TLC entre Mercosur y Unión Europea incluye liberalización de las telecomunicaciones

El capítulo de liberalización del comercio de servicios del Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocian el Mercosur y la Unión Europea (UE) tiene 38 páginas. Según el borrador filtrado por Greenpeace Holanda, fechado el 5 de octubre de 2017, varias disposiciones del TLC son idénticas a las que se negocian en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA) del que Uruguay se retiró en 2015. Por ejemplo, la exigencia a los gobiernos de que sus políticas públicas en materia de servicios se adopten de forma “razonable, objetiva e imparcial”. Esta es una cláusula ambigua y está sujeta a interpretación, y es una de las más utilizadas por empresas transnacionales para demandar a los estados ante los tribunales de arbitraje.

En el caso del TLC entre el Mercosur y la UE, todavía no se conoce cuál será el organismo de solución de controversias, pero se presume que los europeos propondrán, como ya lo han hecho en otros foros internacionales, crear un Tribunal Multilateral de Inversiones que sustituya a otros organismos, como el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones.

Al igual que el TISA, el capítulo sobre comercio de servicios de este TLC establece que los requisitos para otorgar licencias deben ser “objetivos”, “claros y no ambiguos” y que, en caso de haber competencia para otorgar la licencia, los procedimientos deben ser “imparciales y transparentes”.

Al comienzo del capítulo sobre comercio de servicios, se observan diferencias entre la UE y el Mercosur similares a las de otros capítulos del TLC. La propuesta del Mercosur establece que la liberalización debe “respetar los objetivos de política nacional y reconocer los distintos niveles de desarrollo de las partes, no sólo en términos generales, sino también a nivel sectorial”. Agrega que la UE deberá “asistir a Paraguay para que pueda cumplir con las obligaciones del capítulo”, así como proporcionarle un “trato especial y diferenciado”. En cambio, la UE no está de acuerdo con esta propuesta y sugiere un texto que solamente señala: “La UE no se opone al principio de reconocer las asimetrías respecto de Paraguay, pero considera que este principio debe ser parte de las disposiciones generales del acuerdo”.

En cambio, sí hay acuerdo de ambas partes en aclarar que nada en el capítulo implicará la necesidad de cualquiera de los países de “privatizar servicios públicos” y en señalar que el capítulo no aplicará a los sistemas de seguridad social. Otros servicios excluidos del TLC son el cabotaje marítimo, los servicios aéreos, la minería, la energía nuclear, los servicios audiovisuales y la producción de armas.

La liberalización del comercio de servicios implica que los países no podrán limitar el número de proveedores de servicios en una actividad determinada, bajo la forma de “cuotas, monopolios y derechos exclusivos”. Tampoco podrán establecer limitaciones a la concentración de mercado, ni a la participación del capital extranjero en una inversión, ni exigir un número total de personas empleadas.

Se establece la cláusula de “trato nacional” –una disposición que atraviesa todo el TLC–, que implica que los proveedores de servicios europeos deberán recibir el mismo trato que los nacionales en cada país del Mercosur, y viceversa. Se estimula el intercambio de servicios entre profesionales independientes y se establece la necesidad del reconocimiento mutuo de las calificaciones educativas y la experiencia laboral.

Telecomunicaciones y bancos

En el TLC que Uruguay firmó con Chile, se excluyeron de la liberalización los servicios financieros y las telecomunicaciones, por considerarlos temas sensibles para el país. En cambio, en el TLC entre el Mercosur y la UE no sólo están incluidas estas actividades, sino que además son de las pocas que tienen disposiciones específicas: se destinan seis de las 38 páginas del capítulo a las telecomunicaciones y cinco páginas a servicios financieros.

En cuanto a la liberalización de los servicios financieros, se aclara que los países no están impedidos de tomar medidas para proteger a los inversores y los depósitos, así como para asegurar la “integridad y estabilidad del sistema financiero” en cada país. También se aclara que no se exigirá a las partes que revelen información relacionada con cuentas de clientes individuales ni cualquier información confidencial en posesión de entidades públicas. Se disponen mecanismos para cooperar en materia de transparencia financiera, en los que Uruguay ya ha avanzado en los últimos años.

Finalmente, se aclara que ninguna de las disposiciones en materia de liberalización de los servicios financieros implica que los países no puedan adoptar medidas con miras a proteger la vida humana, animal o vegetal. Los países también están habilitados a tomar medidas destinadas a conservar los recursos naturales, siempre que estas medidas sean igualmente restrictivas para los consumidores y los proveedores domésticos que para los extranjeros. Se aclara que los países podrán adoptar medidas necesarias para proteger los tesoros nacionales de valor artístico, histórico y arqueológico. El Mercosur propuso en esta parte que también se habilite a los países a adoptar medidas necesarias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero en esto todavía no hay acuerdo con la UE.

El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, dijo a la diaria que la liberalización de los servicios financieros contenida en el acuerdo no afectará negativamente a Uruguay. “No hay demasiada complicación porque nosotros somos muy abiertos en servicios y en particular en los financieros. O sea que estamos muy bien posicionados para negociar en la materia. No hay nada relevante que nos puedan ‘arrancar’ por ese lado”, aseguró.

En telecomunicaciones, la pregunta es cuánto afectará a las actividades de Antel la liberalización prevista. Esto no puede responderse sin conocer la lista de excepciones y exclusiones que plantea Uruguay, que no es pública.

El capítulo filtrado sostiene que la autoridad regulatoria de los servicios de telecomunicaciones deberá tener una entidad legal distinta y ser funcionalmente independiente de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, algo que en Uruguay ya es así. Se establece además que las decisiones de la autoridad regulatoria deberán ser “imparciales respecto a todos los participantes del mercado”, y allí se agrega una nota en borrador: “Las partes deberán evaluar sobre la reserva planteada por Uruguay respecto a las asignaciones de espectro”.

Otra disposición sobre telecomunicaciones establece que los procedimientos para asignar y usar “recursos escasos, incluidas frecuencias”, deberán realizarse de forma “objetiva, transparente, no discriminatoria y con plazos”.

Pero la parte más complicada para Antel es la obligación que el capítulo impone a la empresa estatal de poner a disposición de las empresas transnacionales la infraestructura de telecomunicaciones, lo que incluye antenas y la fibra óptica. Esta obligación fue uno de los puntos críticos para Uruguay en las negociaciones del TISA. La disposición contenida en el acuerdo establece que “cada parte deberá asegurar que el principal proveedor en su territorio otorgue acceso a la infraestructura esencial”, en condiciones “razonables y no discriminatorias” en términos de precio, estándares técnicos y calidad.

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