“¿Qué es lo que tenemos hoy?”, pregunta Julia Galzerano, doctora especialista en medicina cannábica e integrante del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), y contesta: “Tenemos más médicos informados en el tema, si la gente quiere consultar somos varios los que manejamos las posibilidades en cannabis medicinal, y más médicos nos derivan pacientes”. Esto se debió a la regulación, pero también al curso que se dictó en el SMU el año pasado, en el que participaron 120 médicos y hasta se formó una lista de espera. Como resultado, se generó un grupo de estudios que se reúne una vez por mes en el Hospital de Clínicas, con un tema determinado, e integra a unos 40 médicos. Hasta ahora se hizo sobre epilepsia, cannabis y sueño, tratamiento del dolor, y sistema endocannabinoide, “para entender por qué funciona el cannabis como medicina, y que no es una cuestión de fe, sino una cuestión científica”.

Hasta aquí lo positivo. Pero lo cierto, dice, es que “estamos estancados”. Para la doctora, “el conocimiento está, la demanda y la inquietud están, pero el tema es cómo accede la gente”. Una de las opciones es el acceso al cannabis medicinal como medicamento de uso compasivo. Básicamente, si tenés una enfermedad y la medicación que te dan no es efectiva, podés importar cannabis de otro país, sin impuestos. Al principio esto era engorroso; ahora sigue siendo engorroso, pero un poco, poco menos”, dice. Explica que hay que bajar unos formularios y llevárselos al médico tratante, luego los tiene que firmar la dirección técnica de la institución en la que se atiende el paciente, y esto es un escollo.

Muchas instituciones no firman, pero lo que han logrado es que el departamento de farmacovigilancia se haga responsable de la firma. Otra exigencia es que para importar CBD (cannabidiol) -una de las sustancias de las más de 100 del cannabis-, que no tiene propiedades psicoactivas, se requiere receta naranja, que no tienen todos los médicos. “No se justifica que un producto que no es psicoactivo, como el CBD, requiera receta de estupefaciente”, dice Galzerano. Por lo menos ahora se puede hacer una receta para varios frascos, antes no. Pero los costos pueden ser altos. La mayoría se importa de Estados Unidos; las gotas Charlotte cuestan 245 dólares más envío, y duran unos 20 o 30 días. El medicamento cannábico más usado para esclerosis múltiple tiene un costo altísimo, sale 320 euros cada diez días, “y esto no hay quien lo pueda pagar, la gente se desarma”, cuenta Galzerano.

El ministro de Salud, Jorge Basso, había dicho que este procedimiento “debe utilizarse en forma excepcional, y no rutinaria”. Esta, y hasta acá, es la forma legal. Uno de los objetivos de la ley, que era, en líneas generales, regular el mercado y tratar de reducir al mínimo la “ilegalidad”, a tres años de aprobada, está haciendo agua tanto en este punto como en otros. Según la doctora, “en el país hay investigaciones, hay gente que produce aceite de cannabis, y sin embargo la gente accede por otro lado al cannabis medicinal, que en muchos casos no lo tenemos cuantificado”. Ahí, explica, está uno de los dilemas del médico.

De acuerdo a su actitud, se puede convertir en “ilegal”, al igual que el paciente: “Yo trato de ser respetuosa y de buscar cuáles son los componentes que tiene esa sustancia, de rastrear de dónde viene y respetar el proceso. Si ya están recibiendo, tratamos de acompañar, porque lo que queremos es crear conciencia, y no asustar a la gente y que esto le juegue en contra. ¿Cómo le digo yo a alguien que no lo use si le está haciendo bien a su hijo?”. Entonces, dice Galzerano, “no se trata sólo de legalizar, sino de viabilizar; si no, seguimos en la ilegalidad y la gente sigue usando productos que se consideran ilegales”.

Del otro lado, silencio

Al igual que con la venta en farmacias, la diaria no tuvo éxito en el Ministerio de Salud (MS). Nadie de la cartera está dispuesto a hacer declaraciones. Según dijeron, “es un tema muy complejo” y están “trabajando en eso”. Han tenido algunas reuniones con expertos y también con los laboratorios nacionales e internacionales. Pero no se sabe mucho más.

En los “Objetivos sanitarios nacionales 2020” del MS, publicados en diciembre de 2015 y que plantean objetivos estratégicos, metas concretas y resultados esperados, el cannabis aparece como un problema. Partiendo de que “dentro de las listas de sustancias consideradas ‘prohibidas’ o de circulación restringida por Naciones Unidas, el cannabis es en el mundo entero y también en Uruguay la droga con mayor prevalencia de consumo”, en las líneas de acción aparecen objetivos tales como “desarrollar e implementar campañas de sensibilización y educación pública sobre los riesgos del uso de cannabis, que aporten a una mayor problematización y desnaturalización del tema” e “incluir en las actuales prestaciones de salud mental el abordaje integral de los usos problemáticos”. En ese sentido, para el “tratamiento de las personas que presenten usos problemáticos de cannabis”, se buscará “capacitar al personal de salud para lograr una mejor detección temprana, derivación y abordaje de la problemática” y “desarrollar un Protocolo de intervención con requisitos mínimos para el abordaje adecuado del tema [...] orientado a la prevención y la percepción del riesgo”.

El artículo 42 de la ley que regula el cannabis -la 19.172- establece que se creará en el ámbito del MS una “Unidad Especializada en Evaluación y Monitoreo de la presente ley”, que tendrá “carácter técnico y estará conformada por personal especializado en la evaluación y monitoreo de políticas”. Para el MS, según se establece en los objetivos, el foco estará en “fomentar especialmente investigaciones sobre los diferentes efectos del cannabis para la salud integral de las personas”.

