Los aranceles de las tarjetas y los efectos de la ley de inclusión financiera fueron los temas en los que se enfocaron el sábado, en una reunión mantenida en Florida, los representantes de cámaras que nuclean a medianas, pequeñas y microempresas de todo el país. En el Centro Comercial e Industrial de Florida se reunieron delegados del Centro de Almaceneros, Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), la Asociación Nacional de Pequeñas y Micro Empresas (Anmype), el Centro de Industriales Panaderos, la Cámara de Alimentos y la Unión de Ferreteros, los que, después de algunas horas de debate, aprobaron por unanimidad una declaración conjunta en la que anuncian un combate a varios frentes contra la Ley 19.210 de Inclusión Financiera. Exigen, además, la regulación de las tarjetas de débito y crédito, argumentando que los comercios se ven perjudicados tanto por los aranceles diferenciados respecto de los de las grandes superficies comerciales como por las promociones que sólo se aplican en estas.

“No estamos en contra de las tarjetas. No nos parece sano que esto esté al libre albedrío”, dijo el presidente de CEDU, Miguel Feris. “Estamos tratando de que el gobierno regule, por ejemplo, el uso de las tarjetas de crédito cuando hacen promociones. Las promociones direccionan [a los clientes] hacia un lugar y dejan a los demás comercios sin la posibilidad de hacer esas promociones. Los almaceneros ven cómo se va la gente a comprar hacia un lugar porque le hacen un descuento de 20%, y ellos no tienen la capacidad de hacer ese tipo de cosas”, señaló, y aseguró que la respuesta que han tenido del Poder Ejecutivo es “que no está dispuesto a regular porque entiende que es un medio de pago que se acuerda entre privados. [Sin embargo,] todos los medios de pago están regulados, tal como ocurre con el cheque. El uso del cheque está regulado y los pagarés están regulados, y en tal sentido la pregunta que nos hacemos es por qué las tarjetas no pueden estar reguladas”.

Referéndum y proyecto de ley

Todos los delegados de las cámaras que participaron votaron la adopción de cuatro medidas, entre las que se encuentran “seguir con las acciones legales por la inconstitucionalidad de la ley de inclusión financiera” y “promover un plebiscito para anularla”. En el orden presentado ante los medios, esas son las medidas dos y tres, mientras que la cuarta es “seguir con medidas definidas en anteriores instancias”, fundamentalmente las que exigen aranceles que no vayan más allá de 0,5% en las tarjetas de débito y de 1,5% en las de crédito, y “la reducción de los plazos para la restitución del dinero a los comercios”.

Pero la primera de las cuatro medidas resueltas el sábado en Florida fue la de apoyar los proyectos de ley que ingresaron al Poder Legislativo para regular los aranceles de los medios de pago electrónico. Feris se refirió fundamentalmente al del senador frenteamplista Leonardo de León, que pretende un tope de 0,5% y 1,5%. Las cámaras decidieron “apoyar el proyecto de ley y [promover] la creación de una comisión de trabajo”. Ello no significa que descarten otras posibles medidas, como un apagón financiero, pero primero buscarán acompañar la propuesta que será abordada por los legisladores. “Nosotros necesitamos ese proyecto de ley. Es un puente, y ese puente se construye sobre el diálogo. Un apagón financiero o cualquier medida similar, hoy, sería destruir el puente. Si nos tienden la mano, debemos trabajar con esa mano tendida”, comentó el presidente de CEDU. La pasada semana el coordinador del Programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, dijo en la radio Carve que tiene reparos respecto de la propuesta de Leonardo de León. Aseguró que en el caso de las tarjetas de débito “es virtualmente lo mismo” lo que pagan los pequeños comerciantes y las grandes superficies.

Este sábado, Feris dijo en Florida: “Si el sector político está dispuesto a trabajar, trabajaremos todos juntos. Si el sector político baja los brazos, nosotros vamos a dar pelea, porque estamos preparados para hacerlo”. “No hay nada descartado”, agregó, explicando que seguirán “trabajando tanto en la posibilidad de un apagón financiero como en la de un referéndum” que “pretende una reforma constitucional”. Dado que “hay un grupo de constitucionalistas que están en el tema”, se excusó por no poder brindar más detalles “hasta que estos no elaboren el documento”.

No perder

Acerca de los montos mínimos obligatorios, Feris dijo que entienden que “no es lo lógico” que los propios comerciantes no puedan definir “mínimos o máximos” en sus establecimientos. “Sería correcto, sí, que nosotros informemos -así que debería regularse- cuando el comerciante no acepte vender, por ejemplo, una tarjeta de telefonía celular, ya que el arancel que cobra la tarjeta es más alto que el de las ganancias. No puede ser que los comerciantes tengamos que aceptar que se pueda pagar con tarjeta cuando sabemos que estamos poniendo plata de nuestros bolsillos para financiar la operación”, dijo.

La semana pasada, luego de un encuentro con la Cámara Empresarial de Maldonado y la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, Vallcorba había dicho a la prensa que “los comercios no están obligados a aceptar los medios de pago electrónico”, con la única excepción, por el momento, de las estaciones de servicio en el horario nocturno.