En 2018 no se abrirá el corralito mutual, como se le llama popularmente al período de movilidad regulada que se abre cada febrero para que usuarios de instituciones asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud puedan cambiar de prestador. Así lo anunció en conferencia de prensa esta tarde el ministro de Salud, Jorge Basso, acompañado por el subsecretario Jorge Quian, y el presidente de la Junta Nacional de Salud, Arturo Echevarría.
Como medida provisoria -hasta que se implementen mecanismos de cambio de institución por medio del gobierno electrónico-, los interesados en cambiar de prestador deberán enviar una carta a la Junta Nacional de Salud (Junasa) y, si residen fuera del área metropolitana, deberán entregarla a las Juntas Departamentales de Salud; podrán hacerlo en cualquier momento del año, a partir de enero de 2018. Sólo se aceptarán tres causales para cambio de institución: por razones económicas –cuando la persona no puede seguir financiando los costos sector privado y solicita cambiarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado-; por razones vinculadas a condiciones de mala atención, por disconformidad manifiesta, explicitó Basso; o por cambio de domicilio. Aclaró que por mes, a lo largo de todo el año, la Junasa recibe entre 300 y 400 solicitudes de cambio de institución; aquellas que se basan en una disconformidad con la atención recibida, son investigadas desde el punto de vista médico, y son las que llevan más tiempo. El ministro desestimó que pueda haber una saturación, pero igualmente dijo que se tomarán las medidas para poder hacer cambios institucionales si fuera necesario.
Basso comentó que el Poder Ejecutivo, en diálogo con los prestadores de salud, venía trabajando en buscar soluciones para terminar con la intermediación lucrativa. La decisión se tomó por “la reiterada comprobación de hechos ilegales que han motivado el procesamiento de personas tras haberse constatado que había mediado dinero para promover el cambio de institución asistencial”, afirmó el ministro. Incluso, mencionó que el ministerio se enteró de que para febrero ya se “estaba preparando el terreno” para volver a burlar las normas que impiden la intermediación lucrativa.