Olga Pareja vive en la cuenca de la laguna; desde su patio, todo a la redonda, no se ve otra cosa que el campo, el verde en sus infinitas tonalidades. Su casa está elevada a varios centímetros del suelo; miramos desde una de las ventanas buscando la laguna. Cuenta que se ve a cierta hora, con el reflejo del sol y, contenta, agrega: “Y ha crecido el pajonal”. Esa vegetación, típica de humedal, es parte del paisaje que Olga eligió defender y que le costó el cuestionamiento de buena parte de la población del lugar. Todo surgió porque años atrás el arrendatario del campo de al lado, a 40 metros de su casa, plantó soja, fumigó y ella sufrió una intoxicación. Fue al médico y al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, que constataron el daño en su salud. Planteó el caso por medio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero no tuvo suerte. Habló varias veces con el dueño del campo y, luego de que no cambiara nada, hizo la denuncia judicial. La Justicia dispuso que la plantación debía estar al menos a 250 metros de su alambrado, pero en el verano de 2016 el productor violó la disposición. Los inspectores departamentales constataron la infracción y se desató un proceso por el que fue multado. Finalmente, el campo fue vendido. Pero aquel arrendatario no sólo incumplió el dictamen de la Justicia y la normativa del MGAP, sino también las medidas cautelares de protección de la laguna, aprobadas en abril de 2015 por la Junta Departamental de Canelones a partir de una propuesta del Ejecutivo comunal canario. La medida categorizó cautelarmente los 577 padrones que están incluidos dentro de la cuenca de la Laguna del Cisne.

Cautela a su tiempo

Las medidas cautelares fueron definidas en el ámbito de la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne, un espacio integrado por representantes del gobierno, usuarios y representantes de la sociedad civil que comenzó a funcionar en noviembre de 2014. La disposición establece que no se puede plantar ni fumigar a menos de 100 metros de distancia de la laguna y de 20 metros del resto de los cursos de agua de la cuenca, y obliga a que todo proyecto “incompatible con la preservación de la cuenca deberá presentar un plan de abandono para ese uso con un máximo de tres años”. Prohíbe, además, emprendimientos mineros, industriales o productivos que puedan generar efluentes contaminantes, y establece la necesidad de autorización para los proyectos.

Laura González, gerenta técnica de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó que en el plazo de tres años que fijó la medida cautelar “los sistemas debieron haber empezado la transición” y que “llegados los tres años va a haber que acreditar la reducción en el uso de agroquímicos y otros componentes que tiene la producción más sostenible”.

La cuenca abarca 4.000 hectáreas. Se desconoce el total de emprendimientos, pero la IC calcula alrededor de 70 explotaciones agropecuarias; el promedio de los predios es de 15 hectáreas, aunque algunos alcanzan las 450. Predomina la producción ganadera extensiva, hortícola y frutícola, aunque hay viñedos y haras y habitantes que no hacen un uso productivo del predio, además de los que tienen allí una casa de descanso.

En cuanto a las fumigaciones, “las medidas cautelares no prohíben ningún producto, lo único que prohíben es la aplicación aérea y con mosquito”, expresó González. “Lo que se pautó en la comisión fue que toda aplicación que se haga debe estar cumpliendo con tres exigencias: con toda la normativa vigente del MGAP, lo que implica tener los carnés de aplicadores; que la aplicación esté en el marco de un plan de manejo de agroquímicos específico para el cultivo, y que se declaren los productos usados”, detalló González. El día previo a la fumigación deben avisar a qué padrones la aplicarán, y la IC monitorea. Desde el comienzo de las medidas cautelares el área tiene asignado un guardaparques.

Todavía quedan dos productores grandes de soja, aunque no están tan cerca de la laguna como el predio sancionado. “Lo único que hicieron fue sustituir el mosquito por otra herramienta, pero siguen aplicando los mismos productos y en el mismo sistema de producción. Nos hemos aproximado y hemos intentado racionalizar el uso de los recursos; es un proceso de transición”.

