“A partir de la presente resolución ministerial será obligatoria la presentación de los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos”, decía el numeral 3 del documento firmado el 13 de enero de 2013 por el entonces ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Enzo Benech. Desde entonces, los productores agrícolas que tengan más de 100 hectáreas han tenido que exponer “un sistema de producción proyectado que determine una erosión tolerable, teniendo en cuenta los suelos del predio, la secuencia de cultivos y las prácticas de manejos”. Los planes protegen directamente a los suelos, pero también al agua, destacó el pasado año, en conferencia, la directora nacional de Recursos Naturales Renovables del MGAP, Mariana Hill: “Con el cuidado de los suelos se tiene la ventaja adicional de que también se cuida la calidad del agua, porque el proceso de degradación -denominado erosión- hace que las partículas salgan con fósforo o moléculas de algún contaminante y se transporten hasta terminar en los cursos de agua”. Según el Informe sobre la calidad del agua de la cuenca del Santa Lucía, presentado en 2013 por los decanos de las facultades de Ciencias, Agronomía, Química e Ingeniería, “se estima que el 80% de la contaminación con nutrientes [eutrofización] y de demanda biológica de oxígeno se debe a fuentes difusas; estas son las provenientes de actividades agropecuarias”.
En diciembre de 2015, en París, la implementación de los planes en Uruguay recibió elogios en el panel “Iniciativa 4/1000, suelos para la seguridad alimentaria y el clima”, abierto por el ministro Tabaré Aguerre. Allí, el secretario de Estado afirmó que una característica que favoreció al proyecto fue la adhesión de los agricultores uruguayos, quienes se comprometieron con la política de conservación de suelos.
Apercibidos
El primero de los plazos para presentar planes de uso, manejo y conservación de suelos venció a fines de 2013, y abarcó unas 500.000 hectáreas. Las etapas se fueron sucediendo con los meses, hasta que en octubre de 2015 la cantidad de hectáreas productivas abarcadas por los planes rondaba el millón y medio, distribuidas en más de 13.000 predios. Aunque el incumplimiento detectado sobre los planes presentados es de 6%, el MGAP no sancionó económicamente a ningún productor. Funcionarios del ministerio consultados por la diaria coincidieron en que está prevista la sanción económica y en que se han iniciado trámites para aplicarlas. No obstante ello, tanto el subsecretario Enzo Benech como la directora Mariana Hill admitieron, en diálogo con la diaria, que sólo se hicieron apercibimientos. “Se les ha hecho un apercibimiento, que es una sanción que no lleva multa económica. Esto se debe a que nosotros dijimos que esto era nuevo y gradual, y que la primera sanción iba a ser el apercibimiento. Es como un aviso. Se identifica el incumplimiento, se avisa, y si en el siguiente período hay otro incumplimiento, se procede a la sanción económica”, dijo Hill.
“Ha sido una etapa en la que el clima y los precios nos han jugado en contra. Es algo muy difícil. Hay productores que tienen que poner arriba de la mesa un plan en un plazo más o menos largo y les cambian los precios y los números no les dan, o resulta que cuando iba a sembrar algo, les llueve. Todo eso tiene corrección si se avisa. Hay algunos que todavía no han entrado en el aviso, y nos damos cuenta de que tenía que ir un cultivo pero fue otro. En esos casos se hacen amonestaciones”, dijo Benech. De todos modos, afirmó que en caso de acción deliberada podría haber sanción, pero “como en cualquier actividad del ministerio y del Estado, también existe la posibilidad de hacer los descargos correspondientes”.
La responsabilidad de lo presentado ante el MGAP es compartida entre el propietario del predio, el productor arrendatario -en caso de que lo haya- y el ingeniero agrónomo que haya elaborado el plan presentado.
A los tambos
El informe de los cuatro decanos destacaba a la lechería como una de las actividades agropecuarias más contaminantes de la cuenca del río Santa Lucía. Según la tercera de las 11 medidas del plan de acción para la protección de la cuenca que presentó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en mayo de 2013, todos los padrones rurales de la cuenca tendrían que presentar su plan de uso y manejo, en el que se les exige “el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas”. El MGAP estableció una primera etapa de cumplimiento para 200 tambos de la zona del lago de Paso Severino que tengan más de 50 vacas en ordeñe, y una segunda para el resto de los tambos de la cuenca, también con más de 50 vacas en ordeñe.
Aunque la primera etapa tenía plazo hasta setiembre de 2015, fue postergada para el 29 de abril de 2016, día en el que, a su vez, se prorrogó el cierre de recepciones hasta el 20 de mayo. Para la segunda etapa, que en primera instancia debía concluir en mayo de 2016, no se ha definido una nueva fecha.
La medida 5 del mismo plan de acción, presentado hace tres años, exigía a los tambos de toda la cuenca construir sistemas de tratamiento y manejo de efluentes, pero hasta el momento no se establecieron los plazos para los de menos de 500 animales, que son la mayoría: 1.600.
El viernes el MGAP presentará en Paso Severino un programa para facilitar a los tamberos de la cuenca la construcción de los sistemas de tratamiento y manejo de efluentes.
Sí se sanciona
Aunque por planes de uso, manejo y conservación de suelos no ha habido productores agrícolas multados, sí han existido sanciones por mal uso de agroquímicos y aplicación de fitosanitarios en lugares no permitidos.
En una nota de El Observador de 2013, el ingeniero Alejandro Morón, investigador de suelos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), afirmó que en Uruguay existe normativa desde hace más de 30 años y que esta “no es mala”, pero que el principal problema ha sido “hacerla cumplir”. Hill dijo a la diaria que hasta 2008 no hubo voluntad política de hacer cumplir la ley, y que después de algunos ajustes normativos implementados a partir de 2005 comenzó a ponerse sanciones, que en algunos casos “han sido muy importantes”. Según registros internos de funcionarios del MGAP, la cantidad de sanciones económicas aplicadas sólo entre 2008 y 2010 superó a la de las tres décadas de existencia de lo esencial del marco normativo.