“En el Frente Amplio [FA] ha habido un acuerdo que fue el que presentamos oportunamente, y que nadie modificó, que yo sepa”. Con esas palabras, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, respondió a las disconformidades de algunos sectores del FA por la postergación de gastos en educación, salud y en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): se trata del grueso de lo que se iba a ejecutar en 2017, pero se optó por diferir su ejecución para 2018. De hecho, el jerarca no sólo defendió el proyecto de ley, señalando que “es la Rendición de Cuentas que necesita el país”, sino que además dijo estar “esperanzado” porque tenga una “rápida aprobación”.
Antes de la “postergación”, Astori prefirió usar el término “diferir”: “No sentimos que estemos postergando nada, sentimos que a través de equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles se asegura el cumplimiento de las prioridades”. Además, evitó que se hable de sectores “afectados”: “La sociedad en su conjunto tiene que contribuir al objetivo que perseguimos, sin violar las prioridades del programa del FA. Y asegurar la sostenibilidad fiscal del país asegura el cumplimiento de las prioridades que se trazó el FA”, entre las que se encuentra aumentar el gasto en educación hacia 6% del Producto Interno Bruto del país. Para el ministro, lo que hace el gobierno es “administrar algo que en política es fundamental: el tiempo”. El proyecto incluye los cambios tributarios ya anunciados por el gobierno y un aumento en la adjudicación de recursos al Poder Judicial de 320 millones de pesos (unos 10,4 millones de dólares) para que se utilicen en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal y el nuevo Código Aduanero.
También se anuncia que el Ejercicio de 2015 cierra con un déficit de 44.613.199.000 pesos (unos 1.452.250.000 dólares, según la cotización actual), teniendo en cuenta sólo los organismos de la administración central y los que se encuentran en el artículo 220 de la Constitución (entes autónomos, servicios descentralizados, etc.). Estos deberán presentar en cada instancia presupuestal “un informe relativo a medidas adoptadas a efectos de lograr una mayor eficiencia en el gasto”, según el proyecto. Además, el gobierno planea lanzar un decreto en búsqueda de incentivar una mejora en la calidad del gasto. “Buscamos que se brinden mejores bienes públicos y conseguir ahorros, pero no para recortar el gasto, sino para que este ahorro funcione como si fuera un incremento presupuestal”, dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García.
En el artículo 7 de la Rendición de Cuentas, el gobierno realiza una disminución de créditos presupuestales destinados a salarios en Presidencia y en varios ministerios, por un total de 266 millones de pesos para 2017 y 65 millones de pesos para 2018. En ese mismo artículo, se le disminuye el dinero designado a la Dirección Nacional de Medio Ambiente en ocho millones de pesos, destinados al “programa de gestión ambiental y ordenamiento del territorio”.