Por las buenas

De a poco, los productores de la cuenca entendieron que las medidas cautelares comprendían a todos, y no sólo a los sojeros. En mayo de 2016 la Agencia de Desarrollo Rural hizo un taller en la escuela rural de la zona para charlar sobre el trabajo de la agencia y el proyecto Laguna del Cisne. “Ahí los productores cayeron en la cuenta de que la transición a un sistema productivo más sostenible era para todos”, dijo González. Lo primero fue el enojo. “Los productores dijeron ‘¿pero cómo, nosotros estamos involucrados, nos cautelan, y nunca nos preguntaron nuestra opinión?’. Ellos nunca habían participado en la Comisión de Cuenca, entonces ahí empiezan a organizarse, en asambleas, reuniones, para entender la normativa, pelear contra ella y ver la forma de participar. A raíz de eso se generan algunas modificaciones en la medida primaria, que era muy restrictiva, y ellos empiezan a vincularse con la Agencia para generar los procesos de transición en el marco del proyecto”, graficó. Es que la medida implica que los animales no puedan abrevar en los cursos de agua (la IC está trabajando para apoyar proyectos que lleven el agua a los predios), ni talar el monte nativo, ni fumigar contra los cursos de agua, ni mantener el suelo desnudo, para que las lluvias no arrastren partículas hacia la laguna.

Se generó una subcomisión de reconversión productiva integrada por los productores. “Se arrimaron, discutieron, armaron mucho alboroto hasta que los pudimos sentar y decirles que este conflicto es en defensa del agua, no es en contra de la producción y de los productores; vamos a llegar a un acuerdo a ver cómo podemos seguir trabajando en nuestro sistema productivo sin afectar la calidad del agua, con sistemas más sostenibles de producción donde vos tenés el suelo siempre cubierto, aplicás la menor cantidad de agroquímicos posible, o no aplicás, hacés distintos manejos”. Luego de eso, en octubre de 2016 las medidas cautelares se adaptaron para que las fumigaciones se pudieran hacer con equipos con depósitos de más de 50 litros: se mantiene la prohibición de hacerlo con avionetas o mosquitos, pero se puede usar un tractor, por ejemplo; antes sólo podía fumigarse con mochila, algo imposible, según la técnica, para quien tenía varias hectáreas.

González considera que “el enojo inicial se fue aplacando y fue cambiando por la maduración de la idea de estar en una cuenca que transita hacia ser una cuenca agroecológica, que está en el marco de una normativa pero que ha vuelto visible el territorio de la cuenca para el MGAP, para el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para el Ministerio de Salud, para la OSE, para el Instituto Plan Agropecuario, para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y para la Universidad de la República. La cuenca se ha vuelto centro de atención en ese sentido, ha generado un movimiento académico institucional en este marco que ha sido muy bueno para los productores. Productores que te plantean que no sabían que el MGAP daba un curso y un carné para la aplicación de agroquímicos; hicieron el curso y empezaron a darse cuenta de que tirar lo que te sobra en la mochila al costado del árbol no era lo que había que hacer, hicieron seminarios de buenas prácticas agrícolas en los que han entendido un montón de cosas, porque sus abuelos y sus padres toda la vida lo hicieron así, pero ahora hay normas que contemplar y cosas que no se pueden hacer”.

Oportunidades

Paralelamente a la implementación de las medidas cautelares, la Agencia de Desarrollo Rural trabaja en un proyecto de apoyo a “la conversión de los sistemas actuales a los sistemas más sostenibles de producción, donde entran la producción orgánica, la producción integrada, agroecológica, biodinámica, permacultura”. Se apoya con asistencia técnica, capacitación a los productores, provisión de insumos y servicios, así como con la generación de nuevas oportunidades de mercado (propiciando el intercambio dentro de la cuenca y en espacios como el Mercado de Cercanías, inaugurado recientemente en Atlántida).

Fabiana Bracco tiene junto a su familia una bodega iniciada por sus padres y abuelos. Ella y su esposo, así como muchos productores, fueron de los que se enojaron mucho con las medidas cautelares. “Al principio todos estábamos un poco asustados, no entendíamos cómo era la propuesta”; estaban muy molestos por no haber sido involucrados. Ahora integra un grupo con los otros dos proyectos vitivinicultores y con otro viticultor, acompañados por la IC. Están trabajando en una transición a un sistema integrado que implica, por ejemplo, no echarle herbicida al pasto, para que los insectos del viñedo se coman los del pasto y viceversa, “y se genera un equilibrio que es natural y así tenés que intervenir mucho menos. Creo que eso va generando de a poco un ecosistema mucho más integrado que permite que la naturaleza esté cuidada y no sea a un costo tan elevado”, contó. La preocupación inicial era si este sistema podía ser económicamente viable, pero ahora están viendo que tiene sus ventajas, y que suma puntos a la hora de comercializar el producto. También les propició conocer a otros vecinos y aprender por ensayo, registro y error.