La Cámara de Diputados votará hoy el proyecto de ley de promoción de la economía social y solidaria mediante las compras estatales. La iniciativa fue aprobada ayer en la Comisión Especial de Cooperativismo, sólo con los votos de los legisladores del Frente Amplio.

El proyecto crea una reserva de mercado de 30% de las compras de bienes y servicios nacionales para los emprendimientos de economía solidaria, autogestionarios y cooperativos, sólo en aquellos rubros en los que exista oferta de los emprendimientos definidos. Además, establece márgenes de preferencia para las empresas de la economía social y solidaria, un elemento que se considerará a la hora de evaluar económicamente las ofertas. Para los microemprendimientos, que emplean no más de cuatro personas, el margen será de 20%; para los pequeños emprendimientos, que emplean no más de 19 personas, será de 12%; para los emprendimientos medianos, que ocupan no más de 99 personas, de 8%. El proyecto aclara que la evaluación técnica de las ofertas “se realizará exclusivamente en base a los criterios establecidos en el procedimiento de compras correspondiente”.

Se crea un Registro Nacional de Emprendimientos provenientes de la economía social y solidaria, que funcionará en el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop). Las organizaciones representativas de la economía social y solidaria podrán presentar observaciones ante el Inacoop en caso de incumplimiento de la ley, y el instituto remitirá estas objeciones al organismo o unidad ejecutora responsable, que deberá “instrumentar las medidas correctivas necesarias en la planificación de compras del siguiente año”.

La oposición votó en contra de la iniciativa en comisión. El presidente de la comisión, el diputado colorado Conrado Rodríguez, dijo a la diaria que 30% de reserva de mercado es un porcentaje “muy excesivo” y que “va a provocar grandes distorsiones en la economía nacional”. También criticó que se priorice a los emprendimientos autogestionarios y se deje de lado “a los pequeños emprendimientos privados, que al no estar dentro de la reserva de mercado se van a ver desplazados en la competencia, y eso puede provocar que varias empresas tengan que cerrar”. Rodríguez consideró que el proyecto es “inconveniente porque va a generar sobrecostos importantes para el Estado”. “Son compras públicas por montos millonarios, y eso va a generar un sobrecosto que, en definitiva, va a pagar la sociedad con impuestos o con mayor endeudamiento público”, cuestionó.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi también argumentó en contra ayer en comisión. Consideró que antes de votar este proyecto debería aprobarse un marco para la economía social y solidaria. A esos efectos, dio ingreso este lunes en el Parlamento a una iniciativa que declara de interés nacional la economía social y solidaria, a la que define como “el sistema socioeconómico, cultural y ambiental, conformado por el conjunto de organizaciones y redes que desarrollan fines colectivos o sociales, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas, cooperativas y de ayuda mutua, la participación democrática en la toma de decisiones, la autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del bien común sobre el capital, la equidad social y de género, el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y el desarrollo local”. Incluye bajo el paraguas de la economía social y solidaria a las sociedades de fomento rural, a las asociaciones civiles y a “otras figuras jurídicas cuya naturaleza sea acorde a los principios enumerados”, y establece incentivos fiscales para estos emprendimientos. En declaraciones a El Observador la semana pasada, Goñi dijo que el proyecto que hoy se aprobará en la Cámara de Diputados es “muy negativo para el país” e implica “un perjuicio enorme al ecosistema emprendedor”.

En cambio, el diputado socialista Roberto Chiazzaro destacó que se trata de un instrumento positivo para dinamizar la economía social. Aseguró que no generará un sobrecosto al Estado, “porque cuando yo estoy, de acuerdo a la teoría económica, aumentando la oferta, estoy racionalizando los precios”. “Hay muchas cosas que el Estado hoy está comprando por medio de importaciones, y ahora va a existir la posibilidad de que algunos sectores de la economía social puedan proveer al Estado; en consecuencia, vamos a ganar en producción nacional y en generación de fuentes de trabajo. Es una medida muy buena”, valoró el diputado socialista.

