“Me excito y me masturbo, yo estoy en tratamiento psiquiátrico [...] entiendo que no está bien descargarlo porque es un material ilegal, porque alguien le hizo algo a algún niño para bajarlo. Es como uno que fuma y sabe que está mal pero sigue fumando”. Ese es el testimonio que consta en un pedido de procesamiento de la Fiscalía; el que habla es un hombre de 45 años que tenía tres computadoras en su casa, dos de ellas destinadas a bajar, mirar y compartir pornografía infantil, más un disco externo para almacenarla. En el análisis informático, se encontraron 890 archivos que lo llevaron a la cárcel en mayo de este año por incumplir con el artículo 2º de la Ley Nº 17.815, sobre violencia sexual, comercial o no, contra niños y adolescentes, que castiga la difusión de ese tipo de material con penas de uno a cuatro años. “Sé que lo que yo veo está mal, trato de explicar que yo no estoy bien”, declaró después.
Según el expediente, el hombre formaba parte de una red internacional de difusión de ese tipo de material, que la Policía uruguaya pudo desmantelar con ayuda de la sede alemana de Interpol. La pata local estaba integrada por cuatro hombres más. Uno de ellos, casado y de 34 años, dijo que después de consumir las fotos y videos se sentía “como una mierda y los borraba”. “Yo no quiero ser un monstruo”, agrega después. Por la precaución de haber eliminado los archivos, este segundo imputado fue el único de los cinco que no fue a prisión, porque consumir pornografía infantil, en Uruguay, es totalmente legal.
Las reglas del juego
“Sucede que no son delitos. Son modalidades que no están legisladas”, explicó a la diaria el encargado de la sección tecnológica de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol, que prefiere mantener su nombre en reserva. El técnico se refiere a tres formas de ciberacoso que, igual que el consumo, no están reguladas ni penadas.
La primera es el grooming, y la define así: “Se da cuando una persona mayor de edad se crea un perfil fingiendo ser un menor o una menor en las redes sociales, con la intención, mediante estratagema y engaño, de poder sacarle al otro usuario, a la víctima, fotografías o videos. Le hace esa seducción durante un lapso de tiempo. El mayor sabe lo que quiere y usa el léxico adecuado a la situación para ganarle la confianza y así vulnerarla”. Luego viene el sexting, cuando un mayor -sin fingir ser menor- pide fotos a un niño, niña o adolescente. Esa modalidad puede derivar en la sextorsión: “Cuando esa persona mayor de edad ya tiene la primera foto, la menor de repente dice que no tendría que habérsela mandado y el usuario dice: ‘Ahora tengo tu foto; si no me das más, te cuelgo esta foto en la que estás desnuda o en ropa interior en otra red social, o se la mando a tus padres o a tus amigos’”, explica. En general, se entiende que el grooming es la modalidad más grave, porque hay un engaño de por medio.
La tasa más alta
No hay estadísticas sobre cuántas de estas prácticas se denuncian. En lo que va del año, según datos del Ministerio del Interior, se registraron 700 denuncias de casos de ciberacoso y hubo 23 procesados; en 2015 hubo más de 500 denuncias de pornografía infantil y hubo 22 procesados, y los números de 2014 apuntan a 400 y 19, respectivamente. “Es de los delitos que más se mueven a nivel mundial, junto con el narcotráfico”, asegura el oficial de Delitos Tecnológicos.
Según el estudio Descarga de material pornográfico infantil on line en Uruguay, 2011-2012, de Omar França y Sergio Delgado, de la Universidad Católica del Uruguay, nuestro país tiene la tasa más alta de descargas de Latinoamérica, con un promedio de 2,8 personas por cada 20.000 usuarios. Sigue Venezuela con 0,89, y Argentina con 0,59. En 2012, 73,96% de las direcciones IP descargaron menos de dos archivos de este tipo -que los investigadores cuentan como descargas involuntarias-, y 7,52% bajaron más de diez.
El año pasado, el senador colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) propuso un proyecto de ley sobre grooming que establecía penas de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, pero el texto quedó atascado en los caminos legislativos. Según averiguó el senador Bordaberry para su exposición de motivos, hay legislaciones similares en países como Argentina, Chile, Costa Rica, España, Reino Unido, Canadá, Australia y algunos estados de Estados Unidos.
En algunos casos, explica Cecilia Erhardt, subdirectora técnica de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, se procesa a los usuarios por otros delitos del Código Penal, como extorsión o violencia privada. Pero no siempre se puede hacer ese movimiento.
Una red contra las otras redes
El funcionario sin nombre cuenta que en el mundillo de la pornografía infantil hay una escala de “prestigio”: cuantos más gigabytes de material comparten -a nivel mundial-, más nivel tienen. En general, las denuncias llegan por parte de los padres o de abogados que presentan el caso ante la justicia penal, pero también existe cooperación con las redes sociales y con Interpol, ya que la pornografía se puede difundir por medio de servidores que están en otros países. “Las redes sociales a nivel mundial reportan a la Policía si hay una foto o video explícito de un menor de edad”, agrega el oficial. No se puede resolver un caso sin un allanamiento, según un protocolo que se empezó a llevar a cabo desde 2005, cuando se creó el departamento de Delitos Tecnológicos.
Erhardt y el técnico coinciden en que es responsabilidad de los padres enseñar sobre los peligros de las redes sociales y las tecnologías de la información en general. “La recuperación de la víctima acarrea costos muy altos. Son daños a largo plazo. No es una atención psicológica que se resuelva en un día”, dice la subdirectora de Políticas de Género. Pero, además, el Ministerio del Interior está por aprobar un protocolo a nivel nacional sobre trata, tráfico y explotación, y se va a impulsar que cada jefatura de Policía cree una unidad, una brigada u oficina que trabaje específicamente esos temas, con posible apoyo de las Unidades Especiales de Violencia Doméstica y de Género, que dependen de la cartera.
El año pasado, cuenta Erhardt, se firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para redactar un proyecto de ley que penalice el consumo: “Desde la división, y en articulación con la Fiscalía y el Poder Judicial, nos vemos atados de manos ante estas modalidades de delitos. Con el nuevo sistema del Código de Proceso Penal, que va a estar vigente desde enero de 2017, se está trabajando con el Ministerio Público y Fiscal para actuar en conjunto, pero lo más seguro es que tengamos que empezar a proponer legislación. No va a quedar otra. Por más que puedas procesar a algunos de los que utilizan estas modalidades subsumiendo otros delitos, siempre alguno se te va a escapar. Y eso no puede pasar más en este país”.