En agosto de 2015 comenzaron las obras para construir la Unidad Nº 1, pegada a la Unidad Nº 6 de Punta de Rieles. Esta cárcel es la primera obra estatal financiada mediante el sistema de participación público-privada; la empresa constructora es el consorcio Unidad Punta de Rieles SA, integrado por Abengoa Teyma, Instalaciones Inabensa y Goddard Catering Group. Además de la obra, tendrá a su cargo la “operatividad, mantenimiento, limpieza del centro y alimentación”. El Estado estará a cargo de “la seguridad, salud y educación”. Está previsto que quede habilitada en junio de 2017 y que a partir de ese momento, y cada tres meses durante 22 años y medio, el Estado pague la inversión total, que ronda los 90 millones de dólares.
Según el pliego, disponible en el sitio web de la Corporación Nacional para el Desarrollo, tendrá 25 módulos celdarios y “complejos polideportivos”, será de media seguridad y albergará a unos 1.800 hombres. La nueva cárcel no podrá tener un hacinamiento mayor a 120%, o el Estado será multado. En el mismo predio también estará la Unidad de Derivación y Diagnóstico.
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Crisoldo Caraballo, aseguró a la diaria que todavía no saben quién dirigirá la cárcel. Actualmente el inspector del proyecto es Bernardo Vidal. Teniendo en cuenta que el comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, recomienda que los centros penitenciarios no tengan más de 500 internos para “cumplir su función rehabilitadora”, y que Caraballo afirmó en reiteradas ocasiones que “los mejores resultados” se obtienen en cárceles “pequeñas”, se le preguntó por qué se está construyendo una cárcel de esas dimensiones. Contestó: “Porque somos Uruguay. Yo también pregunté y me lo explicaron: el país pasa por un proceso de hacinamiento que no es menor; con esto se pretende eliminar el hacinamiento”. Aseguró que “el desafío” estará, justamente, en la “gestión”.