Sobrecostos

La oposición sostiene que los márgenes de preferencia se traducirán en un sobrecosto para el Estado. En el mismo sentido se pronunció el director oficialista de la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE), Álvaro Correa, cuando asistió a la Comisión Especial de Cooperativismo el 11 de setiembre, según consta en la versión taquigráfica.

“El Estado no está en equilibrio; tiene un déficit fiscal relativamente importante. Con esto, le estamos agregando el esfuerzo de comprar el 30% con una ineficiencia del 12%. Me refiero a ineficiencia en términos económicos; obviamente, después hay que ilustrar un poco más con las ventajas que define una economía de autogestión”, manifestó, aunque no proporcionó posteriores ilustraciones sobre el punto. Además, estimó que los márgenes de preferencia establecidos en el proyecto generarían un costo fiscal de 4%, aunque luego relativizó la cifra. “De tener éxito este proyecto de ley, si en todos los sectores y en todas las compras hubiera empresas autogestionadas que fueran pequeños emprendimientos, el Estado estaría ganando una ineficiencia global, un déficit fiscal mayor, del orden de 4%. Obviamente, me estoy refiriendo a las compras. No tengo el número exacto; ustedes (en referencia a los legisladores) seguramente lo pueden averiguar mejor que yo. Lo cierto es que de todo el gasto público, los componentes de compra son una parte menor. Por tanto, la repercusión no sería 4%. De todos modos, se trata de una cifra importante”, especuló. “Este es un asunto muy sensible, porque el déficit fiscal, vía endeudamiento, tarifas, inflación o lo que fuera, en términos económicos es, otra vez, más gasto para doña María. El déficit fiscal siempre lo termina pagando el consumidor. En consecuencia, la sensibilidad de proyectos de ley de este tipo, en términos macroeconómicos, es muy importante”, insistió.

Correa, ex director del Banco Central del Uruguay en el primer gobierno del Frente Amplio, incluso manifestó sus reparos respecto del proyecto de ley en general: “Beneficiar la autogestión en desmedro del consumidor en general, de la eficiencia en el consumo, es un detalle importante a tener en cuenta”, comentó.

El asesor Alejandro Zavala, que asistió el 4 de setiembre a la comisión en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, también expresó reparos a la reserva de mercado tal como se establece en el proyecto, si bien aseguró que su cartera comparte el espíritu de la iniciativa. “Tenemos problemas con cómo está redactado el artículo 9° en cuanto a las reservas de mercado, porque se trata de una reserva genérica. Más allá de que uno comparte la idea y la propuesta que está detrás, estamos hablando de que el Estado va a pagar más caro lo que podría pagar más barato. Estamos poniéndole un sobreprecio al Estado para priorizar o fomentar determinadas cosas”, alertó.

Los legisladores frenteamplistas votaron ayer en bloque el proyecto, y en la sesión del 11 de setiembre cuestionaron las declaraciones de Correa. “Nos parece que no se justifica abordar el tema desde el punto de vista del déficit fiscal, en el entendido de que el déficit fiscal actual no tiene nada que ver con las compras del Estado. Ya hay experiencias en lo que refiere a compras del Estado dentro del margen que se maneja. Me refiero a compras de algunos ministerios a emprendimientos agrícola-ganaderos –por ejemplo, pequeños productores de pollos, de cerdos y de agricultura familiar–. Esto implica un gran ahorro a esos ministerios y un mayor desarrollo de esos pequeños productores agrícola-ganaderos y de los lugares en los que están radicados”, le contestó a Correa la diputada Lilián Galán (Movimiento de Participación Popular, MPP). “Consideramos esta propuesta desde el punto de vista de generar, a partir de la demanda, mayor desarrollo de las distintas localidades, un incentivo a este tipo de producción y a lo que provoca en la sociedad, teniendo en cuenta que los emprendimientos de este tipo son alrededor de 70% del mercado uruguayo”, agregó.

En el mismo sentido, el diputado del MPP Daniel Placeres le recordó a Correa que el Ministerio del Interior ya está comprando frutas, hortalizas, cerdo y pollo a cooperativas en Canelones y está “pagando mucho más en cuenta”. “No puede decirse que el Estado va a pagar más caro”, sostuvo el diputado.