Tras una licitación, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió alquilar una sede del Poder Judicial por 140.000 dólares anuales a una empresa offshore panameña, dirigida por los hermanos Isidoro y Roberto Kosak.
La investigación fue realizada por el periodista Walter Pernas, que en declaraciones a Radio Uruguay, dio detalles de la situación. “Había una necesidad de la SCJ, que vio que el Poder Judicial necesitaba un local mejor para la defensoría en lo penal de Montevideo”, describió. Por eso, la SCJ llamó a licitación y se decidió alquilar un local perteneciente a una firma panameña perteneciente a los hermanos Kosak.
Pernas dijo que pidió explicaciones al presidente de la SCJ, Jorge Chediak (quien autorizó el alquiler fue el presidente anterior, Ricardo Pérez Manrique), aunque la respuesta de la institución llegó por intermedio del vocero de la corporación, Raúl Oxandabarat, quien le respondió que la operación no tenía nada de ilegal y que no se podía discriminar a una empresa panameña. A pesar de que no exista una situación contraria al derecho, Pernas recordó que el Poder Judicial integró el grupo de cerca de 40 técnicos que establecieron las bases del proyecto de ley antilavado, y sostuvo que “la SCJ no puede, con el dinero de los contribuyentes, pagar 140.000 dólares a una empresa panameña, porque en definitiva no se sabe a dónde va la plata”.
En los registros de las empresas panameñas, explicó Pernas, sólo aparecen los directores de las empresas (en este caso los hermanos Kosak), pero no quiénes son los accionistas.