Mientras diversos actores discuten la creación de una Ley Nacional de Cultura, varias instituciones del teatro independiente se movilizaron para expresar la necesidad de crear un marco regulatorio que proteja y ampare al sector en “su actual situación de emergencia económica”. El lunes, en el teatro El Galpón, representantes de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), la Asociación de Teatros del Interior (ATI) y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) se reunieron con políticos y directores de organismos relacionados con la cuestión, para leer un documento que luego enviaron al Parlamento. En diálogo con la diaria, la presidenta de SUA, Lila García, dijo que esa propuesta surgió a partir de los logros parciales que FUTI obtuvo mediante ciertas partidas presupuestales, y que consideran necesario continuar y profundizar en esa dirección para que los resultados alcancen a todo el país “y que no se trate de presupuestos que hay que pelear año a año”, sino que establezca un subsidio permanente a la actividad. “Tomamos como ejemplo lo que sucede en Europa, y casos más próximos, como la legislación argentina. Basados en esto, hacemos una ronda de conversaciones con parlamentarios planteando la inquietud y la necesidad, y encontramos importante escucha en algunos legisladores”, contó, destacando en ese sentido la actitud de los frenteamplistas Marcos Carámbula (senador del espacio Avanzar en Democracia), Alejandro Pacha Sánchez y Julio Battistoni (diputados del Movimiento de Participación Popular).

García opinó que el lunes, con el lanzamiento del documento, el sector colocó la piedra fundamental para la redacción de una ley que debe ser de “aplicación inmediata y real”. Explicó que, al comparar el costo de políticas culturales de ciertas instituciones públicas, se ve que el Auditorio Nacional del SODRE cuenta con un presupuesto “anual de 20 millones de dólares”, y “el teatro independiente de todo el país necesitaría una cuarta parte. Y estamos hablando de poco dinero para una actividad nacional”.

Por su parte, Sánchez ve esta propuesta como algo positivo, aunque cree que es necesario trabajar mucho a partir de ella. Al igual que García, recuerda que esto surgió en las últimas rendiciones de cuentas, cuando se incluyeron en el presupuesto nacional ciertos recursos destinados al teatro independiente. “Así comenzó a pensarse la idea de trabajar en algo más integral”, que implique una promoción de esa forma de actividad artística, y se vio “la necesidad de incorporar a las tres organizaciones más importantes” (SUA, ATI y FUTI) en el intercambio de ideas al respecto.

El diputado señaló que, más allá de que el teatro reciba diversos apoyos de parte del Estado, procedentes de las intendencias, el gobierno nacional y los Fondos Concursables, esto “responde a una dispersión e inestabilidad de los fondos públicos, porque muchas veces se obliga a los grupos a competir permanentemente por fondos, y esto no les permite un marco de estabilidad como para poder proyectar, diseñar y contar con una planificación de funcionamiento”.

Además, recordó el alto costo que implica sostener una sala desde un sector que no necesariamente responde a las reglas de mercado, y en ese sentido tomó como referencia la ley vigente argentina, que “tiene la virtud de generar una institucionalidad, la participación de las organizaciones y la concentración de diversos apoyos. En Uruguay hay muchas actividades promocionadas –por ejemplo, mediante beneficios tributarios–, y creemos que está bueno trabajar sobre esa base. Porque si el mercado no puede resolver todo, ¿cómo dejar que el desarrollo de los bienes culturales dependa de las leyes del mercado, y así se pueda invisibilizar expresiones esenciales?”.

En opinión de Sánchez, lo ideal es que exista una base estable de subsidio que les dé sostenibilidad a ciertos costos fijos, y a eso se sumen concursos para el otorgamiento de fondos destinados a la producción de proyectos artísticos: “Pero no se puede basar todo sólo en concursos –insistió–, porque de ese modo se corre detrás de los proyectos. En ese sentido, la ley argentina contiene algunos aspectos interesantes acerca de cómo se distribuyen los recursos. Por ejemplo, cuenta con tres fondos: el que ellos llaman capital fijo, que se refiere a la construcción y mantenimiento de salas, giras y asistencia técnica; después tienen el subsidio de capital, que es para compra de equipamiento y adecuación de salas; y en tercer lugar, una categoría de becas, que es el menor de los fondos. De modo que, si te planteás la reunión de distintos fondos, que la remodelación y el mantenimiento de las salas no tenga que pagar impuestos como el IVA y que la tarifa de energía eléctrica no sea comercial; si lográs que el teatro esté incluido como posible destino en el Sistema de Donaciones Especiales [que establece la posibilidad de beneficios fiscales a empresas donantes que sean contribuyentes del Impuesto a la Renta], y eso permite captar algunos fondos del sector privado, y si además se logra establecer un sistema de promoción, desarrollo y formación de los grupos teatrales, a partir de concursos que se organicen con tribunales y que promueva a los autores nacionales, la suma de todo eso sería un gran buen aporte al sector”, resumió el diputado.