Julio de 2015. A Christian di Candia, recién asumido prosecretario general de la Intendencia de Montevideo (IM), le toca firmar uno de sus primeros expedientes: la clausura del boliche Paullier y Guaná, por denuncias de los vecinos por “ruidos sociales”. Tras un intenso trabajo en conjunto entre el dueño del boliche, José María Pepe Álvarez, la IM y los habitantes de la zona, el panorama cambió. “El proceso que tuvo Paullier y Guaná con el vecindario fue de los mejores que ha habido en Montevideo”, dijo Di Candia a la diaria.

Pero desde la Jefatura de Policía de Montevideo no piensan lo mismo. El miércoles 21, a las 15.00, dos policías y un escribano llegaron al local -que ofrece espectáculos musicales y teatrales, pero que de tarde funciona como bar- con una nota de clausura. “Inmediatamente fuimos a Jefatura y nadie nos pudo decir cuál era la causa. El expediente se había iniciado en 2014, a partir de denuncias de vecinos de la zona”, explica Álvarez. “Es el único restaurante, bar y sala de espectáculos que conozco en la historia que sin haber tenido un episodio criminal fue clausurado por Jefatura”, dice el dueño, que trabaja en el rubro desde hace 32 años, y Di Candia maneja el mismo dato: “Desde Inspección General me dijeron que tampoco es frecuente. La policía en general no se mete con este tema, porque mientras no haya disturbios, peleas y desmanes, no tiene mucho para hacer”, agregó. El argumento de la resolución de la Asesoría Letrada de Jefatura es que Paullier y Guaná no tiene las habilitaciones necesarias. “Consideran que el sótano no cumple con la normativa y es peligroso, pero contamos con la habilitación de Bomberos, que es la definitiva, luego de la habilitación precaria. Tenemos las luces de emergencia, los carteles, los bomberitos”, explicó.

El dueño del boliche dice que Jefatura apela al decreto 422/980 del Ministerio de Economía y Finanzas, que exige una autorización obligatoria de la Policía para “cabarets, dancing, boites o establecimientos similares, prostíbulos, casas de huéspedes, de citas o amuebladas”, y que implica un registro especial en Jefatura que incluye datos como, si se trata de prostíbulos, el número de mujeres que trabajan. Álvarez bromea con que, si hay actividades de ese tipo en su boliche, no está al tanto. Pero después se pone serio: “Es un abuso. Me piden un permiso que no estoy dispuesto a sacar”. El propietario tiene plazo hasta el viernes 7 de octubre para contestar por escrito a la Asesoría, pero planea hacerlo antes de este fin de semana. Además, tiene contempladas otras medidas, como elevar la queja al plano judicial por los daños económicos y para sentar un precedente: “Que esto salga a la luz y no le pase a ningún otro colega”. El martes, Di Candia y Álvarez se reunieron para hablar sobre el tema, y la IM planifica mandar esta semana una comunicación a Jefatura que no sólo aclare que Paullier y Guaná tiene todas las habilitaciones correspondientes, sino que es necesario que haya una mayor coordinación entre ambos organismos del Estado. Fuentes cercanas al caso confiaron a la diaria que en la mañana de ayer el intendente Daniel Martínez y el jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, estuvieron en contacto para hablar sobre el tema.