La Mesa Política del Frente Amplio (FA) discutirá hoy el documento con propuestas de cara a la Rendición de Cuentas, que se comprometió a entregar el 6 de marzo al presidente Tabaré Vázquez. El documento elaborado en el marco de la Comisión de Programa de la coalición de izquierda, con la participación de los sectores y las bases de Montevideo y de algunos departamentos del interior, define tres “áreas de prioridades”. “Un primer espacio de prioridades, que elevamos a la categoría de ‘irrenunciables’, es destinar el 6% del PBI a la educación e instalar plenamente el Sistema Nacional de Cuidados”, señala el documento, al que accedió la diaria y que ayer continuaba en proceso de ajustes. Agrega que se entiende necesario “continuar mejorando el nivel salarial de los docentes, asegurar su profesionalización y cumplir con los acuerdos salariales convenidos tripartitamente”. Otra prioridad en la materia es aumentar los centros de tiempo extendido en todos los niveles, “así como crear los cargos docentes y no docentes necesarios para el cumplimiento de estas metas”. Se señala que deben “redoblarse los esfuerzos” para alcanzar el 1% del PIB para la investigación, la innovación y el desarrollo.

A nivel de la enseñanza media se plantea combatir el rezago y la deserción e incrementar las becas para los estudiantes. A nivel universitario, se indica la necesidad de otorgarle a la Universidad de la República “los recursos solicitados para el mejoramiento de la calidad académica, el fortalecimiento institucional, la investigación y el desarrollo académico”.

Por otra parte, en el documento se considera “prioritario” destinar más recursos para el sector audiovisual, “así como los que demande el cumplimiento cabal de las políticas emanadas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual [SCA]”. Esta ley, aprobada en diciembre de 2014, aún no ha sido implementada por el gobierno. El Poder Ejecutivo anunció que aguardaría las resoluciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para proceder a reglamentar la norma; sin embargo, pese a que el máximo organismo judicial ya emitió varios pronunciamientos sobre la ley, el gobierno no la ha reglamentado ni ha constituido el Consejo de Comunicación Audiovisual, encargado de la aplicación de la norma.

En cuanto al Sistema Nacional de Cuidados, la comisión de programa considera que se deberá asegurar “los recursos necesarios para focalizar en la atención a la primera infancia [con énfasis en el aumento de la cobertura de los CAIF], y en la atención a la dependencia severa”, así como jerarquizar “la formación y capacitación de cuidadores”.

En la segunda área de prioridades definida entran temas diversos: salud, vivienda, seguridad y convivencia ciudadana. En salud, algunas de las propuestas incorporadas se basan en las iniciativas planteadas por la Unidad de Salud del FA. Se considera “indispensable continuar avanzando para reducir las inequidades entre ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] y el sistema privado, tanto a nivel de financiamiento (hacer equivalente el gasto por usuario entre ambos subsistemas) como normativo (se solicita la inclusión de ASSE en la Junasa -Junta Nacional de Salud-)”. Se agrega que se debe “propender a que la complementariedad entre el sistema privado y [el] público se haga bajo formato cooperativo, donde el sector público no tenga un rol subsidiario”, y se sostiene que para ello deben destinarse “los recursos necesarios para fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud Pública”. Entre los programas específicos, se propone priorizar la salud mental, “cuya atención conlleva un notable rezago en nuestro país”. “Adicionalmente, se señala la necesidad de continuar fortaleciendo el primer nivel de salud, regularizar los contratos laborales y destinar recursos a la reforma del Hospital de Clínicas”, agrega el texto.

En vivienda, se sugiere “destinar los recursos necesarios (financieros y legales) para abatir la emergencia habitacional, ampliar el crédito al cooperativismo de vivienda para conseguir que mejore su respuesta a la importante demanda que existe, y priorizar las soluciones habitacionales para el segmento de población que por su nivel de ingreso no encuentran ni programas específicos ni acceso a crédito”. En esta área, el Partido por la Victoria del Pueblo propondrá además aumentar el presupuesto de vivienda de 0,5% a 1% del PIB y regular el mercado de alquileres, dijo a la diaria el dirigente del sector Carlos Coitiño.

En seguridad y convivencia ciudadana, el documento que circulaba ayer sólo mencionaba que “la violencia de género es lo que fue priorizado, a través de los distintos programas y recursos que se destinan a tal fin”. El diputado del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez dijo ayer a El Observador que su sector propondrá en esta área profundizar el nuevo sistema de patrullaje aplicado en la zona metropolitana, conocido como PADO, que refuerza la presencia policial en los barrios con mayores índices delictivos. Plantearán también fortalecer las Mesas de Convivencia Ciudadana y universalizar las tobilleras electrónicas para casos de violencia de género.

La tercera área de prioridad tiene que ver con el empleo, el sistema productivo y el desarrollo sustentable. En este campo el acuerdo es “proteger la economía social, y la pequeña y mediana empresa nacional, ayudando a su encadenamiento con el resto del sistema productivo”, y priorizar “la energía obtenida de fuentes limpias, el desarrollo de la agroecología y los programas e iniciativas que racionalizan y protegen el uso del agua pública”.

En el documento también se plantea “priorizar la implementación de las leyes ya aprobadas” o “en vías de aprobación”: el nuevo Código del Proceso Penal, la ley de SCA, la Ley de Regulación del Cannabis y la Ley de Violencia Integral de Género (esta última aún no se aprobó). Se señala que todas estas normas requieren cambios normativos y la creación de cargos que son materia de la Rendición de Cuentas.

De dónde sacar

El último punto del documento propone “elementos para la sostenibilidad de las prioridades presupuestales”. Allí se enumera una serie de medidas para obtener recursos para financiar las prioridades presupuestales, medidas que no tuvieron consenso en la comisión de programa. Algunos sectores, como los que integran el Frente Liber Seregni (FLS), entendían que este tipo de propuestas, muchas de ellas impositivas, no deberían ni siquiera formularse, ya que se trata de una potestad del Poder Ejecutivo. Claudio Migliarini, representante del Partido Comunista en la comisión de programa, dijo a la diaria que si bien la propuesta del gobierno fue que el FA definiera prioridades programáticas, la fuerza política tiene “la autonomía suficiente” y “el derecho a plantear de dónde surgen los recursos”.

El texto menciona en forma muy general medidas que fueron propuestas por algún sector o grupo de sectores, tales como la reforma de la Caja Militar, la revisión de las exoneraciones impositivas a las empresas, la revisión de las tasas del impuesto al patrimonio y del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), y la revisión de los gravámenes a la herencia, a las transacciones financieras y a los juegos de azar.