Después de un año y medio de trabajo el proyecto quedó pronto. Construido de forma participativa con grupos de vecinos, empresarios, representantes de los municipios, las juventudes partidarias y la Defensoría del Vecino, prevé legislar sobre la sonorización, la ubicación de los establecimientos y el horario de cierre e incluye artículos que habilitan la actuación de la Intendencia de Montevideo (IM) ante casos de discriminación y publicidad sexista, entre otros. En diálogo con la diaria, el prosecretario general de la comuna, Christian Di Candia, profundizó en el alcance del marco normativo elaborado, que estima que tiene la “flexibilidad” suficiente para adaptarse a la discusión del órgano legislativo departamental.

“No es que seamos vanguardistas; en realidad, venimos corriendo de atrás en función de lo que sucede en la región y otras ciudades del mundo”, admitió Di Candia sobre el proyecto, que busca “respaldar el accionar de la IM a la hora de administrar la nocturnidad, generando otro tipo de certezas entre los requerimientos técnicos que se les piden a los locales, las habilitaciones que se otorgan, lo que ocurre dentro de estos y su horario de funcionamiento”.

Teniendo en cuenta el apuro, la comuna implementó el año pasado una batería de medidas diversas que tenían que ver con sondeos y encuestas de opinión, pruebas pilotos en las zonas definidas como las “más afectadas” por la densidad de locales, así como algunas acciones cautelares, mientras avanzaba en el proyecto normativo.

En noviembre del año pasado se divulgó el resultado de un estudio que encargó a la consultora Focus para evaluar la relación de la ciudadanía residente en el Parque Rodó y Pocitos con la nocturnidad, y que se dio cuenta de que la mayoría de los encuestados está conforme con la vida nocturna de su barrio, en contraposición a una minoría que se manifiesta en disconformidad. En general, los más jóvenes y los más veteranos se encuentran significativamente más a gusto con la ubicación de los boliches que los que tienen entre 30 y 64 años, y a medida que aumenta el nivel socioeconómico, disminuye el nivel de conformidad.

Entre los factores que más molestan, el ruido no ocupa los primeros lugares: en Parque Rodó molestan más las condiciones en las que quedan las calles a la mañana siguiente y el ruido de la circulación de gente en torno a los boliches, y en Pocitos, la no disponibilidad de espacio para estacionar.

Sonido, discriminación y publicidad

El texto que enviará la IM para estudio de la Junta Departamental reduce la clasificación de los locales a seis categorías: salones de fiesta; discotecas y bailes; bares, restaurantes y pubs con música en vivo o por encima de 60 decibeles; bares “clásicos”; una categoría que incluye una combinación de diversos usos; teatros, salas de cine, anfiteatros y otros. También divide a las primeras tres de acuerdo al tamaño del predio: menor y mayor a 200 metros cuadrados.

En función de estos, se rearmaron los requerimientos para la habilitación. Un primera prueba consiste en que todos, salvo los bares clásicos, van a tener que tener que contar con insonorización al momento de solicitarla. A su vez, las nuevas instalaciones no van a poder ser linderas de predios residenciales.

El proyecto faculta a la IM para que, en acuerdo con los municipios, pueda generar estímulos o desestímulos en algunas zonas, a efectos de “planificar territorialmente con una perspectiva más estratégica las movidas nocturnas”, con el objetivo de que, por ejemplo, “puedan localizarse en algunas zonas bares chicos, cervecerías, pubs, y en otras, locales de mayor envergadura en cuanto a la capacidad”, explicó Di Candia.

Otros artículos de la norma habilitan a la comuna a conectar medidores y limitadores de sonido en la fuente para el caso de los establecimientos que tengan dificultades con el control sonoro, y a colocar cámaras en los accesos, sobre todo a las discotecas, bailes, bares, restaurantes y pubs, previendo un mejor control de las capacidades y de los horarios, así como “para las denuncias por discriminación, que hoy la IM no tiene posibilidades reales de valorarlas, en tanto muchas veces es la palabra de uno contra otro y no tenemos pruebas claras”, afirmó el prosecretario de la comuna. Agregó que se regulará específicamente sobre el derecho al acceso y la permanencia en los locales de espectáculos públicos.

También hay artículos, inexistentes en la normativa actual, enfocados en la publicidad sexista o la utilización, sobre todo, de la mujer como objeto de llamado a la hora de promocionar eventos.

Por otro lado, se introduce una modificación en las capacidades habilitadas, aumentándola en la mayoría de los casos en 25% o 50% por metro cuadrado y, en el caso de las discotecas, duplicándola, de dos a cuatro personas habilitadas por metro cuadrado, siempre y cuando tengan los metros lineales de salida suficientes para evacuar en caso de necesitarlo. “Esto es un debe que teníamos; la norma europea ya estaba en cuatro y nosotros seguíamos en dos. Había locales que quedaban vacíos adentro con mucha gente afuera, y todos sabemos lo que esto significa para la convivencia en los barrios”, sostuvo el prosecretario general.

En cuanto a los horarios, se restringirán únicamente para bares, restaurantes y pubs y para las discotecas y bailes, fijando en principio el cierre para las 3.00 y las 5.00, respecivamente. La IM busca “que haya un horario establecido, que esté fijado y que podamos tener una perspectiva de mediano y largo plazo de ir reduciendo ese horario -capaz que es media hora por año o una hora por año- para ir trabajando en el cambio cultural”, afirmó Di Candia. Sostuvo que lo ideal a largo plazo sería llegar a un límite de las 2.00 para bares, restaurantes y pubs y cuatro para discotecas y bailes. “Acá no hay un objetivo político, lo que intentamos es mediar entre intereses y derechos igualmente válidos e importantes y llegar a un acuerdo social lo más consolidado posible”, agregó.

La norma enviada por la IM a la Junta Departamental prevé un proceso de transición de 90 días, aunque Di Candia sostuvo que puede ser modificado por el órgano legislativo. “Acá lo importante es avanzar en tener aprobado un marco normativo general; después, los plazos y los horarios son límites subjetivos que se habrán de estudiar”, afirmó.