No aparenta 16 años. Nicolás (nombre ficticio) tiene cara de niño. Es menudo, delgado, habla bajito, mirando a los ojos. Se acomoda con dificultad en la silla. El 24 mayo ingresó al Hospital de Clínicas por una bala que le atravesó el intestino y salió por detrás. Según el parte médico, se le realizó una cirugía de urgencia y se constataron lesiones en la vesícula y en el intestino delgado. Sobrevivió, y el 9 de junio le dieron el alta, pero deberá mantener una dieta especial de por vida.
Tanto él como su madre, Magela, quieren denunciar lo que pasó esa tarde, y no lo han hecho hasta ahora porque no consiguieron el dinero necesario para pagar un abogado penalista y hacerle un juicio al Estado. Magela y sus siete hijos viven en Salinas, en una casa de bloques que ellos mismos construyeron. Ella trabaja en una cadena de supermercados. Su hijo Nicolás asiste al liceo de El Pinar. Aquel día llevaba en su mochila cuadernos, documentos y su boletera. Iban en moto junto a un amigo mayor de edad, que se ofreció a llevarlo al arco de Salinas. Su amigo llevaba en la mochila una pistola calibre 22 que pertenece a su familia, que trabaja en un carrito de venta de chorizos y hamburguesas instalado junto al arco. La familia del joven mayor de edad confirmó a la diaria que la pistola les pertenece y que todos los días la llevaban al carrito como una forma de defensa, porque ya los han asaltado. Confirmaron también que ese día aguardaban la pistola, que no llegó.
En el camino, a Nicolás y a su amigo los interceptó la Guardia Republicana. Fuentes de la Seccional 22ª de Salinas explicaron a este medio que la Guardia Republicana realiza inspecciones de rutina en la zona desde abril, luego de que se registrara un copamiento en el que fue asesinado un ciudadano alemán.
Dos policías de la Republicana les pidieron a los jóvenes los documentos. Estos se los dieron. Luego les pidieron que abrieran las mochilas. Cuando vieron la pistola, según el relato de los jóvenes, uno de ellos dijo: “Están de vivos, pichis”, tiró al suelo a Nicolás, le pisó el pecho y le disparó a quemarropa. El otro le dijo: “¿Qué hiciste?”, y después comentaron: “Esto se arregla”. Tomaron el arma calibre 22 y le dispararon a la moto de la Policía, según el relato de los jóvenes. Cuando oyó los disparos, un joven que trabaja como salvavidas salió y asistió a Nicolás, ya que los policías no sólo no lo ayudaron sino que comentaban: “Te vas a morir como un pichi en el piso”, dicen los jóvenes.
Luego de una hora, llegó la ambulancia que lo trasladó al Hospital de Clínicas. A Nicolás le dieron oxígeno y se salvó por muy poco. Recuerda que el camillero comentaba: “Se nos va el botija”.
A la madre recién le avisaron cuando su hijo ya estaba operado. Le dijeron que había baleado a un policía y que había roto el motor de una moto. Ella recuerda que antes de saber lo que había pasado, mientras hacía las compras, escuchó en Telenoche que “balearon a un delincuente” en Salinas. “Si es ladrón, soy la primera que lo mando preso”, dice su madre.
En la Seccional 22ª afirman que la moto no tenía matrícula y que los jóvenes iban sin casco, y que cuando los estaban registrando, Nicolás sacó la pistola y le disparó a la moto.
Mientras a Nicolás lo llevaban al Clínicas, al joven que lo acompañaba lo llevaron a la seccional y lo golpearon, según su relato. “Lo cagaron a palos. Hubo días en que no podía ni caminar”, cuenta su familia. “Me pegaron piñazos y patadas en las costillas, me costó respirar por cinco días”, cuenta él.
En la seccional niegan todo y sostienen que ellos sólo realizaron una “tarea administrativa”, y que del caso se encargó Investigaciones de Atlántida. En Investigaciones dijeron a la diaria que la información del caso es reservada y que sólo hablarán con autorización por escrito de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior.
Denuncias cruzadas
Magela no puede evitar que se le llenen los ojos de lágrimas, o, en sus palabras, que “suba el nudo”. “No quiero ver a otra madre en mi lugar. Pasan los días y a mí no se me pasa el dolor. Mañana me lo matan”, dice. Nicolás no pudo recuperar sus pertenencias, entre ellas su cédula de identidad, su boletera y 240 pesos. En la Seccional 22ª no saben dónde están.
Su madre dice que va a seguir con la denuncia, que no va a parar. “Tengo 48 años y siete hijos, mirá si me voy a achicar”, insiste. Dice que es “una persona de trabajo” y que no tiene “por qué sentir vergüenza” cuando sale a la calle. “Tienen que pagar”, dice Nicolás.
Mientras hablaban con la diaria, el martes de mañana, ni la familia de Nicolás ni la del otro joven sabían que hay una denuncia presentada contra ellos por el Ministerio del Interior, con la versión de la Guardia Republicana.
En el Juzgado Letrado de Atlántida informaron a *la diaria *que la denuncia ingresó el 27 de mayo, que el 2 de junio pasó a la Fiscalía y que próximamente citarán a declarar a los involucrados.
Dos horas después de que la diaria conversó con Investigaciones de Atlántida, y luego de un mes sin novedades del caso, a Magela le llegó una citación de esa repartición para que su hijo fuera a declarar al día siguiente de la conversación, el miércoles de tarde. Así lo hizo ayer, y su versión, junto con la del otro joven y la de los policías, ya está a disposición de la fiscalía. Le devolvieron la mochila con los cuadernos y las lapiceras, pero sin los documentos.