Según publicó la diaria en abril del año pasado, el MS había aprobado dos proyectos en este sentido; el primero pretendía determinar la eficacia del cannabis medicinal para reducir el consumo de pasta base y cocaína, y el otro, estudiar los efectos del CBD en pacientes con epilepsia refractaria. Pero según confirmamos, ninguno de los dos fue efectivamente aprobado. Esto respecto de la investigación clínica. En relación con la producción de cannabis medicinal, una fuente vinculada a estos proyectos dijo: “No existe un solo producto de calidad farmacéutica para uso medicinal registrado y legal en Uruguay, porque el MS no registra lo que se llama especialidades vegetales, es decir, aceites, extractos, ya que si no pueden ser registradas como medicamentos, no las aprueba”. Esto es, dice, “una actitud irrespetuosa, ya que no pueden pretender que la ley se aplique a la normativa vieja, en la que el cannabis está catalogado como sustancia psicotrópica sin uso médico; tiene que ser al contrario”.

Desinterés

Ningún laboratorio nacional ha presentado proyectos al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Hasta el momento, tampoco hay ninguno que esté trabajando en el tema. El presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), Alfredo Antía, dijo a la diaria que los laboratorios nacionales podrían interesarse “si hubiese un mercado nacional que lo respaldara, pero hoy en día ese mercado no se sabe cuál es, es incipiente”, y que el desinterés puede deberse a que en este tema “hay más dudas que certezas”.

Antía explica que “todo medicamento requiere pruebas clínicas que el MS te va a exigir, y si esas pruebas clínicas no son determinantes en cuanto a los beneficios, la definición de las dosis tóxicas, los efectos secundarios, el ministerio no lo aprueba, y los laboratorios no se quieren meter en líos”. Dice que todo depende de que alguien se meta a hacer investigación clínica, “pero eso cuesta muchísimo dinero y muchísimo trabajo”, y generalmente no suele hacerse en el país. “La propia autoridad sanitaria uruguaya, para validar una investigación, se interesa en saber lo que dicen las autoridades sanitarias de otros países. Somos tomadores de opiniones de expertos ajenos, con mercados más grandes, pruebas más grandes, y con gente que ha invertido mucho en investigación. Eso ocurre para todos los medicamentos. Y el cannabis no escapa a esto”, agrega.

Otra traba, desde la visión de los laboratorios, es la falta de evidencia. Lo que hay, dicen, es “más bien una experiencia testimonial: relatos, testimonios aislados de personas que dicen que en tales circunstancias la medicación dio resultado, pero en función de eso es harto difícil que Salud Pública te habilite un medicamento”. Antía se pregunta: “¿Te parece que un laboratorio que es líder en psiquiatría va a sacar un medicamento que los psiquiatras dicen que es una locura liberar?”. En 2012, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay había emitido un comunicado en el que decía que “es claro que desde el punto de vista médico es desaconsejable toda acción que facilite el uso de cannabis”, ya que, entre otras cosas, la marihuana “puede inducir episodios psicóticos agudos: experiencias e ideas delirantes, y alucinaciones”, y presenta “efectos físicos adversos”. Y se ve que eso quedó en el aire.

Antía participó en una reunión a la que fueron invitados los laboratorios nacionales y multinacionales, en la que estuvo Marlene Sica, representante del MS ante el Ircca. La reunión tenía, según Antía, las características de un sondeo para saber si había firmas interesadas en desarrollar investigación. Pero dice que le parece difícil que eso suceda: “Es un tema complicado. Si no se interesan empresas multinacionales que estén dispuestas a invertir, por el lado de la industria nacional no la veo, por todas estas barreras que digo, que no son menores”.

Empujar o no empujar

“La posición del gobierno es que los usos medicinales fundamentados con evidencia científica y avalados por la autoridad competente, que es el MS, deben ser impulsados”, dijo a la diaria el secretario de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera. Para él, “la investigación científica ha ido comprobando que esos beneficios para la salud existen, son reales”, algo que “abre nuevas puertas desde el punto de vista de la investigación científica y la producción con fines terapéuticos”. También sostuvo que les interesa “facilitar y promover ese desarrollo”.

Pero “la habilitación para que un producto de cualquier índole se convierta en un medicamento la otorga el MS, y ahí al cannabis le corresponden las generales de la ley de pasar por esas autorizaciones”. “El cannabis no es un fármaco común, no hay una industria farmacéutica atrás, y es muy complejo cumplir todos los requisitos que pone el ministerio para un fármaco”, afirmó Galzerano. Considera que, tal como lo han puesto, lo han convertido en una dificultad. “Hay muchísimas publicaciones acerca del cannabis como medicina, pero si lo hacemos pasar por todas las fases, con suerte, vamos a tener medicación de acá a dos años o más, y además con todo el enorme gasto que eso puede implicar, sobre todo por las pruebas en humanos. Habría que ver la forma de flexibilizar esto”.

No obstante, no sabe si hay voluntad política para ello: “A veces quiero creer que es porque quieren hacer las cosas muy bien. No hablo de mala voluntad, pero no sé dónde vamos a terminar así. Está bien que quieras apuntar a la excelencia, pero otra cosa es la realidad. Si querés apuntar a la excelencia, pero eso genera que no puedas hacer nada en un país en el que podés investigar, eso no me parece bueno”. “Aspiramos a que, de una vez por todas, se le pueda dar un empujón a esto. Somos un país de avanzada, tenemos la ley a nuestro favor, pero no hemos podido destrabar esto. Es necesario que nos sentemos todos los actores a dialogar, y ver cómo hacerlo”, señaló.