Todavía no está muy claro qué pasó aquella madrugada del 12 de junio del año pasado. Sí se sabe que dos hombres se robaron una heladera, un televisor y una garrafa de un carrito de chorizos donde se cruzan las calles Coronel Raíz y Aparicio Saravia, que un taxista los vio y que cinco patrullas de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo salieron a trillar el barrio para encontrar a los responsables. A las 3.40, relata el parte policial, una patrulla llevaba a uno de los sospechosos y los materiales incautados a la Seccional 8ª, mientras otros oficiales perseguían al segundo hombre por el barrio Casavalle, en auto y a pie.

A las 4.25, Ruben Daniel Martínez ya estaba muerto, boca abajo, por un disparo en la espalda. Tenía 25 años, hacía changas en el puerto de Montevideo y había salido a tomar un vino por el barrio después de una pelea de pareja, declararon sus familiares más tarde en la seccional. La autopsia, según los documentos judiciales a los que accedió la diaria, dice que la muerte fue “prácticamente instantánea”, a causa de una bala que perforó el pericardio y se quedó adentro del cuerpo que se desangraba en la calle Hudson, a 100 metros de las vías del tren. El informe de balística arroja que el disparo se hizo a menos de medio metro de distancia y que la vaina de la bala que se encontró en el lugar salió del arma de reglamento de un policía. No hay ningún dato de la investigación que involucre a Martínez en el robo al carrito.

El caso llegó a manos de la jueza de 8º Turno Graciela Eustachio, que indagó por varios meses a los diez policías que estuvieron involucrados en el operativo de esa madrugada. Las versiones de los oficiales y las que registró el parte policial eran contradictorias. Fue por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, que también había iniciado una investigación interna, que surgieron pruebas decisivas: el sistema de comunicaciones Tetra, que sustituyó en 2012 a la radio policial, graba lo que pasa dentro de la patrulla y también unos metros alrededor. El pedido fiscal, al que accedió la diaria, incluye como pruebas algunas transcripciones de conversaciones entre el oficial que disparó y otros dos, que para el fiscal Carlos Reyes “evidencian intercambio tendiente a manipulación de los hechos”: en esa charla el agente acusado de disparar reconoce haberlo hecho, se maneja la posibilidad de plantarle una pistola a Martínez (en el lunfardo policial esto se conoce como un “arma yuta”), uno de sus compañeros le sugiere que declare que hizo varios disparos intimidatorios, y ambos debaten sobre si es más conveniente decir que estos fueron al piso o al cielo. “Yo estoy tranquilo porque no disparé. El tema es que no sé cómo salvarle el culo a este loco”, dice uno de los agentes.

En base a careos entre los involucrados e informes técnicos, el fiscal concluye que el policía acusado disparó con la mano izquierda a la víctima, que estaba corriendo, a través de la ventanilla mientras manejaba el auto, “contraviniendo las disposiciones sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego”. La Ley de Procedimiento Policial (Nº 18.315) establece que el uso de las armas “debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo a enfrentar y el objetivo legítimo que se persiga”, y que se debe reservar para los casos en que haya resistencia armada o se ponga en peligro la integridad de los oficiales. Reyes pidió a la jueza el procesamiento con prisión del oficial que disparó por homicidio a título de dolo eventual, por lo que podría recibir una condena de entre 20 meses de prisión a 12 años de penitenciaría. El fiscal también pidió procesamiento con prisión para los otros dos oficiales por encubrimiento, ya que “manipularon los hechos como forma de favorecer” a quien cometió el homicidio, delito con pena de entre tres meses y diez años de cárcel.

El 16 de marzo la jueza Eustachio había citado al oficial acusado de homicidio pero no se presentó, contó a la diaria Ruben, padre de la víctima, que reside en Rivera. La familia decidió presentar el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos la semana que viene.