Las siete diferencias

La imagen fue inusual durante todo el proceso de trabajo de la comisión investigadora parlamentaria sobre la situación de ANCAP y, por eso mismo, significativa. Luego de fuertes discusiones internas en el Frente Amplio sobre lo sucedido en el ente, que llegaron a su punto máximo con el cruce de misivas públicas entre el ex presidente José Mujica y el ministro de Economía, Danilo Astori, la coalición de izquierda se mostró ayer unida en la presentación de las conclusiones del informe. Asistieron en señal de respaldo no sólo dirigentes del Movimiento de Participación Popular -como la senadora Lucía Topolansky- y del Partido Comunista del Uruguay -como el diputado Óscar Andrade- sino también el secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, y los senadores del Frente Liber Seregni Daniela Payssé (Asamblea Uruguay) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), que acompañaron a los legisladores oficialistas que integraron la comisión en la presentación del informe.

El Frente Amplio elaboró un documento único que concluye que no existieron ilícitos ni irregularidades en ANCAP en el período analizado, entre 2005 y 2015. Además, Agazzi resaltó que “todo lo gastado en ANCAP en estos 15 años está documentado. Nadie metió la mano en la lata, no falta ni un peso. Puede ser discutible cómo funcionó, pero para eso no era la comisión investigadora”.

El presidente de la comisión, Marcos Otheguy (lista 711), señaló que el texto incluye información de “lo que se propuso ANCAP en estos diez años”. “ANCAP en 2004 era una empresa que estaba paralizada, en 30 años habían invertido nada más que 125 millones de dólares, era una empresa que tenía totalmente hipotecada su continuidad. Y en estos diez años, de la mano del gobierno del Frente Amplio, se invirtieron más de 1.280 millones de dólares. Se transformó estructuralmente y hoy nos permite tener una empresa en condiciones de proyectarse hacia el futuro”, remarcó.

Agazzi sostuvo que el informe fue respaldado por todos los sectores, por más que dentro de la bancada puede haber visiones distintas sobre algunos aspectos de la gestión. De todos modos, indicó que ése no era el objeto de la investigadora, e insistió en que “la carga de la prueba” la tiene el legislador denunciante, el nacionalista Álvaro Delgado. Otheguy cuestionó que la oposición esté presumiendo “ilicitudes al boleo”. “No hay mérito alguno para enviar esto a la Justicia, sólo hacerle perder tiempo a la Justicia uruguaya, que tiene temas mucho más importantes”, sostuvo.

La otra cara

Una hora antes, en el mismo escenario -la antesala del Senado-, el miembro denunciante, acompañado por el senador nacionalista Jorge Saravia, hizo su exposición ante los medios, luego de una reunión de bancada del Partido Nacional que avaló el informe de los legisladores blancos que integraron la comisión.

Delgado detalló que el informe de su partido halló “cerca de 50 irregularidades”, ocho violaciones de normas legales y siete violaciones de normas constitucionales, y que incluye un análisis de estas irregularidades e ilícitos desde el punto de vista del derecho administrativo a cargo de Carlos Delpiazzo, profesor de Derecho Administrativo vinculado al Partido Nacional. El informe del Frente Amplio cuestiona la “novela periodística” que se armó en torno a la gestión de ANCAP y las “falsedades” que se dijeron. Delgado remarcó el “manejo serio y responsable” que hizo su partido sobre tema, y aseguró que toda la información fue “chequeada y verificada”.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, fue el primero en la tanda de las exposiciones de la tarde en la antesala del Senado. Concluyó que en ANCAP hubo “muy mala administración” y una “negligencia evidente” que incluyó “una definición de incrementar gastos a pesar de los momentos difíciles que la empresa ha tenido” e “inversiones disparadas más allá de lo previsto”. “Todo eso se resume en el gesto indiscutible de que el Estado tuvo que capitalizar ANCAP a fines de año”, afirmó. Informó que su partido halló 20 irregularidades, de las cuales 14 no son ilícitos y otras seis sí revisten el carácter de “apariencia de ilícitos”. Dijo tener la convicción de que ANCAP fue “usada con fines políticos” para “la promoción de candidaturas”.

Ni Delgado ni Mieres arriesgaron tipificaciones de eventuales delitos cometidos, aunque el senador del Partido Independiente valoró que podría aplicarse en algunos casos la figura de abuso de funciones. El que arriesgó más tipificaciones fue el senador colorado Pedro Bordaberry: valoró que en algunos casos podría haber “tráfico de influencias”, abuso de funciones, “omisión contumacial de los deberes del cargo”, cohecho calificado y conjunción entre el interés personal y el público. Delgado, en cambio, dijo que hay que ser “muy cautos”. “Quien nos da garantías a todos es la Justicia, y a la Justicia lo que le vamos a elevar son hechos, no personas. Y sobre los hechos, no vamos a tipificar delitos. Será la Justicia la que los confirme y los encuadre dentro de la figura penal que corresponda”, sostuvo.

De ahora en más

Algunos partidos incluyeron recomendaciones en sus informes. El Partido Nacional propuso cambios legislativos en el funcionamiento de las sociedades anónimas, porque en los últimos años ha habido “un uso y abuso” de sociedades que funcionan en el derecho privado y son de propiedad estatal, un mecanismo que se utiliza para eludir los controles del Tribunal de Cuentas y del TOCAF, afirmó Delgado. El Partido Independiente planteó que los directores de las empresas públicas no puedan ser candidatos por cinco años tras dejar sus cargos, de modo de “separar la carrera política de la gestión”. “Si no ocurren las tentaciones, ésta no es la primera”, manifestó Mieres.

Todos los partidos hicieron una valoración positiva de los resultados de la comisión investigadora, al menos en sus declaraciones públicas. “Ahora todos sabemos muchas más cosas de ANCAP, y para nosotros, las transformaciones de ANCAP son una parte importante de las transformaciones del país. La no demostración de ilicitudes y la comprobación de las transformaciones del ente para nosotros es un objetivo logrado”, destacó Agazzi. “La investigadora fue una buena noticia para el Uruguay y para la democracia. Estábamos bloqueados contra un muro que era la mayoría. En las interpelaciones y los llamados a comisión terminaba abroquelado un gobierno que tiene mayoría propia. Por primera vez se abrió la puerta y se permitió investigar y hurgar sobre la gestión”, destacó por su parte Delgado. “Nos enteramos de muchas cosas que no nos hubiéramos enterado, es un buen antecedente y la evaluación es tremendamente positiva”, concluyó.

Mañana el plenario del Senado debatirá los informes, y la oposición definirá en estos días si formula una denuncia conjunta ante la Justicia penal.