Al final de la audiencia, la diaria intercambió opiniones con los dos abogados presentes: Galiani y Guzzo. Francesco Guzzo, el abogado de Jorge Néstor Tróccoli, se mostró seguro ante el valor y las consecuencias de las deposiciones de los testigos. En particular, recalcó que las circunstancias surgidas hasta ahora no preocupan a su defensa, ya que el delito de secuestro de persona está prescrito, el de tortura no existe en Italia y no hay prueba alguna de homicidios cometidos por Tróccoli.

De opinión opuesta, Fabio Mario Galiani, quien representa a la República Oriental del Uruguay, dijo: “Acá estamos procediendo tanto sea por el delito de homicidio como por el secuestro con consecuente desaparición y muerte. Desde el momento en que una persona es secuestrada, y después desaparece, el autor del secuestro debe decir lo que pasó. Y después de 50 años podemos decir que hay una presunta muerte”.

-La parte civil que usted representa empieza hoy a citar a sus testigos; ¿cuál es el criterio que siguió para escoger esos testimonios?

-Hemos escuchado ya a alrededor de 150 testigos, y muchas circunstancias ya han sido probadas, sea en la increíble cantidad de actas que depositamos -cerca de 25.000 páginas-, sea en las palabras de los testigos. Faltan algunas situaciones relativas al imputado Tróccoli, y ya desde hoy hemos empezado a trabajar en ese sentido. Hemos llevado a un testigo inédito, que nunca fue escuchado, ni en Italia ni en Uruguay -tampoco en fases de investigación-, Carlos Dossil, que puede declarar haber sido secuestrado por Tróccoli, porque lo vio a cara descubierta en el momento de la detención y lo reconoció en una fotografía. Ese es un testimonio importante, porque es específico y directo sobre Tróccoli, que siempre declaró no haber participado en secuestros, sino sólo en interrogatorios. El testimonio de Dossil es fundamental también porque da cuenta de que los mismos militares habían secuestrado a Dossetti en Buenos Aires.

-Inicialmente, usted había incluido en su lista de testigos a algunos militares; hoy en el Aula dijo que renunció a algunos porque, ya imputados en otros juicios, podrían reclamar el derecho a permanecer en silencio.

-Me parecía que faltaba algo en cumplir con un juicio a la dictadura sin llamar a atestiguar a los militares. Ahora me encuentro con que debo renunciar a algunos de ellos, porque tendría que recurrir a una obligatoria de acompañamiento y porque, ya enjuiciados en Uruguay, podrían reclamar el derecho a permanecer en silencio. Quiero subrayar que no renuncié a todos; hay algunos marinos que dicen cosas muy interesantes sobre los traslados en lancha, y hay otro militar que ya declaró en contra de estos dos, y entonces podría ser enjuiciado por perjurio o complicidad en el crimen.

-¿Piensa convocar nuevamente a testigos que ya declararon?

-Me reservé la posibilidad de citar nuevamente a algunos testigos, Guillermo Taub, Mirtha Guianze y Rosa Barreix, si fuera necesario al final de esta parte del juicio. Haré esa evaluación al final del examen de la lista de testigos que presenté.

-¿Qué puede decirme sobre la posición de Ricardo Chávez Domínguez? ¿Tiene una protección especial, de tipo político, en este juicio? ¿Usted lo vio en su último viaje a Montevideo?

-Yo represento a la República Oriental del Uruguay, y me parece que Chávez Domínguez recibió, de nuestra parte, el mismo tratamiento que los otros imputados en este juicio; estamos constituidos como parte civil contra Chávez Domínguez. Esos son actos concretos, y no palabras. Justicia no quiere decir pedir una condena en todos los casos, sino llegar a una sentencia al final de un juicio justo. El único elemento en contra de Chávez Domínguez es el testimonio de Daniel Rey Piuma, que hasta ahora no se presentó en el juicio [fue citado dos veces y mandó certificados de imposibilidad para comparecer]. Durante mis viajes a Uruguay intenté encontrar a casi todos los militares que gravitan alrededor de ese juicio, excepto los detenidos, para animarlos a contar lo que saben, considerando que quien es citado tiene la obligación de decir la verdad, y que hay una separación neta entre un testigo y el cómplice de un hecho. El Estado uruguayo no defendió a ninguno de los imputados; se intenta utilizar un juicio para fines políticos, y nosotros estamos acá para condenar los juicios políticos.