El gobierno sigue haciendo avances revolucionarios en varias áreas, como la asociación con empresas privadas de dudosa reputación (como corresponde en un país de primera) para gestionar el Penal de Punta de Rieles, próximo a inaugurarse. Si hasta el mismísimo Mauricio Macri tiene más interés en venir a pasar un par de días en la cárcel, para ver desde dentro cómo funciona y llevarse un par de ideas, que en la co-organización del Mundial de 2030. Aquí, un adelanto exclusivo de cómo funcionará la primera cárcel construida bajo la modalidad de participación público-privada, que abrirá sus rejas en diciembre y generará pingües ganancias a los inversores por cada cristiano que esté haciendo rayitas en la pared de la celda para calcular cuánto le queda para salir en libertad.

El Estado le va a pagar al consorcio que gerenciará las cárceles 700 pesos por día por cada preso. Como la nueva cárcel tendrá capacidad para 1.960 reclusos, el Estado necesitará 1.372.000 pesos diarios, si es que no hay superpoblación. Pero tal vez todos los días no cuente con ellos en su equivalente en dólares (ya que la concesionaria no acepta pesos uruguayos) porque, por ejemplo, Danilo Astori se gastó todos los dólares que habían en la caja del Ministerio de Economía y Finanzas pagando los intereses de la deuda, que justo vencían ayer. Por eso, en el hall de ingreso al penal, habrá un Cambio Nelson que será atendido por su propio dueño, el ex diputado Francisco Sanabria. Este cambio, además, contará con servicio de pagos y cobranzas, con la idea de llevar la inclusión financiera también a la población carcelaria. De modo que sobornos a guardias, tráfico de drogas y otras actividades ilícitas deberán pagarse en la empresa que opere dentro del cambio.

Las empresas concesionarias podrán tercerizar algunos pabellones en las cárceles para atraer inversores extranjeros. No se puede seguir desalentando la iniciativa privada, como en el caso del recluso de la cárcel de Colonia que iba a poner una carnicería con el director del penal. Tramontina, por ejemplo, invertirá en la cárcel y, por lo tanto, en el país. Los presos fabricarán los cortes carcelarios bajo dicha marca, que instalará un taller dentro de la prisión, generando fuentes de trabajo. Los cortes serán luego comercializados por Tramontina tanto dentro del penal como en otras cárceles del país. De firmarse un TLC con Chile, se exportarán a las cárceles del hermano país trasandino. Ello pondrá a la vanguardia a Uruguay como país pionero en la elaboración de cortes carcelarios for export, con una marca de reconocimiento mundial. Ni hablar que si llega a prosperar el interés de China de comprar cortes carcelarios uruguayos, no alcanzaría la cantidad de presos para satisfacer la demanda, por lo que el gobierno haría un llamado a la población a cometer delitos mientras amplía las cárceles para seguir generando fuentes de trabajo.

También habrá en la nueva cárcel un pabellón especial para aquellos reclusos que se encuentren procesados por tener plantas de marihuana aunque estén registrados como autocultivadores. En dicho pabellón está previsto que se instale un growshop, en el cual se expenderán alfajores bajoneros Marley, revistas THC y discos de La Vela Puerca y Bob Marley. También se expenderán brownies de marihuana elaborados por los mismos reclusos y se espera que, el día de la inauguración del penal, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se coma uno “así se ríe un poco y cambia esa cara de ortiba que tiene”, según indicaron fuentes consultadas.

En el último piso estará el pabellón VIP. Con una amplia panorámica, allí estará alojado un puñado de violadores de los derechos humanos de la dictadura. Otra empresa multinacional dedicada al cuidado de ancianos genocidas será la proveedora tanto de whisky importado como de los pañales geriátricos, a la vez que organizará los shows con bailarinas a gogó para que celebren todos los 27 de junio el aniversario del golpe de Estado. Dicho pabellón contará con un salón de fiestas para que los torturadores puedan organizar los cumpleaños de 15 de sus nietas en la intimidad y sin que nadie les ande organizando escraches ni armando escándalo. Estas fiestas podrán contar con espectáculos de primer nivel, como conciertos de Ricardo Iorio o shows de stand-up del gordo Alfredo Casero.

Los estudios jurídicos que representan a las empresas que se asociaron con el Estado para construir y gerenciar la primera cárcel privada del país tienen plena confianza en los suculentos dividendos a obtener y se encuentran elaborando el borrador de un nuevo Código del Proceso Penal con el fin de ampliar su horizonte. En ese sentido, y considerando que necesitarán más presos para expandirse comercialmente, pondrán a consideración del gobierno que se penalice con penas de hasta 30 años de prisión, no excarcelables, los delitos de “pisar el césped”, “salivar” y “tomar mate” en el ómnibus, o “hablarle al conductor”, entre otros.

También está previsto que universidades privadas como la Ort y la Universidad de la Empresa hagan un convenio con la concesionaria del penal para dar cursos gratuitos a los reclusos que estén en proceso de rehabilitación para que, cuando recuperen la libertad, tengan mejores herramientas para cometer delitos y así regresen lo más rápido posible a prisión. De modo que se organizarán cursos como “Secuestros express”, “Matar gente manejando en pedo”, o “Tráfico de estupefacientes a la vista de todos”. Por cada reincidente egresado de estos cursos, las universidades repartirían dividendos con la concesionaria.