la Plata dibujan un entorno bellísimo, un empresario forestal que tenía cerrado el acceso a la playa quiere desalojar a un pescador artesanal de un predio que no le pertenece.

“¿Serán atrevidos? Pero, ¿serán atrevidos?”, pregunta Sánchez, el pescador, mientras se agarra la cabeza. Acaba de llegar un camión, doble zorra, manejado por un chofer que dice haber sido contratado para “una mudanza” por el empresario Alberto Voulminot, vinculado a la empresa forestal Arazatí, que se ubica a unos metros, y que dice ser el dueño del predio donde Sánchez vive desde hace 23 años, cuando un temporal lo dejó sin nada.

Incertidumbre

La orden de desalojo estaba marcada para las 15.00. “Yo en la conciencia mía sé que esto no es mío, esto es del Estado, pero ahora para atrás no voy, porque me han pegado mucho. Y ellos actúan como los dueños y no son”, dice Sánchez, en el frente de su casa, donde se acumulan botes, redes y cajones de pesca. Y donde está el ómnibus antiguo en el que viven él y su familia, además de las estructuras de madera que lo acompañan.

Los alambrados y los árboles de la empresa -por lo tanto, del supuesto “legítimo dueño”- llegan hasta la playa, literalmente, y los vecinos relatan que en algún momento hasta llegaron a entrar en el agua. En otro momento, también el acceso a la playa -una de las más lindas de San José- estuvo cerrado por una tranquera. Ahora, cerca de la hora marcada para el desalojo, llegan vecinos y vecinas en moto, en auto o caminando, y charlan. Tienen la incertidumbre marcada en la cara. Nadie sabe nada. Si alguien, más allá del camión, va a venir a desalojar a la familia, si vendrá la Policía, si vendrán los abogados. Recuerdan actitudes patoteras de Voulminot; hablan de lo ridículo que es que la playa haya estado y pueda volver a estar cerrada, que sus alambrados lleguen hasta la arena. Dicen que el problema empezó cuando la familia puso la luz; que entonces el empresario pensó que no los sacaba más.

Forzados

En un comunicado a la opinión pública, Voulminot dijo “lamentar” la situación de desalojo de Ruben Sánchez y su familia del padrón que considera de su propiedad, pero explicó que se “vieron forzados” a solicitar la acción de la Justicia ante “reiteradas negativas” de Sánchez de “buscar una solución a su ocupación precaria del predio”. Para él, “Sánchez y su familia ocupan un área que se les prestó para que pudieran reiniciar su actividad de pesca después de haber perdido sus pertenencias y su equipo a causa de la gran creciente e inundación de febrero de 1993”, y justifica el desalojo diciendo que Sánchez, “haciéndose pasar por poseedor, pretende prescribir, esto es, volverse propietario de forma ilegítima y apropiarse del bien avasallando los derechos de su legítimo dueño”.

“No es changa”, dice Óscar, el hijo de Sánchez, que tiene 26 años y se crió ahí, en la arena por la que ahora camina y en el agua que la baña y les da de comer. Vive con su padre y su madre en la casa de la que quieren desalojarlos. Terminó la escuela y le dijo a su padre que no iba a ir al liceo porque sabía que iba a ir a “bandidear”, y se metió en la pesca hasta ahora. Dice que ahí sale mochuelo, sábalo, carpa, dorado, lenguado, algún pejerrey, bagre. Y que pueden dejar las puertas abiertas, y “eso no se paga con nada”.

Incostitucionalidad

Beatriz, su madre, está diciendo que a veces no duerme pensando en lo que puede pasar. Y en eso llega el abogado, Franklin Fuentes. Se reúne con la familia. Por las sonrisas y los abrazos se entiende que las noticias son buenas. El abogado explica, minutos después, que el desalojo está “provisionalmente suspendido”. Presentó un recurso de inconstitucionalidad, al que la jueza no hizo lugar, por lo que el abogado tiene un plazo de cinco días para presentar el recurso de queja, que llevará el expediente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Irregular

Paralelamente, la defensa de Sánchez presentará a la SCJ otro recurso, en este caso de revisión de todo el expediente, basado principalmente en la Ley de Ordenamiento Territorial. Esa ley es la que establece que los terrenos que se encuentran en una faja de 150 metros de la ribera superior del curso de agua, como es el caso del terreno donde vive Sánchez, pertenecen al dominio público. “Los planos se hicieron en 2012 y no respetaron la faja costera. Por lo tanto, según la ley, son absolutamente nulos. Y ahí empieza la nulidad de todos los documentos presentados para hacer el juicio, ya que el terreno fue construido de forma irregular”, por lo tanto “no corresponde al señor Voulminot desalojarlo”, dice Fuentes.

Sin embargo, la misma ley que le sirve hoy a la familia para no ser desalojada es la que puede justificar su desalojo en otro momento, ya que establece que en esa franja “no podrá situarse ningún predio”. Pero esa es otra discusión; lo que les importa hoy es que el camión se fue vacío y que Beatriz dormirá tranquila esta noche. “Vas a poder seguir jugando con el abuelo en la arenita”, le dice Sánchez a su nieto Santiago, de cuatro años, y abraza a Beatriz, que dice que “Dios aprieta pero no ahorca”.