Hoy a las 14.00 se reúne un grupo de trabajo de la bancada de diputados del Frente Amplio para estudiar cambios al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que reestructura la institucionalidad de los juegos de apuestas. La iniciativa separa las funciones de regulación y de control, de la actividad directa de explotación del juego por parte del Estado. El Ejecutivo considera en la exposición de motivos que actualmente “los diferentes roles se confunden institucionalmente, perturbando la especificación de objetivos, la gestión y la consiguiente rendición de cuentas”. De aprobarse el texto, la regulación del juego quedará a cargo de la Dirección Nacional de Contralor de Juegos de Azar y Apuestas, que sustituirá a la actual Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, mientras que la explotación por parte del Estado será realizada por un servicio descentralizado del dominio comercial e industrial del Estado, sucesor de la actual Dirección General de Casinos, denominado Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado.

Entre otras disposiciones, el proyecto establece procedimientos competitivos para otorgar autorizaciones o permisos de juego, reservando a la ley la autorización para la concesión de la explotación de casinos privados. Establece que “en general queda prohibida la gestión, explotación, financiación y práctica de todos los juegos y apuestas que no cuenten con las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones otorgadas por los órganos estatales competentes”, estableciendo como única excepción “los contratos de juego, apuesta o suerte desarrollados en el ámbito doméstico o familiar no abierto al acceso del público”.

“El proyecto está muy verde; así como está no se puede aprobar”, afirmó la diputada frenteamplista Lilián Galán (MPP). Los cuestionamientos de los legisladores del FA coinciden en muchos casos con la visión de los diputados blancos y colorados acerca del texto, y apuntan a aspectos sustanciales del proyecto.

En primer lugar, entienden que, tal como está, se puede interpretar que la iniciativa prohíbe las máquinas tragamonedas y todo otro juego de azar que no esté actualmente regulado por el Estado, y plantean que debería hacerse mención explícita a la regulación de este tipo de juegos. “Para ir en consonancia con el objetivo del Poder Ejecutivo, que estoy convencido de que es la regulación y no la prohibición, el texto debería ser más explícito. Hoy, tal como está escrito, estarían prohibidas [las máquinas tragamonedas]”, advirtió el diputado del FA Alfredo Asti (Asamblea Uruguay). Asti remarcó que la regulación es importante para que “no pase lo que pasa hoy, que cualquiera puede poner maquinitas en cualquier lado”, pueden acceder a ellas menores de edad, hay posibilidades de estafa y no se realizan aportes al Estado. El diputado nacionalista Gustavo Penadés opinó que debería enviarse un proyecto de ley aparte para regular las máquinas tragamonedas y también el juego online.

Otra discrepancia con la iniciativa radica en la forma de conducción del servicio descentralizado. El Ejecutivo propone que quede a cargo de un director general, y tanto en el FA como en la oposición prefieren que la conducción quede a cargo de un órgano colectivo. El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo que le “rechinan algunas partes del proyecto de ley, entre ellas que el servicio descentralizado tenga como cabeza a una sola persona”. Penadés evaluó que el Ejecutivo aborda “un tema de mucha complejidad” y lo hace “sólo desde un ángulo, que es un ordenamiento funcional que mucho no me convence”. “Convertir dos direcciones nacionales en un servicio descentralizado, y dirigido por una sola persona, no me convence”, insistió.

Hay, además, una intención de los legisladores de todos los partidos de combatir de forma más clara la ludopatía. El proyecto establece que se propenderá “a la prevención de la ludopatía y el juego abusivo mediante campañas educativas y convenios a celebrarse con instituciones públicas o privadas”. Pero tanto Galán como Rodríguez señalaron que es necesario especificar de dónde provendrán los recursos para ese combate, y disponer un equipo multidisciplinario para abordar el tema. “El proyecto hace una mención muy tangencial al tema de la ludopatía y no establece herramientas concretas para su combate”, consideró Rodríguez. El diputado colorado agregó que también le preocupa que la iniciativa “permita abiertamente el juego online”, porque eso “va a generar muchos problemas”.

La Comisión de Hacienda de Diputados continuará con el estudio del proyecto mañana. El organismo ya recibió, entre otros, a representantes de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos, de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado y del Programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico de Uruguay de la Universidad de la República.