Michelle Suárez fue la primera mujer trans en obtener un título universitario en Uruguay –se recibió de abogada en 2009– y desde la militancia en el colectivo Ovejas Negras fue coautora e impulsó el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Si bien hasta entonces mantenía “un rol independiente y técnico” desde la sociedad civil, en 2013, ante la posibilidad de que cambiaran “los vientos políticos” y con ellos se retrocediera en derechos, resolvió dar un paso hacia la militancia política partidaria. Varios sectores “coquetearon” con ella, pero recibió un ofrecimiento concreto del Partido Comunista y aceptó integrar la lista del Espacio 1001 como suplente de Marcos Carámbula, con el compromiso de asumir la banca para impulsar una ley para la población trans.

El proyecto de ley integral para las personas trans, del que también fue coautora, ya está en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta, y con el objetivo de trabajar en él prometerá como senadora hoy a las 10.00.

Ser la primera persona trans en asumir como legisladora es algo que vive como “un triste honor”. “Me siento muy honrada de poder participar o pertenecer al órgano más representativo de la democracia uruguaya, pero, por otro lado, el hecho delata una situación de vulneración del grupo al que pertenezco, y no sólo las mujeres trans, sino las mujeres en general. Si bien ahora existen muchos símbolos, los cargos representativos o decisores en su minoría están a cargo de mujeres, aunque las mujeres en este país son más de 50% de la población. Tenemos la primera vicepresidenta mujer, provisoriamente la presidencia y la vicepresidencia fueron ocupadas por mujeres; ahora, hay que ver si esos van a ser meramente símbolos o si se va a convertir en un proceso de profundización y de avance”, planteó.

Para la abogada, en la última década hubo un proceso “de enorme sensibilización de la población uruguaya” en temas de diversidad sexual, que se dio en dos planos: a nivel normativo y también social. “Obviamente, queda mucho trabajo. Eso no significa que Uruguay no es discriminatorio: sigue siéndolo, pero me parece que hay un camino bastante esperanzador. Si me pongo a pensar, hace diez años era imposible pensar que en Uruguay dos personas del mismo sexo se iban a poder casar, iban a poder adoptar un bebé; que dos mujeres iban a poder inseminarse sin tener que ocultar que son pareja; que iban a poder tener sus hijos con sus dos apellidos, con los mismos derechos, sin problema alguno, como lo hace cualquier pareja heterosexual. Y era imposible pensar que las uniones concubinarias de las parejas del mismo sexo iban a tener un reconocimiento patrimonial y de derechos personales. Todo esto se dio en poco más de una década, como un aluvión, y eso realmente me parece que es sumamente esperanzador”. Para Suárez, “la forma en que se aplican en la práctica y se llevan adelante” estas leyes implica que no se aprobaron “desconectadas de un proceso social”. “Hubo un debate social más allá del parlamentario, y eso es lo que instaló la temática de la diversidad sexual en la cotidianidad de la gente, que es lo que en realidad permite que se produzcan cambios culturales: que uno pueda hablar de estos temas con sus hijos, con sus padres, hermanos, vecinos, con el almacenero de la esquina”, señaló.

A pesar de estos avances, Suárez asegura que la población trans “sigue estando en la absoluta marginación”. Las historias de vida, afirma, se repiten: “A muy corta edad, de alguna manera son expulsadas de su seno familiar, siendo adolescentes, y esto implica que van quedando excluidas del sistema sanitario y del sistema educativo. Son, obviamente, una mano de obra no calificada, menor de edad y estigmatizada, y por lo tanto terminan en su gran mayoría acorraladas, teniendo que sobrevivir por medio del trabajo sexual”. De ahí que para Suárez sea necesario instalar “las primeras herramientas de acciones afirmativas, para empezar a deconstruir esta situación”. “Hay que partir del reconocimiento de que se trata de un grupo históricamente vulnerado, que no ha podido tener acceso igualitario a la protección y el goce de sus derechos fundamentales, y que para poder sortear esos obstáculos se deben dar prerrogativas especiales en las que se considere la situación del grupo poblacional trans y se pueda dar herramientas que efectivamente permitan empezar una verdadera inclusión social”, explicó Suárez, y afirmó que el proyecto “es el puntapié inicial para un recorrido que obviamente va a llevar mucho más trabajo”.

El texto propone un conjunto de acciones afirmativas para la población trans (becas, cupos laborales y acceso a la cultura), la atención integral en salud y la reparación histórica mediante una prestación por la “violencia institucional sufrida permanentemente durante el período dictatorial y los primeros años de restauración de la democracia –siendo la población trans objetivo del terrorismo de Estado y las razias–”. El proyecto, aclara Suárez, no beneficia sólo a las personas trans: “Cuando se hacen cambios que tienen que ver con la ampliación de esferas individuales de derechos, yo no concibo que solamente se beneficie a los directamente implicados, sino que se beneficia a todos. En realidad, lo que se está construyendo es un ideal o una concepción de sociedad: si es la que tenemos ahora, o una que podamos pensar como más igualitaria, más democrática, más inclusiva”.